San José.- En las últimas semanas, al menos 42 personas privadas de libertad han sido asesinadas dentro del sistema penitenciario hondureño. De acuerdo con información confirmada por organizaciones de derechos humanos, estas masacres ocurrieron el 14 diciembre en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en la que 5 personas fueron asesinadas; el 20 de diciembre en el centro penal de Tela, Atlántida, en la que al menos 19 personas fueron asesinadas; y el día de ayer, domingo 22 de diciembre, en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, en que se han registrado alrededor de 18 muerte violentas. Adicionalmente, numerosas personas han resultado heridas a partir de estos acontecimientos.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente estos hechos y denunciamos que el Estado de Honduras ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Todo lo contrario, las autoridades hondureñas han profundizado las condiciones de riesgo mediante medidas que violentan estándares internacionales de derechos humanos.
A raíz de la primera masacre en La Tolva, el Poder Ejecutivo de Honduras emitió el decreto PCM-068-2019, mediante el cual se declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional; se suspendió del ejercicio de las funciones a todas las autoridades superiores del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores por un periodo de seis meses; y se ordenó la militarización de todos los centros penitenciarios por ese mismo periodo mediante el nombramiento de una Comisión Interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
Aunque la militarización del sistema penitenciario hondureño no es un hecho novedoso, resulta preocupante que esta sea la respuesta del Estado ante el recrudecimiento de los hechos de violencia. En lugar de tomar medidas para proteger a las personas privadas de libertad, con la incorporación de militares en labores de seguridad y administración penitenciaria, el Estado, más bien, las expone a nuevas violaciones de derechos humanos.
Como ya ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sus sentencias contra Honduras, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Tortura, y el Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias, por el contrario, son las autoridades de carácter civil, debidamente capacitadas en derechos humanos, las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.
Ante los recientes hechos, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han continuado su labor de acompañamiento de las personas privadas de libertad; sin embargo, como represalia a su trabajo están enfrentando amenazas contra su vida e integridad, así como obstáculos a su labor de defensa de derechos humanos. Aunado a esto, las y los familiares de las víctimas han denunciado que el Estado de Honduras les ha negado el acceso a la información con respecto la situación en las cárceles y les ha expuesto a procesos revictimizantes.
Frente a estos hechos, desde CEJIL llamamos al Estado de Honduras a:
Derogar el decreto PCM-068-2019 en que se faculta a las fuerzas militares a realizar labores de administración penitenciaria por los próximos seis meses; tomar todas las medidas para erradicar la militarización que se ha instalado en las cárceles del país; y garantizar que las autoridades de carácter civil sean las encargadas de la administración carcelaria.
Crear un mecanismo en que se garantice la participación de sociedad civil, de la CIDH y de la a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para dar respuesta oportuna a la gestión y administración de los centros penitenciarios, así como promover la investigación y juzgamiento de los responsables de los hechos arriba enunciados.
Abstenerse de estigmatizar y obstruir la labor de defensa de derechos humanos que ejercen personas y organizaciones que acompañan a la población privada de libertad, y garantizar las condiciones necesarias para que puedan realizar su labor libres de riesgos.
Dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias de los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, emitidas desde 2006 y 2012 respectivamente. En particular a las medidas relativas a:
Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándolas a los estándares internacionales
Implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales.
Implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios.
Desde CEJIL enviamos nuestra solidaridad y condolencias a todas las familias y seres queridos de quienes han sido víctimas de estas masacres, en particular frente al dolor que puede implicar perder a un familiar en las épocas festivas. Durante estas fechas nos mantendremos vigilantes de que el Estado de Honduras tome todas las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y derechos humanos de la población privada de libertad.
