Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición Contra la Impunidad-Honduras (CCI), responsabilizó al Eatado por el asesinato de Félix Vásquez, líder indígena y secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo -La Paz (UTC), el sábado 26 de diciembre en su vivienda.
Representantes de la CCI-H que aglutina más de 50 organizaciones sociales de Honduras, se dieron cita fente al edificio del Ministerio Público en Tegucigalpa para denunciar mediante conferencia de prensa la «Violencia y criminalización en contra de las organizaciones indígenas de la Paz».
Felipe Benítez, coordinador general del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH) y de la Coordinadora Indígena Lenca de La Paz, inició la lectura de un pronunciamiento en el que expresan ¡EL ESTADO ES RESPONSABLE DEL ASESINATO DE FÉLIX VÁSQUEZ Y DE LA CRIMINALIZACIÓN EN CONTRA DE LOS DEFENSORES DE LA TIERRA, VÍCTOR VÁSQUEZ Y JOSÉ SANTOS VIGIL.
Las organizaciones que conformamos la Coordinadora Ambiental Indígena Lenca y Campesina de La Paz, de Coalición contra la Impunidad (CCI) y el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), se pronunciaron ante el asesinato del compañero Félix Vásquez, reconocido dirigente y defensor de derechos humanos que fue atacado en su hogar, en el Ocotal, municipio de Santiago de Puringla, al centro del país.
Además, por los recientes procesos de criminalización que han llevado a la privación de libertad de los compañeros Víctor Vásquez y José Santos Vigil, en cuyas luchas exigiendo justicia estuvo Félix.
Nos solidarizamos con nuestro hermanos y hermanas de UTC-La Paz y con la familia de Félix Vázquez, quien fue un reconocido defensor de derechos humanos, que realizaba su trabajo de defensa de la tierra y del medio ambiente en la región La Paz con el objetivo de que las comunidades indígenas y campesinas gozaran en pleno de sus derechos humanos y territoriales, expresa el documento.
Así mismo, denunciaron que las organizaciones indígenas y campesinas de La Paz que luchan por el acceso a la tierra y defensa del territorio, son blancos constantes de fuerza militares, policiales y paramilitares ubicados en la zona, los cuales son encargados de defender los intereses de grupos extractivistas y terratenientes que históricamente han despojado a las comunidades de sus principales medios de vida: tierra, agua y bosque.
Félix Vázquez, desde el 2017 interpuso acciones de denuncia ante instancias nacionales, debido a su labor en defensa del territorio y medio ambiente. Sin embargo, las instancias estatales encargadas de velar por su seguridad e integridad física no respondieron ante el llamado que realizó.
Por lo cual, el Estado es responsable directo de su asesinato por sus omisiones frente a los graves riesgos de los cuales tuvo conocimiento oportunamente.
En los últimos dos meses el Ministerio Público, en su afán de persecución política contra defensores de la tierra presentó una primera acusación a través de la Fiscal Nelba Yadira Raudales Varela contra cinco compañeros entre ellos Víctor Vásquez por los delitos de daños y hurto agravado, esta causa fue sobreseída definitivamente.
La CCI-H denunció que una segunda acusación infundada fue presentada por el fiscal Uvaldo Matute Lagos contra cuatro compañeros que pertenecen al grupo campesino «Nueva Esperanza» del municipio de Santiago de Puringla, y contra Víctor Vásquez que ha estado con este grupo campesino realizando acompañamientos de defensoría de derechos humanos en su favor.
La acusación es por los delitos de desplazamiento forzado, robo agravado y daños, de los cuales los dos últimos fueron sobreseídos.
En este caso la Jueza Anahí Lariza Jovel Quiñónez, el pasado 16 de diciembre emitió una resolución de auto de formal procesamiento por el delito de desplazamiento forzado y prisión preventiva contra Víctor Vásquez y José Santos Vigil Girón.
Según el Código Penal, este delito fue aprobado para hacerle frente al fenómeno delictivo de violencia ejercido por el crimen organizado, contra las empresas y terratenientes que hacen un uso de la violencia contra las personas en barrios y comunidades para desplazarlas y apropiarse de sus bienes.
Sin embargo, agregó Felipe Vásquez en la lectura del pronunciamiento, tal y como denunciamos en relación al Nuevo Código Penal, el Poder Judicial ha encontrado en esta figura una ventana para aplicar y criminalizar a quienes luchan por defender la tierra de esa violencia.
Ante la situación de violencia y criminalización exñresada, la Coalición Contra la Impunidad y el BJP exige:
1. Al Ministerio Público una pronta y exhaustiva investigación del asesinato de Félix Vásquez, con el objetivo de llevar ante la justicia a los actores intelectuales y materiales.
2. Al Ministerio Público que pare la persecución política contra las organizaciones de La Paz.
3. A la jueza Anahí Lariza Jovel Quiñónez, que señale la audiencia de revisión de medidas y ponga en libertad a los defensores de derechos humanos Víctor Vásquez y José Santos Vigil Girón.
¡Alto a la violencia y criminalización en contra de las organizaciones indígenas de La Paz y de toda Honduras!
¡Juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato de Félix Vásquez!
¡Libertad para Víctor Vásquez y José Santos Vigil Girón!
Seguidamente se le dio la palabra al abogado Roger Medina, defensor privado de los compañeros privados de libertad Víctor Vásquez y José Santos Vigil, agrupados en Milpah y el Consejo Indígena Lenca de Simpinula, detallando que por por los supuestos delitos de robo, hurto y daños, se realizó una Audiencia Inicial a Víctor Vásquez y 5 personas más de Simpinula el pasado 23 de noviembre en juzgado de letras de Marcala y se les dio sobreseimiento definitivo.
Sin embargo, la criminalización y persecución política continuó cuando el 11 de diciembre se acusó nuevamente a Víctor Vásquez por los supuestos delitos de robo agravado y daños de los que fue sobreseído, pero se me aplicó el artículo 248 del «Código de la impunidad» que contiene el delito se desplazamiento forzado.
Las comunidades indígenas de Simpinula, tienen títulos comunitarios por lo que son víctimas de persecución política con la intención de criminalizar a indígenas y campesinos que defienden la tierra, por lo que se exige una revisión de medidas para que Víctor y José Santos se defiendan en libertad, afirmó el abogado Roger Medina.
Más de siete mil campesinos y campesinas han sido criminalizados, perseguidos y judicializados por defender la tierra y el territorio, según el último censo, afirmó Wendy Cruz, del equipo técnico de La Vía Campesina- Honduras. Ocho defensores del agua están privados de libertad, cuatro defensores garífunas están desaparecidos.
Uno de los departamentos más afectados es La Paz, en cuanto a criminalización y ataque hacia defensores de la tierra y territorio. El 90 por ciento de su población es indígena Lenca.
Desde 1994 Honduras es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C169- OIT), sobre los pueblos indígena y tribales, por lo que debe proteger a la población indígena.
Y desde 2015 entró en vigencia la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Abogados y Operadores de Justicia, que incluye a los defensores de la tierra y el territorio.
