Tegucigalpa, Honduras.- El caso del defensor de los bienes comunes, Arnold Javier Alemán Soriano, fue conocido por el juez de Jurisdicción Nacional, Claudio Escobar. Motivo por el cual este viernes 30 de agosto de 2019, la Coalición Contra la Impunidad (CCI), presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 102-2017 de creación de los juzgados de Jurisdicción Nacional.
La criminalización contra un grupo de 32 ambientalistas en defensa del Río Guapinol y Río San Pedro, en Tocoa, Colón, al norte del país, es una persecución constante que genera molestia e incomodidad, porque el Sistema Judicial los lleva de un lado a otro así como a centros penitenciarios y hoy a un cuartel militar en el Ocotal, Distrito Central.
La audiencia en el Fuerte Gral. José Trinidad Cabañas, contra Alemán, criminalizado por defender los bienes comunes de la naturaleza, según el expediente 21-2019, correspondiente al primer grupo de criminalizados, y requeridos desde octubre del 2018, después de estar tres meses en un campamento por la vida y el agua, que fue desalojado por un contingente policial y militar armado.
Es triste y lamentable tener que enfrentar a esta justicia que ya no es civil sino militar, expresó Reynaldo Domínguez, líder del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP).
Agregó que la situación en cuanto a la aplicación de justicia causa vergüenza, puesto que los acusan por defender el bosque y el agua, bienes naturales y necesarios para la vida.
En febrero pasado un grupo de 12 ambientalistas del Guapinol fueron encarcelados y días después liberados de todos los cargos que se les imputaba, incluyendo asociación ilícita. En esos días fue requerido otro grupo de defensores con el expediente 22-2019, que es el que guarda prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, en Támara, ubicada 32 kilómetros al norte de Tegucigalpa, desde el pasado lunes 26.
La ineptitud del sistema de justicia es palpable, pues al grupo de defensores los hubieran apresado cuando se presentaron en el Juzgado de San pedro Sula, allí más bien les dijeron que el expediente estaba en Tegucigalpa. Entonces, nos trasladamos a Tegucigalpa –agregó el defensor- se presentan y los capturan. Después les fijan audiencia para el jueves, pero en San Pedro Sula (240 kilómetros de distancia).
Ya el Juzgado de Jurisdicción Nacional sampedrano, el equipo de defensa legal que es parte de la Coalición Contra la Impunidad, recusó al juez Carlos Irías de León, para que no conociera la causa y los mandaron de regreso a Tegucigalpa, pero ágora al Fuerte Cabañas, con el juez Claudio Aguilar, explicó el ambientalista.
Hoy se realiza un plantón solidario frente al cuartel militar, pero “en ese sentido a ellos –militares- les incomoda la fuerza civil, porque hay un cerco militar amenazándonos con sacarnos con bombas lacrimógenas, de milagro estamos aquí porque un oficial dijo que nos quedáramos pero un poco alejados”, continuó Domínguez.
El abogado Edy Tábora, quien integra el equipo de defensa, explicó que el recurso de inconstitucional, es porque estas dependencias están siendo utilizadas para criminalizar a los defensores del agua y la vida, y lo trasladan al Fuerte Cabañas donde opera un batallón militar.
Añadió que, allí tiene una de las sedes un juez que conoce el caso y no vamos a permitir como sociedad hondureña que la justicia también esté militarizada.
En el caso se suma el delito de usurpación y este es tratado en los juzgados especializados para actos de corrupción. A criterio del abogado Tábora, hay fallas graves en el proceso legislativo que violan el debido proceso con respeto a la reforma de órganos jurisdiccionales.
Los y las integrantes del Comité Ambientalista de Guapinol, afirman que los proyectos de explotación minera solo llevan a la desgracia, y es incomodos que se juzgue a quienes defienden la vida, además en cuarteles militares.
Uno de los primeros criminalizados es Leonel George, quien permanece en un campamento indefinido desde el lunes, frente al Ministerio Público en Tegucigalpa, exigiendo la libertad definitiva de sus compañeros, explicó que hoy la audiencia era solo contra Arnold, porque estaba pendiente del primer expediente y los demás solo están en el segundo requerimiento.
A eso de las diez de la noche, se informó que Arnol Alemán Soriano, salió con medidas sustitutivas a la prisión, y mañana será la audiencia contra los nueve compañeros del expediente 22-2019.
La audiencia de este sábado es contra:
Antonio Martínez Ramos (fallecido el 4 de abril de 2015)
Porfirio Sorto Cedillo
José Abelino Cedillo
Kelvin Alejandro Romero
Arnold Javier Alemán (sobreseídodel primer requerimiento)
Ever Alexander Cedillo
Orbin Nahún Hernández
Jeremías Martínez (está en prisión preventiva por otro delito)
Daniel Márquez
Supuestos delitos: asociación ilícita, daños, incendio agravado y privación injusta de la libertad.
