1- En el agitado ambiente de estos días, cuando todos los vientos políticos soplan en dirección a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, fuimos estremecidos con los asesinatos de los ambientalistas de Guapinol Aly Domínguez y Jairo Bonilla, y de tres mujeres garífunas, ocurridos el día 7 de enero y el 16 de enero recién pasado, en el marco de la criminalización y amenazas permanentes a que están siendo sometidos los defensores del agua y de la tierra en la conflictiva zona del Aguán y ante las demandas del pueblo garífuna.
2- Ante estos hechos sangrientos que conmueven la conciencia de toda hondureña y hondureño bien nacidos, exigimos una investigación independiente y a fondo que esclarezca estos crímenes y que el gobierno, a través de las instancias pertinentes, haga justicia a las familias enlutadas y cancele los amañados e ilegales contratos de la empresa “Inversiones Los Pinares” para parar la explotación minera que amenaza a las comunidades, a los ríos y al Parque Nacional de reserva Carlos Escalera.
3- En consecuencia, es necesaria la presión de los diversos sectores ciudadanos para que la investigación no se reduzca a capturar simples chivos expiatorios, sino a quienes tienen responsabilidad en el ambiente de criminalización, y que el gobierno actúe con firmeza para detener la explotación minera, con lo cual se cortaría la fuente de amenazas a la vida de los defensores ambientales de la zona.
4- En el candente tema del proceso que ha de culminar con la elección por el Congreso Nacional de la nueva Corte Suprema de Justicia, hacemos nuestro reconocimiento a la labor responsable y honesta realizada por la Junta Nominadora, a la vez que demandamos que esa misma práctica de transparencia sea la que caracterice al Congreso Nacional al momento de elegir a los 15 magistrados y magistradas de aquel poder del Estado.
5- Instamos a los diputados del Congreso Nacional a que elijan una Corte Suprema de Justicia que responda a las ansias de la sociedad hondureña de desmontar la estructura de criminalidad que ha caracterizado al poder judicial, para que sea independiente de otros poderes, fácticos o formales, que se sustente en la institucionalidad del Estado de derecho y escuche y atienda a los clamores de justicia de la sociedad hondureña y especialmente de los amplios sectores que han sido víctimas de la impunidad y la corrupción. Insistimos, demandamos que en esta elección queden fuera los reducidos grupos que históricamente han manoseado la justicia hondureña.
6- Demandamos una Corte Suprema de Justicia que a la par de fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho trabaje con firmeza junto a la Comisión Internacional contra la Corrupción en Impunidad en Honduras, CICI-H, para impulsar con eficacia la lucha contra la impunidad y la corrupción a través de investigar, perseguir y llevar a prisión a quienes conducen y lideran las redes criminales.
7- Demandamos una Corte Suprema de Justicia que trabaje en plena coordinación con el Ministerio Público y con los diversos órganos institucionales de justicia como de los sectores de Derechos Humanos, tanto dentro del país como a nivel internacional, con el fin de que se aplique la justicia a favor de las víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y de los derechos ambientales.
8- Demandamos una Corte Suprema de Justicia que rompa con el actual Poder Judicial porque los fallos que ella misma ha dictado a favor de los trabajadores en los últimos días los revierte a favor de las transnacionales de las bebidas, que libera a implicados en sonados casos de corrupción y garantiza permanencia a paracaidistas que estaban como temporales, hechos condenables porque complicarán la labor de saneamiento que tendrá que hacer la Nueva Corte Suprema de Justicia.
9- Demandamos una Corte Suprema de Justicia que aplique estrictamente la normativa jurídica establecida en los tratados, protocolos, convenios y conferencias mundiales, de las cuales el Estado hondureño es signatario, que permita proteger los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos hondureños.
10- Demandamos una Corte Suprema de Justicia que respete y aplique las recomendaciones que los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas realizan al Estado hondureño en el marco del Examen Periódico Universal, en relación con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
11- Exhortamos a las magistradas y magistrados que serán electos en el Congreso Nacional a que de conformidad con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derogar los tratados discriminatorios en la aplicación de la justicia por razones de clase social, género, étnica, orientación e identidad sexual.
12- Llamamos a los diversos sectores sociales, ambientales y populares hondureños para estar atentos y vigilantes para que bajo ninguna circunstancia permitamos que una vez más ese poder del Estado quede en manos de los corruptos e impunes que tanto daño han hecho a la justicia, a los sectores más indefensos y al Estado de derecho.
Tegucigalpa, 18 de enero de 2023.
Coordinación Nacional
Convergencia Contra el Continuismo
