Tegucigalpa.- Este martes 17 de enero comienza el juicio oral y público contra agentes policiales que en el marco de protestas del golpe de estado de 2009 detuvieron y torturaron a un grupo de ciudadanos que habían participado en una movilización.
Los hechos se dieron el 12 de agosto de 2009, luego que se realizara en el centro de Tegucigalpa una protesta contra el golpe de estado.
Los agentes policiales procedieron a detener ilegalmente a unos 24 ciudadanos y ciudadanas que había participados en la movilización de ese día y que culminó en el centro de la Capital.
Los y las detenidas fueron llevadas al Congreso Nacional donde fueron objetos de torturas y maltratos y posteriormente trasladadas al Comando de Operaciones Especiales (Cobras), donde les negaban la revisión médica a los heridos, pero por presiones de defensores de derechos humanos fueron trasladados al Hospital Escuelas para su asistencia.
Los policías fueron acusados por el Ministerio Público de los delitos de vejámenes, abuso de autoridad, tortura y detención ilegal, pero la Corte de Apelaciones determinó acusarlos solo por el delito de vejámenes.
Las víctimas, junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que desde que sucedieron los hechos se constituyó como acusador privado, por trece años han luchado porque se haga justicia, y este martes hay un hálito de esperanza que el caso no quede en la impunidad.
El juicio oral y público se realizará a las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Sentencia ubicadas en el edificio de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa.
En reiteradas ocasiones el tribunal suspendió la realización del juicio oral y público contra los agentes policiales José Ventura Ramos, Carlos Isaías Polanco, Suyapa Marina Elvir, Juana María Alvarado y Esther Esperanza Ramos, por ejercer violencia contra 24 ciudadanos y ciudadanas que habían participado en una movilización contra el golpe de estado.
Los agentes policiales andaban al mando del comisionado de policía Elder Madrid Guerra, quien al momento de los hechos fungía como encargado del comando Cobras.
Madrid, quien falleciera en junio de 2018, pese haber sido acusado por estas violaciones de lesa humanidad, fue premiado con varios ascenso por el golpista Roberto Michelleti.
Las víctimas son Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas.
La abogada Karol Cárdenas del Cofadeh manifestó que el 29 de agosto del año 2022, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia, señaló la celebración del juicio oral y público en el proceso penal que se les instruye en contra de las agentes de la policía femenina, Juana María Alvarado Barahona, Esther Esperanza Ramos, Suyapa Marina Elvir Escalante y al subcomisionado de policía José Ventura Flores Maradiaga y al gente del DNIC (Dirección Nacional de Investigación Criminal) Carlos Isaías Polanco, a quienes se le supone responsable del delito de vejámenes en perjuicio de 24 personas quienes se manifestaban en contra del golpe de Estado perpetrado en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales en el año 2009.
Añadió que para esa ocasión a petición del Ministerio Público el juicio fue suspendido, ya que el ente fiscal argumentó no tener en su poder o no saber dónde se encuentran ubicados los medios de prueba originales, los cuales ella ofertó. Asimismo, argumentó que no se habían citado la totalidad de las víctimas, accediendo el Tribunal a esta petición y reprogramando el juicio.
“Han sido 13 años los que han esperado para que se les aplique justicia y que los violadores de Derechos Humanos sean castigados”, manifestó la abogada Karol Cárdenas.
Añadió que espera que en el juicio oral público que comienza este martes 17 de enero se pueda condenar a estas personas, quienes eran agentes de la Policía Nacional y que en ese momento se encontraban activos y en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente expresó que espera que el Ministerio Público pueda contar con los medios de prueba originales para que los mismos sean cotejados con las copias que ofertó.
