La Coalición contra la Impunidad ante el publicitado “Caso de Pandora” que involucra a miembros destacados de la elite política en actos de corrupción pública se expresa en los términos siguientes:
1) Reconocemos la acción eficaz de la Unidad de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIH) y de la MACCIH en la presentación de requerimientos fiscales contra 38 personas integrantes o vinculadas a la elite política hondureña, aportando a los tribunales de justicia indicios suficientes sobre la participación de los imputados(as) en la utilización de fondos públicos para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacional, Liberal y UD-FAPER en las elecciones de noviembre del 2013, por un monto de 282 millones de lempiras. Los 38 imputados(as) están acusados de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en prejuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.
2) Lamentamos la lentitud con que la Corte Suprema de Justicia ha gestionado este caso, dándoles largas a la audiencia de declaración de imputados, permitiendo espacios para el cabildeo de posibles reformas al Código de Procesal Penal (CPP) que favorecería a los corruptos o para que oportunamente se resolvieran los recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 184 del CPP, dejando espacios de tiempo para que los acusados(as) puedan evadir la justicia, especialmente para facilitar el ocultamiento o la fuga de parte de los imputados(as) en este caso.
3) Extemporáneamente y sin que existiera justificación, la audiencia de declaración de imputado se realizó hasta el día lunes 23 de julio, compareciendo a la misma 20 acusados(as), a los que la jueza dicto la medida de detención judicial, resolviendo que los integrantes de la elite política nacionalista-liberal, entre ellos, Elvin Ernesto Santos, Rodolfo Irías Navas, Celín Discua Elvir, fueron trasladados al primer Batallón de Infantería, y al resto de imputados a la Penitenciaria de Támara. Evidenciando la juzgadora una violación al principio de igualdad, y poniendo de manifiesto su trato parcial con los personajes de la clase política que la eligieron en el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
4) Demandamos que la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, actué apegada al principio de legalidad y transparencia, tomando distancia del comportamiento histórico del Poder Judicial de modificar los delitos, emitir sobreseimientos y dictar cartas de libertad en todos los procesos judiciales que involucra a miembros de la elite política y económica. Exigimos que se aplique la justicia y se castigue a los corruptos y que caiga sobre ellos(as) todo el peso de la ley.
5) Rechazamos cualquier medida encaminada a garantizar impunidad a los acusados(as) en este caso, sea por vía de resoluciones pactadas con las elites políticas o decretándoles medidas cautelares sustitutivas bajo el argumento de la inconstitucionalidad del artículo 184 del Código Procesal Penal, y siendo que la UFECICH ha aportado suficiente prueba en esta causa, exigimos que se dicte el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva para todos los imputados(as).
La Coalición Contra la Impunidad, integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, estará vigilante del desarrollo de este proceso y denunciará las irregularidades y acciones que pretendan instrumentalizar la justicia a favor de los corruptos, advirtiendo que un proceder contrario a los hechos y la prueba aportada podría dar lugar a una conducta constitutiva de prevaricato.
24 de julio de 2018
COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
