Hombres y mujeres del país donde los magistrados han sido repartidos en haciendas, entre azules y colorados, para proteger los intereses de mafias financieras y grupos de poder fáctico, definitivamente quieren una nueva Corte de justicia.
Niños, jóvenes, mujeres e indígenas del país donde unos “Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca”, quieren una nueva Corte que sea Suprema y que sea de Justicia.
Casi toda Honduras quiere un palacio de Temis donde sea prohibido que “todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero” porque si eso continúa, entonces, el Cartel de la Toga cotizará en la Bolsa de Nueva York.
Ese es el problema, que en las actuales circunstancias de Honduras, los viejos sectores que vienen de la cultura del trance judicial para facilitar sus negocios con el Estado, quieren esa vieja Corte.
Una de las primeras medidas de los canallas y sus portavoces para lograr ese propósito es desprestigiar el liderazgo del Congreso Nacional, que es en definitiva el espacio institucional donde serán elegidos y juramentados los 15 magistrados del período 2023 – 2030.
Otra de sus estratagemas ha sido en la víspera repartir acuerdos de nombramiento permanente al personal azul y colorado del poder judicial, para dejar sembrada en el huerto la mala hierba. Para dejar los parásitos y bacterias en las entrañas del animal. Los peones y soplones de los carteles del crimen organizado.
El colmo de las argucias de la élite perversa de Honduras ha sido proponer en el listado remitido al Congreso Nacional los nombres de seis actuales magistrados, que han servido a la dictadura liberal-nacionalista.
Como si eso fuera poco, pidieron a los obispos católicos obedientes de los malvados que financian sus sacristías, que clamaran al espíritu santo para que la actual Corte resuelva los recursos contra la actual directiva del poder legislativo.
En otras palabras, le pidieron a los pobres metiches de la conferencia episcopal que provoquen una crisis entre poderes para justificar sus macabras intenciones de desestabilizar la vida social y política de Honduras.
En la valoración independiente del pueblo hondureño, la Corte que preside el paisano de Joh, el montañez Rolando Argueta, es parte fundamental de la impunidad, esa política violenta que carcome las instituciones públicas y gangrena el tejido social del país.
Es evidente hasta nuestros días que ninguno de los hombres y mujeres extraditados por la justicia estadounidense, incluyendo el jefe de la manada de narcotraficantes cachurecos y liberales, tenían siquiera una denuncia en sus expedientes judiciales.
Los tribunales de primera instancia, las cortes de alzada y el pleno en Tegucigalpa, nunca supieron que los delincuentes del Estado asesinaban, lavaban dinero con la participación directa de los bancos, del instituto de la propiedad, y arrasaban los bienes naturales de la Nación.
El pueblo no olvida que durante la dictadura del crimen organizado, el poder judicial hondureño cambió una decisión histórica sobre el territorio inalienable de la Patria a través de un autogolpe contra magistrados y magistradas de la sala constitucional que habían rechazado las “ciudades modelo”. También habían rechazado la iniciativa para destruir la policía nacional, objetivo que buscaba dejar sólo al ejército en las tareas de facilitación del tráfico de cocaína.
El jefe de la manada, desde sus plenos poderes en el Congreso, bendecido por evangélicos y católicos y acuerpado por la embajada de Estados Unidos, usó al ejército para destituir a José Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma, Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira, salvando solamente la cabeza de Oscar Chinchilla quien devendría fiscal eterno del orlandismo.
La jugada de diciembre 2012 no era castigar a estos magistrados por desobedientes, era restituir las prósperas zonas piratas de fragmentación territorial que hoy anuncian demandas impagables por la derogación de su ley, y era también usar el discurso de la depuración policial para poner sus cuadros al frente de las postas y carreteras donde circulaba el polvo que hacían entrar hasta por las narices de los gringos.
Uno de los resultados de aquél papelón de la Corte Suprema al servicio de Juan Orlando Hernández es un juicio seguro contra Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos impulsado por los magistrados ya citados y, lo que estamos viendo ahora, decenas de oficiales de policía exigiendo su reintegro por haber sido separados de sus cargos por el operador Omar Rivera, la desaparecida Vilma Morales y el auto perseguido pastor Solórzano.
La Corte de 2016, y la actual de 2023, son responsables, además, de haber legalizado el golpe de Estado al ejecutivo, como llamaron al desastre constitucional de 2009, y son responsables del continuismo ilegal del coyote Hernández sumergido en una celda de la cárcel correccional de Nueva York, violador de los artículos pétreos de la Constitución de Honduras a conveniencia del capital transnacional y del crimen organizado local.
La enumeración que estamos haciendo no es exhaustiva, pero son pecados capitales de la actual Corte Suprema de Justicia, o para decirlo bien, son sus principales delitos de traición a la Patria que deben ser juzgados en cualquier tiempo en tanto su persecución esté vigente.
En el contexto actual hay sectores sociales, cajas de resonancia del discurso de la avenida Los Próceres, que velan por sus compañías petroleras y sus bases de ocupación, repitiendo unas consignas tan inocentes como malévolas respecto a la Corte que desean.
Por ejemplo, dicen que quieren una elección libre de las influencias políticas sabiendo muy bien que los partidos representados en la asamblea legislativa hacen inevitablemente una negociación política a ese respecto, para poder reunir los votos requeridos.
Otros ingenuamente perversos proponen que el Congreso acepte que las primeras 15 personas que figuran en la lista son las mejor evaluadas y que voten directamente por ese paquete, sin buscar más lejos entre géneros, méritos y antecedentes.
No quieren que el pueblo tenga una Corte Suprema que represente los intereses superiores de la sociedad y del Estado.
La agitación por el tema no deja ninguna duda sobre el hecho que la justicia es central para la vida del país. Para los sectores corruptos, delincuentes, estructuras del crimen organizado, asegurar una Corte dócil, es fundamental para su continuidad.
Para los organismos de derechos humanos, por ejemplo, una Corte independiente de los poderes malditos, es fundamental para devolverle a Honduras el Estado Democrático de Derecho que fue narcotizado por los miserables de los últimos años.
La justicia es un derecho humano que genera confianza para la convivencia de la ciudadanía, la prosperidad del Estado y las inversiones privadas. No puede ser una serpiente que sólo pica a los descalzos y exime a quienes calzan suelas.
Eso que tenemos ahora, incluyendo la fiscalía y la policía de investigación, no aportan a estos propósitos. Más del 95% del total de los casos denunciados por la población en los últimos 13 años no fueron investigados o no concluyeron en sentencias conforme a Derecho. La indefensión es monumental.
Por eso, con todo derecho y con toda su fuerza, la Mesa Ciudadana de la cual forma parte la organización que emite este programa, pidió el lunes al poder judicial que no interfiera en la legitimidad del Congreso Nacional, porque eso provocaría una situación de consecuencias irreversibles en el contexto actual del país.
En el programa del sábado 22 de octubre, el líder social hondureño Carlos H Reyes anticipaba que en realidad el debate actual no es contra la legitimidad del parlamento, sino contra la Ley que condena el Golpe de Estado y que incluye la ley de amnistía para las víctimas de aquella violenta ruptura del hilo constitucional.
De hecho, el propio poder judicial contestó anteayer que la Sala Constitucional conoce desde marzo al menos 14 Recursos de Inconstitucionalidad presentados por jueces de Tegucigalpa y San Pedro Sula contra el Decreto de Amnistía aprobado en febrero. Y que es su derecho resolver eso, cueste lo que cueste.
En el fondo, dijo Carlos, lo que intentan es parar una ley que vamos a aplicarla a ellos, porque el golpe fue un crimen contra la humanidad y sus actores están impunes.
El pueblo ha entendido bien este debate y ha comenzado a ponerse en guardia, coordinando su respuesta organizada en el momento que sea preciso. No se debe menospreciar nunca que el pueblo hoy es un actor político decisivo, que se mantiene atento. Y saldrá en el momento exacto que su voz sea ignorada. No tenemos duda de ello.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 5 de noviembre de 2022
