Siguatepeque, Honduras.- Desce hace siete años un grupo de campesinos fueron criminalizados supuestamente por descombrar el bosque en la comunidad de Los Llanos, Taulabé, departamento de Comayagua, están a la espera que se les dicte sentencia .
En marzo del 2014 se emitió una orden de captura contra cinco campesinos, pero solo tres de los requeridos fueron llevados la prisión un año después, se trató de José Dolores Aguilar, Enrique Rivera y Rogelio Vásquez (quien falleció siendo criminalizado), posteriormente el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), asumió la representación legal de los dos primeros para presentarse en juicio oral y público en los Tribunales Justicia de Siguatepeque.
El juicio fue citado en abril pasado, sin embargo el Ministerio Público tenía otra audiencia y la defensa pública de uno de los criminalizados (difunto) no estaba preparado, por lo que se pospuso para agosto y septiembre.
Este lunes se dio cita para escuchar el fallo del Tribunal, por lo que grupo de la Empresa Asociativa Campesina «12 de Septiembre» a la que pertenecen José Dolores Aguilar y Enrique Rivera, permanecieron en un plantón pacífico frente al Palacio de Justicia, pero no hubo fallo por que el Tribunal aún no ha tomado una decisión.
«Ya tenemos el tiempo en el que nos deberían de decir cuál es nuestra condición legal, si debieramos algo, pero como no debemos nada» afirmó José Dolores, de 52 años.
Este proceso ha sido tremendo porque hemos venido gastando dinero, hemos estado presos, y ahora con medidas sustitutivas a la prisión, cada vez que venimos a formar al Juzgado, debemos de tener dinero para el transporte y la comida, el coste oscila en unos 400 lempiras por persona. Ese día no trabajamos, la abogada nos consiguió venir solo una vez al mes, pero antes era cada semana, agregó Aguilar.
«Estuvimos seis meses presos en la granja penal de Comayagua, allí no podíamos hacer nada, sólo sufrir hasta que llegaba la familia a visitarnos y nos llevaban algo para comer» relataron los campesinos.
Cuando nos fueron capturar no nos dijeron nada hasta, que estábamos en la posta de Comayagua ¿por qué no dijeron por el motivo por el que estábamos detenidos?
Porque no existía ninguna razón, afirmó don Enrique, de 68 años de edad, quien solo desea volver a su aldea, vivir y trabajar en paz en la Empresa Campesina, ya que no es fácil estar criminalizado.
La criminalización judicial afecta además, a las familias de los campesinos, quienes tienen prohibido acercarse a la parcela donde han sembrado sus cultivos. Se ha solicitado el trámite administrativo al Instituto Nacional Agrario (INA) para que determine el carácter nacional de la tierra.
La abogada Karol Cárdenas, procuradora de Derechos Humanos del COFADEH, expuso durante el juicio la situación de los campesinos en Honduras, basándose en informes de organismos nacionales e internacionales sobre la tenencia de la Tierra su uso forestal y agrícola para el sustento de las familias haciendo valer el derecho a la alimentación y a la vida misma.
En Honduras más de 1.5 millones de personas campesinas no tienen acceso a la tierra para cultivo, en este caso los campesinos fueron denunciados por oponerse a planes de manejo irregulares que afectarían las cuencas de agua de abastecimiento comunitario.
La nueva cita será el 29 de septiembre a las 9 a.m. con la esperanza de obtener justicia.
