La Paz, La Paz.
Por Sandra Rodríguez
Más de cien días en la cárcel, pasaron dos líderes campesinos lencas de La Paz, acusados de usurpación de tierras. Ayer recobraron su libertad, con medidas sustitutivas a la prisión.
Ellos son Carlos Jeovani López (35), y Samuel Edgardo Martínez (33), quienes después de casi cuatro meses tras las rejas amacigadas con el hierro de la impunidad, hoy ya amanecieron viendo el rostro de su familiar.
Es un día radiante, porque nuestros compañeros ya están en libertad, y eso es parte de la ardua labor de las abogadas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Karol Cárdenas y Dora Oliva, nuestras familias están alegres, estamos contentos, y eso gracias a su ayuda, manifestó el dirigente Fabricio Velásquez.
Las abogadas del COFADEH, iban ayer a solicitar, esta vez sí, una revisión de medidas para solicitar su libertad, cumplidos los tres meses que establece la Ley, pero sus gestiones perimieron que fueran liberados.
Los compañeros están con sus familias. Y es que tras los desalojos también ha habido separación, pues hay que resguardar a los niños y niñas, por lo que la comunidad en recuperación solo se compone de trece pequeñas casas de bahareque y en cada una de ellas un defensor.
Cabe mencionar que Samuel Martínez era el presidente de la empresa campesina 9 de julio, pero estos casi cuatro meses privados de libertad le impidieron seguir al frente de la base que desde el 2010 libra un proceso de recuperación de tierra.
Sólo en el departamento de La Paz, hay unos 700 campesinos y campesinas criminalizadas, y cerca de 50 grupos en la lucha por la tierra. El 90 por ciento de la población paceña, es indígena Lenca, heredera ancestral de los bienes comunes, pero en la realidad no es así, al contrario se les violenta sus derechos de pueblos originarios establecidos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El pasado 18 de julio, ambos dirigentes se presentaron ante el juez de Letras de La Paz, Hugo Danilo Torres Pérez, con el acompañamiento legal del COFADEH y La Vía Campesina Honduras, (LVC), y el representante de la Justicia los envió a prisión en la audiencia Inicial, que se convirtió en una audiencia de revisión de medidas.
Y esa misma tarde, la presencia policial ya tenía lista una patrulla. El juez suponiéndolos responsables de incumplir las medidas, les libró prisión preventiva, pese a que el delito de usurpación es menor a cinco años. Desde entonces, el COFADEH ha estado pendiente del caso para llegar a este momento, en el que ellos volvieran a sus hogares.
La tarde de ayer fue ese reencuentro, los abrazos de pequeñas manos, sus hijos e hijas, que extrañaban a su papá.
López y Martínez, son parte de 56 personas que luchan por tener acceso total a unas 32 manzanas de tierra en la comunidad de Las Huertas, San Pedro de Tutule, unas tierras cultivadas con café, maíz, yuca, naranjas, y otros productos para su alimentación diaria.
Los hombres están acusados por usurpación, en perjuicio del terrateniente Carlos Arriaga, con quien no se ha logrado una negociación justa para que los campesinos compren la tierra, la cual ha cambiado de precio en diferentes ocasiones desde más de seis millones de lempiras hasta tres millones y medio, pero según valoraciones catastrales el valor es inferior, ha relatado el grupo campesino.
Aunque solo hay hombres con órdenes de captura, cuando los contingentes policiales, militares, fiscal del Ministerio Público y juez ejecutor llegan para proceder a un desalojo violento, no respetan la vida de nadie, sea mujer, anciano, joven o niño. Donde el grupo campesino permanece desde hace siete años cultivando sus alimentos, y en más de 25 ocasiones han sido víctimas de desalojos violentos.
Arriaga declaró hoy en la audiencia inicial, que vio a los imputados en los predios, declaró la abogada de la defensa Karol Cárdenas. Por lo que se consideró que con dicha acción los campesinos violentaron una de las medidas sustitutivas a la prisión, impuestas por dicho Juzgado, cuando Carlos y Samuel fueron llevados a audiencia de presentación de imputado en el mes de mayo, pero distintas fechas, tras ser arrestados.
El nombre de los criminalizados figuran en el expediente 231-3-2010, libra orden de captura contra un grupo de personas señaladas como usurpadoras de tierra, el 20 de julio del 2010.
Carlos fue capturado en su vivienda tras un allanamiento policial, la madrugada del viernes 28 de abril de año en curso, y por varios días permaneció privado de libertad, hasta el 05 de mayo.
Mientras que Samuel fue detenido por agentes policiales la mañana del domingo 25 de junio en el centro de Tutule, cuando este se encontraba en el velorio de una pariente. Los uniformados fueron directamente a él y lo exhibieron en una patrulla, declaró la víctima.
En Honduras, más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a tierra, y unas 5,200 han sido criminalizadas por exigir este derecho, esas al menos 20 han sido recluidas en diferentes centros penales a nivel nacional.
