- 180 familias dependen de la tierra y la alfarería en grupo campesino
- Las medidas se deben cumplir, pese a las restricciones constitucionales
- El trabajo de COFADEH es incalculable, no nos ha cobrado ni un lempira
Siguatepeque, Honduras.- Al cumplir tres años de emprender la recuperación de tierras, también se cumple dos años de persecución judicial contra los miembros de la Empresa Asociativa Campesina “11 de marzo”. No hubo tiempo de celebrar el aniversario porque es prioridad preparar la tierra para la siembra de maíz y limpiar los cafetales.
Con una pequeña reunión, este fin de semana, el grupo campesino recordó la fecha de las primeras detenciones, el tercer aniversario y la liberación en aquel 19 de marzo de 2019, mientras esperamos que nos den fecha ir al juicio, ya que la persecución continúa desde los Tribunales de Justicia, reaccionó Vicente Castro (62), presidente del grupo campesino, ubicado en la comunidad El Porvenir, Siguatepeque, departamento de Comayagua, al centro del país.
La gente nos pregunta ¿Cómo nos va? -agregó don Vicente- respondemos que todo va muy bien, porque tenemos el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), doña Berta Oliva ha estado con nosotros desde que fuimos encarcelados, ella llegó a la ceda y nunca nos ha dejado solos.
En la mañana del 12 de marzo de 2019, elementos de la Policía Nacional dieron captura a los campesinos José Santos Vázquez (54) y Juan Mejía (62), acusados por los supuestos delitos de usurpación y roturación de terrenos de vocación forestal en perjuicio del Estado de Honduras y Marco Antonio Valerio Barahona.
Al día siguiente cuando llegaron más campesinos a solidarizarse con los criminalizados, fue privado de libertad Vicente Castro. El juez les dictó prisión preventiva hasta la Audiencia Inicial el 19 de marzo, cuando la defensa logró medidas sustitutivas a la prisión como ser: ir a firmar al juzgado, no salir del país, no acercarse al supuesto afectado, tampoco a los predios en litigio, las que han cumplido sin importar que no tienen dinero, trabajo o la suspensión de garantías constitucionales por el Covid-10, desde el año pasado.
Al pasar siete meses, la policía volvió a la comunidad, llevándose sin mediar palabra al líder campesino Héctor Orlando Velásquez (55), por ser parte del requerimiento fiscal #108-2019. El domingo 13 de octubre, las abogadas Karol Cárdenas y Cinthia Turcios del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, lograron su libertad definitiva el miércoles 23 de octubre de 2019 en Audiencia Inicial.
La liberación de Velásquez fue considerada por el grupo campesino como una lucha ganada que traza el camino justo. Así como no le hallaron motivos para ser detenido, ninguno de ellos debió ser criminalizado por la defensa de la tierra, tal como ha sucedido con al menos 7 mil personas en la última década a nivel nacional.
Pese a que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 2018, la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, en Honduras aún no se considera y su voto fue de abstención.
Por lo que continúa siendo una recomendación del Examen Periódico Universal (EPU) sin cumplir, donde las naciones mencionan la adopción de leyes que defiendan los derechos de los defensores del ambiente y campesinos, además el cese a la represión contra estos grupos vulnerables.
La Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales tiene como finalidad “proteger, respetar y garantizar los derechos de campesinos y campesinas” que son defensores de territorios; sin embargo, en la comunidad El Porvenir, donde habitan más de 400 familias, existen unas 180 familias se dedican directamente a la agricultura en el grupo campesino, y de estas 25 fabrican alfarería sin un mercado estable para vender su producto, y que a raíz de la pandemia la situación fue muy difícil.
Desestabilización organizacional
Cuando Vicente Castro fue criminalizado, debió abandonar su cargo –a lo interno de la empresa campesina- porque una de las medidas es estar alejado de la tierra en litigio, pero no se ha desentendido de la situación de riesgo y persecución.
Los dirigentes campesinos están conscientes que las medidas sustitutivas obligados a cumplir, son maneras “legales” de hostigamiento, porque no pueden acercarse al terreno donde cultivan sus alimentos y tienen que viajar hasta el juzgado de Siguatepeque a firmar el libro cada semana, lo que genera gasto económico por el pasaje, alimentación y ese día no laboran (cuando consiguen trabajo).
Para Juan Mejía Euceda ha sido un reto este tiempo de pandemia, lo complicado de ir muchas veces hasta el juzgado en bicicleta a lo largo de seis kilómetros durante el confinamiento por la pandemia, ya que no había transporte público, o paga 100 lempiras a la semana para que le hagan el viaje, mientras se llega el juicio oral y público donde confían que su defensa legal hará el mejor esfuerzo.
Debe rebuscar trabajos como la alfarería por este injusto proceso, ya que lo acusan de usurpar un predio que el compró hace 21 años y no puede abandonar su tierra. Teme que se recrudezca la persecución y debe alquilar tierras para sembrar la milpa.
El apoyo familiar es mínimo debido a la pobreza, pero “siempre hay que ver como yo puedo aportar al sustento del hogar”, afirmó don Juan, quien cree que pudo estar contagiado por Covid-19 y aunque no tuvo acceso a exámenes médicos, optó por aislarse unas semanas, tiempo en el que no fue a firmar al juzgado de Comayagua.
Con dificultad para hablar, don Santos Vásquez lamentó que este tiempo ha repercutido en su salud física y emocional. La carga de ir a firmar por mucho tiempo ha sido difícil, además no puede trabajar en el predio y para pasar el día trabaja de jornalero o ayudante de construcción.
Su acompañante es una bicicleta, y de ese modo ha cumplido la medida de ir a la ciudad a firmar la medida sustitutiva a la prisión. Así como Santos, hay más de 300 mil familias hondureñas campesinas si acceso a la tierra para cultivar sus alimentos.
La lucha es difícil y la pandemia nos paralizó ante la falta de medidas de mitigación del Estado, según el presidente de la empresa campesina “11 de Marzo” Vicente Castro, quien lideró tomas de carretera y rendición de cuentas para que las ayudas alimenticias llegaran para todas las familias de El Porvenir, aclarando que la asistencia fue mayoritariamente de la empresa privada.
“Seguimos en pie de lucha este año, porque vemos lo positivo de cosechar nuestros alimentos y durante la pandemia, los socios del grupo campesino no carecimos de maíz, frijoles, frutas, café y hortalizas que cosechamos en 90 manzanas de tierra”, afirmó el líder comunal.
Hay documentación legal que afirma la situación ejidal de la tierra que estamos recuperando nos pertenece como pueblo, lamentablemente siempre hay quienes se quieren aprovechar de los recursos naturales mediante la tala de madera; por el contrario, nosotros cuidamos y reforestamos el bosque, agregó don Vicente.
Siguatepeque es rico, pero lastimosamente no tenemos donde trabajar, hace poco las autoridades gubernamentales vinieron a inaugurar “La casa de los Artesanos” aquí en El Porvenir y esperamos que ese espacio sea una vitrina para colocar el producto local que hacemos, declaró Castro.
Hemos avanzado en este sueño y seguiremos la lucha por nuestra libertad definitiva. Nuestro agradecimiento es permanente al COFADEH, a doña Berta y las abogadas. Siempre han estado con nosotros y disfrutaremos juntos nuestra libertad, nunca nos han cobrado ni un lempira, por lo que su trabajo en favor de los derechos humanos es incalculable, afirmó Vicente Castro.
Juan Mejía, Santos Vásquez y Vicente Castro, enfrentan un proceso judicial a la espera de juicio oral y público porque se les supone responsables por usurpación y roturación de terrenos de vocación forestal.
El COFADEH y otras organizaciones que integran la Coalición Contra la Impunidad- Honduras, expusieron este viernes 19, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Audiencia Pública sobre “Derechos Humanos y proyectos extractivos en Honduras”, solicitando que: el Estado se abstenga del uso del derecho penal para la criminalizar y judicializar a personas defensoras de tierra y territorios y líderes sociales, mediante el uso de delitos como la usurpación, la asociación ilícita, entre otros.
