Danlí, El Paraíso.
Por Sandra Rodríguez
“Los usurpadores” “los sospechosos” es la forma de dirigirse la representante del Ministerio Público, MP, a seis campesinos criminalizados por la defensa de la tierra en el municipio de Yuscarán, El Paraíso, al oriente de Honduras.
Raymundo Eguigure, Alex Fernando Flores, Antonio Obando, Felipe Eguigure, Randolfo Laínez y Francisco Suazo, son miembros de la empresa asociativa campesina “Hermanos Unidos”, donde se cosecha granos básico para el sostenimiento de 80 familias de la comunidad Rancho del Obispo, a unos 55 kilómetros de Tegucigalpa.
El 19 de marzo del 2012, iniciaron un proceso de recuperación de tierras, en un predio que es ejidal, por lo que fueron acusados del delito de usurpación en perjuicio de Ramón Rosa Flores Montoya, quien se dice dueño de un terreno en litigio.
Tras cuatro años de estar cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión, los campesinos se presentaron el pasado viernes al juicio oral y público, en el Tribunal de Letras de Danlí, El Paraíso, donde la Fiscal del MP, Elki Gissela Alvarado Medina, propuso como incidentes un expediente del Instituto Nacional Agrario, INA, donde se solicita una afectación de un terreno privado; una escritura que establece que el predio pertenece al Estado y que la Empresa Campesina no tiene su representación; y un documento cartográfico que muestra los límites territoriales, pero los tres fueron rechazados por el Tribunal, ya que no reúnen los requisitos para admitirlos.
“Los sospechosos no tienen ningún documento legal que los acredite dueños, no hay un título de tierra” expuso la fiscal. Los campesinos tienen claro que Ramón Flores, es terrateniente de la zona, pero que hay un estudio que pone su terreno como uno sólo, con el que están el proceso de recuperación.
El terreno en litigio, sirve para cultivar maíz, frijoles, pepinos, tomates y demás plantaciones que forman parte de la alimentación familiar, sin embargo se denunció ante el tribunal que “El Potrero” como se le conoce a la zona de más de 30 manzanas de tierra, ha sido objeto de daños, corte de árboles, acaparamiento de agua y sin la aprobación de Flores Montoya, a quien el MP llama “el ofendido”.
Raymundo Eguigure, rindió su declaración exponiendo que se les implica en el supuesto delito de usurpación en un terreno que fue adquirido por el Estado, pero que aparece como uno solo con el de Flores. “Son dos terrenos donde estamos nosotros no es de Ramón Rosa Flores”.
“No somos usurpadores porque donde estamos ubicados no es del señor Flores, más bien él ha vendido a otras personas, esperamos que aquí prevalezca la verdad, porque en base a ella nosotros seguiremos actuando”, afirmó el dirigente campesino Eguigure.
Rindió su declaración un empleado del INA, un técnico en sistema de posicionamiento global o GPS por sus siglas en inglés (Global Positioning System), que permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto con una precisión casi exacta. Al realizar una visita de campo, será necesaria la presencia de este testigo, quien expuso que según el levantamiento topográfico el inmueble se ubica en un sitio privado llamado “Monte Grande”, pero se mencionó también que estos datos son de la información catastral hecha por esa entidad en 1989, en el marco de la Reforma Agraria.
Uno de los testigos, fue para aclarar el plano, él expuso que se trata de dos terrenos, porque hay un paso de servidumbre, y eso delimita las propiedades. Uno de los terrenos mide 32 manzanas, en el de los campesinos había un grupo de ellos.
Otro testigo, manifestó que en el los predios, hay un cementerio y un acancha de futbol, asimismo entre 13 y 14 casas.
Catalina Flores, de la red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de El Paraíso, espera que en esta etapa del juicio, sus compañeros queden en libertad, pues permanecen con medidas sustitutas a la prisión, y eso les genera gastos e impide trabajar libremente.
Los campesinos afectados a veces no pueden ir ni a Tegucigalpa, pues se ha dado el caso que en retenes policiales y militares los detienen, denunció Flores, quien confía en el criterio del Tribunal.
Por su parte Agustín Díaz, de la red de Comunicadores Sociales de El Paraíso, ha expresado que el acompañamiento con los campesinos es para hacer incidencia, evidenciar las violaciones a derechos humanos y se respete el debido proceso.
Francisco Suazo, uno de los criminalizados, expresó que las tierras estaban sin cercos, la población era pequeña, hay parientes y vecinos enterrados en el cementerio local, desde hace más de 20 años, y ante el crecimiento de las familias se han visto en la necesidad de recuperar la tierra, y es cuando surge un supuesto dueño.
Más de 700 personas viven en Rancho del Obispo, tienen la esperanza de que sus compañeros queden en libertad y continuar con la defensa de la tierra, porque es de donde ellos viven, los y las campesinas no tienen otro medio de sobrevivencia, y si están en ese proceso, es porque saben que están en tierras del gobierno. Actualmente el grupo campesino “Hermanos Unidos”, es parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC.
Parte de sus miembros, como Ana Catalina Flores, Patricia Eguigure y Francisco Suazo forman parte la Red de Defensores/as y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, que apoya el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, desde el año 2012.
Por lo que los criminalizados tienen acompañamiento y observación de parte del COFADEH junto a las red de defensores y comunicadores sociales, en este caso que cuya defensa la tiene la abogada Karina Salazar.
La audiencia continuará mañana las nueve de la mañana en el tribunal e Danlí, después de una larga jornada que evacuó la evacuación de prueba testifical y queda en espera la inspección del lugar de litigio y el fallo.
El capítulo IV del Código Penal de Honduras, referido al tipo penal de Usurpación, en el artículo 231 especifica que “Quien detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades será sancionado con reclusión de tres a cinco años, sin perjuicio de desocupar el suelo o espacio detentado, cuando el bien detentado sea una playa la pena se aumentará en dos tercios”.
En Honduras más de cinco mil campesinos, entre ellos 2200 mujeres, están criminalizados por el delito de usurpación en Honduras. Cerca de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a tierras para cultivar sus alimentos y más de una decena de compañeros guardan prisión en diferentes centros penales a nivel nacional.
Uno de los casos de defensores de la tierra presos, es el de Abel Pérez y Santos Hernández, quienes recobraron su libertad provisional el pasado 1 de septiembre, tras estar 104 días en la cárcel de Nacaome, en un proceso acusados de usurpación, daños y perjuicio en contra de Jorge Luis Cassis Leiva, supuesto dueño de un predio que junto a Tomás García utilizaron como parqueo en Semana Santa del 2015, para tener fondos en la comunidad.
Pérez y Hernández, fueron remitidos a prisión el 19 de mayo anterior, tras no asistir asiduamente a firmar el libro de registro de imputados en el Tribunal de Nacaome, Valle, debido a la falta de recursos económicos y el alto costo que implica movilizarse desde la comunidad de Playa Blanca, cruzando en lancha hasta la Isla del Tigre.
Otro caso es el del campesino Isabel Morales “chabelo”, quien pasó casi siete años en prisión, acusado de asesinato en el marco del conflicto agrario en el Bajo Aguán. El criminalizado fue juzgado tres veces, pero al final se logró probar su inocencia, perdiendo mientras estuvo en prisión, a parientes, un ojo, afectado su rostro, por mencionar algunos hechos.
