Tegucigalpa.- La situación de los derechos humanos en Honduras cada día se deteriora aún más, denunciaron hoy organizaciones de derechos humanos en una audiencia pública vía virtual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que realiza su 181 periodo de sesiones.
En la audiencia para dar a conocer la “Situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia en Honduras”, participaron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS ), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Estado de Honduras.
En su intervención, la coordinadora del Cofadeh, Berta Oliva, señaló que “hemos sido víctimas de diferentes actuaciones que están reñidas con la ley y la justicia, y que ponen en precario los derechos humanos”.
Además mostró su preocupación por que la situación de los derechos humanos cada vez se deteriora aún más en Honduras, y denunció que con las nuevas leyes y reformas que aprobó recientemente el Congreso Nacional, todos los derechos avanzados en temas de derechos humanos los vamos a perder, si se convierten en leyes.
Añadió que “estas leyes son blindajes en favor de la impunidad de ellos y en contra de la búsqueda de justicia que hemos iniciado desde hace mucho tiempo”.
La reconocida defensora de los derechos humanos expresó que “no hay una explicación clara de lo que se vive desde que se suspendieron las garantías constitucionales, Honduras es un país altamente militarizado, donde se vienen dando asesinatos, ejecuciones arbitrarias y sumarias, donde tenemos registradas que han sucedido a manos de la Policía Nacional, de la Policía Militar y de militares”.
Oliva indicó que durante la suspensión de las garantías constitucionales, el Cofadeh registra 17 personas desaparecidas, 278 crímenes de mujeres en 2020 y 235 en el 2021, y 43 masacres que han dejado más de 130 personas asesinadas.
También denunció que las familias afectadas han realizado todas las acciones legales y no han obtenido justicia.
En Honduras “convierten a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas; esa es la modalidad que tenemos en los últimos tiempos”.
Isabel Albaladejo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), manifestó que desde el inicio de la pandemia las protestas y manifestaciones han sido permanente, por diversas causas, como el derecho a la alimentación, subsidios, regreso al trabajo, y recientemente contra las Zedes.
En este contexto, mostró su preocupación por que han observado la participación de la Policía Militar y de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad y control de manifestaciones, en un contexto general de militarización de la seguridad pública y del sistema penitenciario.
“La respuesta de seguridad a estas manifestaciones ha sido en muchas ocasiones en uso excesivo de la fuerza, traduciéndose en graves violaciones a los derechos humanos”, indicó la representante del Alto Comisionado.
Asimismo señaló que esa oficina de las Naciones Unidas documentó casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad durante las operaciones relacionadas con el estado de emergencia, particularmente en retenes y en puesto de control.
También informó que registran 219 incidentes y ataques contra personas defensora de los derechos humanos, que van desde campaña de desprestigio, hasta amenazas y asesinatos, donde algunas de las víctimas eran beneficiarias de medidas de protección otorgadas por mecanismos nacionales o internacionales.
Por su parte, Luciana Pol, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que muchos estados del mundo adoptaron medidas de restricciones y que desde un principio las Naciones Unidas, como el Sistema de Protección Regional, alertaron sobre las posibles afectaciones de derechos que estas decisiones podían introducir, guiando a los estados en la implementación que se ajustaran a los estándares internacionales.
“La aplicación del estado de emergencia en Honduras no se ajustó a los estándares internacionales y a lo que explícitamente la Comisión recomendó a los estados en el principio de la pandemia”, manifestó Pol.
Añadió que estas políticas no deben ser usadas para encubrir acciones represivas o para silenciar a defensores de derechos humanos u opositores.
Se verificaron en el país situaciones de discrecionalidad, detenciones, uso abusivo de la fuerza tanto de la policía como de las fuerzas especiales y el ejército, señaló la representante de CELS.
Añadió que aún después de restituirse los derechos, se verificaron ataques graves a periodistas en funciones, en donde se dispararon proyectiles de gas lacrimógenos al cuerpo de los periodistas a corta distancia en la parte superior de su torso.
Asimismo denunció que en el marco de los hechos de represión que se dieron por las protestas de la población, se produjo el caso de Cristian Espinoza, un artista de 26 años, agredido por policías antimotines el 15 de septiembre de 2020, donde los agentes lo atacaron desde una tanqueta policial con chorro de agua que contenían un químico de color azul. La presión del agua le desprendió los parpados y le arrancó los lagrimales, hasta hoy tiene un daño en su visión de por vida.
