Giorgio Trucchi l Rel-UITA
En horas de la madrugada del 17 de julio, una veintena de sujetos encapuchados penetraron en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en Tegucigalpa, donde, desde hace una semana, estudiantes, docentes y miembros del Sitraupen mantenían una toma pacífica, en protesta por la violación del estatuto interno y el convenio colectivo.
Después de haber quebrado candados y cadenas, los asaltantes atacaron y golpearon a las personas presentes en el recinto, haciendo uso de gas pimienta y robándoles celulares y otras pertenencias.
Las víctimas de la violencia acusaron al rector de facto Hermes Díaz y a la compañía de seguridad privada (Conal Security) encargada de la vigilancia, de haber orquestado y realizado el ilegal y criminal desalojo.
Origen de la protesta
El artículo 18 del Estatuto vigente de la UPNFM establece que las autoridades universitarias estarán en el ejercicio de sus funciones durante un plazo de tres años, y que podrán ser reelectas por una sola vez.
Terminado el mandato a inicios de este año, las autoridades salientes debían convocar y llevar a cabo elecciones en los meses de febrero y abril. Las nuevas autoridades electas tomarían posesión de sus cargos en julio. Sin embargo, las elecciones nunca se realizaron y el alma mater sigue sumida en una preocupante situación de ilegalidad y acefalía.
Ante esta situación y el silencio de las autoridades ya decaídas de sus cargos, estudiantes, docentes y personal organizado en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional (Sitraupen) decidieron iniciar una toma pacífica del ateneo.
El brutal desalojo fue condenado por varias organizaciones nacionales e internacionales.
Durante una conferencia de prensa organizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), con el apoyo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Futh), la Red contra la Violencia Antisindical, la Rel UITA y la participación de varias de las víctimas, se dio lectura a un comunicado conjunto.
Las cuatro organizaciones condenaron con fuerza las “amenazas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de que fueron víctimas estudiantes, docentes y sindicalistas, quienes fueron retenidos, atacados, golpeados, torturados, despojados de sus pertenencias y de sus documentos personales”.
En este sentido, advirtieron que se está trabajando una denuncia formal ante el Ministerio Público “para que se investigue y se castigue a todos y cada uno de los responsables en este repudiable ataque”.
También se pidió a las autoridades nacionales que se brinden medidas de seguridad y protección a favor de las víctimas y los denunciantes.
Asimismo, exigieron la vuelta a la legalidad del ateneo, a través de la realización inmediata de elecciones de autoridades, tal como lo establece el estatuto interno.
Llamado internacional
Finalmente, las cuatros organizaciones firmantes hicieron un llamado de alerta ante el contexto de persecución sindical y prácticas antisindicales que se vive en Honduras.
“No podemos quedarnos callados ante el brutal desalojo que se llevó a cabo este lunes”, dijo Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh.
“Es una vergüenza lo que ha pasado, así como es una vergüenza que persista un estado de irregularidad, ilegalidad y de irrespeto continuado de los derechos”, sentenció Oliva.
“Eran las 3:40 de la madrugada cuando nos atacaron. Nos insultaron, nos golpearon, nos gasearon, nos quitaron documentos y celulares para que no quedara evidencia de lo que estaba sucediendo”, dijo Mayra Membreño, vicepresidenta del Sitraupen.
“Pedimos a la presidenta Xiomara (Castro) y al presidente del Congreso Nacional que tomen cartas en el asunto y que intervengan la Universidad Pedagógica para que se vuelva a la legalidad y se castiguen a los responsables de las barbaridades cometidas”, concluyó.
