Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
El Estado de Honduras hace muy poco por cumplir a cabalidad las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, Co-IDH, pese a que estas acciones repercuten en su imagen a nivel internacional.
Hay casos que tienen años esperando una reparación integral, pero esta es casi una utopía para las víctimas y familiares de violaciones a sus derechos, quienes se alegran con un abrazo solidario de representantes del sistema internacional de Justicia, porque en Honduras se les menosprecia.
Ante la preocupación por el irrespeto a dichas disposiciones, el en julio del año pasado se formó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Co-IDH, integrada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
Joaquín Mejía, investigador del ERIC-SJ, comentó a defensoresenlinea.com que en la mayoría de casos no se sanciona a los responsables de los crímenes, he ahí el punto débil del cumplimiento de sentencias.
El ERIC-SJ que dirige el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, da seguimiento junto a otras organizaciones, al cumplimiento de las sentencias de los casos Jeannette Kawas (ambientalista asesinada en 1995), Carlos Escaleras (ambientalista asesinado en 1997), Carlos Luna (ambientalista asesinado en 1998), Pacheco Teruel y otros (incendio en el centro penal de San Pedro Sula que dejó 107 muertos en 2004), y Alfredo López Álvarez (dirigente de OFRANEH, detenido ilegalmente en 1997).
Hay sentencias cumplidas, entre uno y otro caso, por lo que se ve como un avance en medio de un Estado que es el responsable de ejecutarlas, pero también es el violador de los derechos humanos o en su caso cómplice cuando no imparte justicia.
Mejía declaró que entre las disposiciones del caso del Centro Penal de SPS, se aprobó de ley del Sistema Penitenciario que estaba engavetada, y la Creación del Instituto del Sistema Penitenciario; pero la sentencia establece que el personal penitenciario debe ser civil, sin embargo, el gobierno ha puesto personas con rango policial o militar. El problema es que la clase política nacional tiene una gran capacidad para permitir este tipo de avances positivos, pero al mismo tiempo cooptar las instituciones y darles vuelta.
“El Estado no cumple, porque juega un papel un poco bipolar, porque es el responsable de cumplir, pero también es la institución que los viola”. Y es que en muchos de los casos hay vinculación directa de algunos de los funcionarios estatales, manifestó el investigador.
Considera que se hace muy poco por dar con los responsables de los crímenes, en el caso Jeannete Kawas, cuya sentencia data del 2009 no se ha hecho una investigación para dar con los responsables. Y son las medidas de no repetición que se espera.
El caso Escaleras no está en la CO-IDH, pero se llegó a un acuerdo amistoso, y entre las reparaciones está poner su nombre al parque Botaderos, y al parque central de Tocoa, Colón. Parecieran cosas insignificantes, pero para las víctimas es sentir un poco de justicia.
Mejía compartió la siguiente anécdota: como sucedió con familiares de los privados de libertad incinerados en SPS, cuando fueron al Tribunal Internacional, al terminar la audiencia la secretaria adjunta de la CIDH se levantó y les dio un abrazo, lo que les hizo sentir tomados en cuenta, porque en Honduras “primera vez que sentimos que ha habido justicia porque en Honduras los jueces y fiscales nos trataron como perras y aquí unos jueces internacionales y una fiscal interamericana se solidarizaron, nos abrazaron y para nosotros esto es una forma de reparación” expresaron.
Explicó que las sentencias internacionales no nos van a venir a resolver los problemas, a cambiar por decreto la realidad del país. Son una herramienta más que debemos utilizar a lo interno para hacer incidencia, exigir y obligar al Estado que cumpla con sus compromisos no solo internacional sino constitucional de respeto y garantía de los derechos.
Y es que una de las debilidades que tiene el sistema interamericano es que no hay un mecanismo de sanción por el incumpliendo se sentencia.
Sólo es que la CO-IDH puede llamar a audiencias públicas o privadas a la Corte, y luego sacar resoluciones de cumplimiento de sentencia donde señala al Estado donde está incumpliendo y le vuelve a repetir que tiene que cumplir con esos puntos resolutivos, y luego en su informe general que presenta a la OEA señala los Estados que están incumplido, y esto tiene un impacto político y moral, porque los estado no quieren ser señalados como violadores, además que tiene un impacto en la cooperación.
Los incumplimientos del Estado, impactan a nivel interno, porque uno de los objetivos de las sentencias internacionales es determinar el origen de la violación de ddhh y ordenar al Estado la adopción de medidas para evitar la repetición de los hechos. Por tanto, si el Estado no cumple con una sentencia donde le dice que debe evitar la repetición de los hechos, cualquier persona, mañana puede ser víctima de los mismos hechos que llevaron a la muerte a Kawas, Escaleras, Luna, los 107 privados de libertad del centro penal de SPS, o una detención ilegal como Alfredo López Álvarez.
Se continúa con el asesinato de defensores de derechos humanos aun con medidas cautelares otorgadas por las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pero es un boomerang que regresa al Estado, pero es él el responsable de aplicarlas en diálogo con las beneficiarias. Esta también es una herramienta que debemos utilizar como una herramienta de exigencia e incidencia política.
Doble mensaje
Entre tanto, con la falta de cumplimiento de la no repetición, falta de aplicación y no reparación, se envía un doble mensaje a la sociedad en el sentido que es mejor no denunciar porque nos puede pasar los mismo que a las víctimas, y el mensaje a los victimarios en el sentido que pueden seguir cometiendo delito porque aquí no se castiga.
El impacto en las víctimas y familiares, agregó Mejía, es que sufren de manera directa la pérdida o violación de un derecho de su familiar o ellos mismos, y sufren el impacto de ver que se mantiene la impunidad y que muchas veces el funcionario responsable sigue dentro de las estructuras del estado.
El caso del líder garífuna Alfredo López Álvarez, estar por más de seis años en prisión, es un caso que al inicio lo llevó CEJIL y OFRANEH, pero después se le pidió al ERIC y CPTRT para ser parte en el seguimiento de la supervisión de la sentencia, es impactante porque esos años privado de libertad no van a ser reparados de ninguna manera. La sentencia establece unas medidas que van a minimizar el impacto de esa violación, pero si el Estado no las cumple efectivamente, los efectos de esa violación se mantienen con el transcurso del tiempo.
Al no hacer cumplimento de sentencias, hay momentos en que se genera bastante desmotivación, pero el tema de cambios estructurales en el país en temas de derechos humanos, hay que verlo como una carrera de relevos, es decir que lo que ha hecho Bertha Oliva (COFADEH), Juan Almendares (CPTRT) y otros líderes y lideresas de ddhh en el país, solo han hecho una parte, y les tocará entregar el relevo a otras generaciones de defensores.
Agregó que, quizás no vayan a ver cambios ahora, después de tantas décadas de lucha; sin embargo hay que verlo en ese sentido, nosotros no pretendemos ver cambios estructurales hoy o mañana, por lo que vamos a aportar nuestro granito de arena en este momento histórico, que el país sea un Estado de Derecho y que garantice el bienestar social y cultural de toda la población y lo que el fin supremo de la sociedad y del estado, sea la persona humana.
La Mesa de Seguimiento de sentencias de la Co-IDH, es una iniciativa positiva que las organizaciones defensoras de ddhh que llevamos o hemos obtenido sentencias internacionales podamos sentarnos a coordinar acciones conjuntas para poder incidir porque solos y solas no vamos a poder hacer mucho, pero como organizaciones podemos tener un impacto para el cumplimiento de las mismas, consideró el abogado Joaquín Mejía.
“Pretendemos que se cumplan las sentencias de manera efectiva, que se investigue a los responsables de las violaciones denunciadas, y sobretodo que se adopten medidas, por lo que no solo vamos a estar señalando los incumplimientos del Estado, sino que le vamos a estar diciendo al Estado que estamos en la disponibilidad para que de manera conjunta podamos lograr la implementación efectiva de las sentencias”.
Hay aclarar, dijo Mejía, que los casos hay que verlos desde la perspectiva de la víctima, lo que quiere es justicia para su caso concreto, y la otra desde una perspectiva social que se busca cambios estructurales, llamadas a luchar por los cambios que no permitan la repetición.
“Aunque no creamos en el Sistema, siempre debemos exigir justicia porque hay que obligar al Estado dar una respuesta mala, buena o se quede en silencio, porque esto nos va ayudar para tener la posibilidad de tener otra ventana, esa puerta abierta a la justicia internacional”.
