Tegucigalpa.- El pasado 11 de marzo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), emitió una alerta en la que se detalla que David Castillo, quien conspiró en el asesinato de la lideresa y ambientalista lenca Berta Cáceres, estaría buscando el beneficio del decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional.
El Copinh aseguró a través de un comunicado que David Castillo pretende beneficiarse con el decreto de amnistía en el caso que se conoce como “Fraude sobre el Gualcarque”.
Castillo fue declarado culpable de participar como coautor en el crimen contra Berta Cáceres y espera la lectura de la sentencia el próximo 4 de abril de este año.
Asimismo, David Castillo está acusado por los delitos de fraude y uso de documentos falsos en relación al licenciamiento del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque.
El Copinh detalló que la solicitud fue consignada el martes 8 de marzo y el Tribunal de Sentencia convocó a audiencia para el miércoles 16 de marzo para conocer de la petición.
Un detalle curioso y llamativo del comunicado, es que la hora y el día en que el tribunal conocerá de la petición de los apoderados legales de Castillo, corresponde a la misma fecha donde se desarrollará la segunda audiencia de la solicitud de extradición del ex dictador Juan Orlando Hernández y también será el día en que se conocerá la sentencia contra la ex primera dama, Rosa Elena de Lobo, acusada por delitos de corrupción.
En el programa “Voces contra el Olvido”, espacio radial del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que se emite por la cadena Radio Globo, se abordó el tema de David Castillo y por supuesto de la amnistía.
Participaron “vía zoom”, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y la Coordinadora del COPINH, Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres Flores, asesinada por sicarios la madrugada del 3 de marzo de 2016.
Sobre la intención de los abogados de David Castillo de acogerse al decreto de amnistía número 04-2022, Berta Zúniga Cáceres expresó que la pretensión “constituye un acto repudiable. No existe margen de probabilidad que este decreto de amnistía pueda ser aplicado”.
La defensa de David Castillo estaría amparándose en el inciso a) del decreto denominado “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos No se Repitan”, más conocido como Ley de Amnistía.
Sin embargo, el artículo 4, inciso a), establece que se concederá amnistía general, amplia e incondicional en favor de “ex funcionarios, empleados o autoridades de la administración Zelaya, que fueron víctimas del golpe de estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe y por actos propios del ejercicio de su función pública; procesos que fueron calificados como políticamente motivados”.
“No creemos que eso vaya a progresar porque sería algo descabellado, aunque el sistema de injusticia se mantiene intacto. Espero que ésta acción no vaya a prosperar por el cinismo que tienen estos actores económicos”, indicó Berta Zúniga Cáceres.
Al tiempo que expresó que el fraude cometido por el río Gualcarque y en el que está involucrado David Castillo, revela la conspiración que existió en el otorgamiento de la licencia para el proyecto hidroeléctrico que nunca fue sometido a consulta por el pueblo lenca.
“Exigimos su cancelación porque esa concesión es un insulto a la memoria de Berta Cáceres en su lucha por la defensa de los territorios y violenta los derechos de las comunidades indígenas lencas”, señaló.
Por su parte, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva resaltó que “el decreto es para la no repetición de los hechos, es para los perseguidos durante la dictadura, para los perseguidos políticos que condenaron el golpe de estado y la reelección presidencial ilegal (de Juan Orlando Hernández) y el fraude electoral de 2017”.
Oliva dijo que la amnistía constituye el inicio de aplicación de justicia para las víctimas. ”Que quede claro a los victimarios, que el decreto no es para ellos, es para las víctimas”.
La reconocida defensora de derechos humanos sostuvo que lo que se está haciendo es entrar en un proceso de controversia. Si un juez aplica ese inciso al señor Castillo, va a tener que responder ante los tribunales. Es una obligación que los jueces entiendan que el decreto no es para criminales.
Entendemos la preocupación e indignación del COPINH. Sabemos que lo que se pretende hacer es ilegal, no debe aplicarse ese decreto, no es a él (David Castillo) a quien va dirigido el espíritu del decreto, subrayó.
Oliva denunció que existe la intención de hacer del decreto una chabacanada y de pretender vulgarizarlo. ”Ese es el trabajo para socavar. Empezaron a satanizar el decreto, desde antes de implementarlo, sin mirarlo, colocándolo como un pacto de impunidad”.
“El decreto es para las víctimas, no es para un victimario”, sentenció.
La Coordinadora del COFADEH señaló que no cree que alguna jueza se atreva a otorgar la amnistía a Castillo, aunque en este país son capaces de todo, “pero la intención tiene un mensaje político, que es dividir y confundir a la sociedad”.
Bertha Oliva dijo que se debe resaltar los avances en la aplicación de la amnistía que llevan a cabo las procuradoras de derechos humanos del COFADEH.
Al respecto Oliva se preguntó: ¿Cuántos campesinos y campesinas se están beneficiando del decreto?, ¿cuántos estudiantes y cuántos exiliados políticos están siendo beneficiados?. “Se debe resaltar esto y todo este inicio de justicia”.
Solo para citar algunos casos apuntados por Bertha Oliva, el pasado 25 de febrero El COFADEH presentó en el Palacio Judicial de Santa Bárbara la solicitud de aplicación del decreto de amnistía para dos defensores de derechos humanos y miembros del Consejo Indígena de Las Vegas, Santa Bárbara, criminalizados desde el 2018.
Faustino Enamorado Guillén y su Hermano Ovidio Enamorado Guillén, fueron criminalizados y enviados a la cárcel de máxima tortura en Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, donde estuvieron recluidos tres meses, por oponerse al fraude electoral de 2017 y por realizar fuertes críticas al régimen de Juan Orlando Hernández y a las actuaciones represivas de la entonces alcaldesa de Las Vegas, Tona Audonifia Pineda de Lara.
Se está a la espera de que el Juzgado Seccional de Santa Bárbara, señale fecha para audiencia de extinción de la pena, y así terminar con más de tres años de criminalización y persecución en su contra.
El 10 de marzo de 2022, y tras cuatro años de persecución, el COFADEH, obtuvo la aplicación del decreto de amnistía en favor del exiliado político, y estudiante universitario, Eduardo Urbina.
La suspensión de las órdenes de captura a nivel internacional, se da en la misma fecha que Eduardo fue capturado en Nicaragua, un 10 de marzo de 2018, donde estuvo en prisión, posteriormente fue devuelto a Costa Rica, en donde permaneció varias semanas privado de libertad, hasta que recibió el beneficio de asilado político.
El Ministerio Público lo acusó de incendiar un camión militar, el 15 de diciembre de 2017, en el marco de protestas contra el fraude electoral que impuso a Juan Orlando Hernández nuevamente en el poder.
El 11 de marzo de este año, el diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rafael Sarmiento, daba testimonio de la efectividad del decreto de amnistía, tras lograr que en un breve tiempo, su hermano Javier Fabricio retorne a su patria.
El congresista lamentó que su padre Ulises Sarmiento, no haya podido disfrutar de verse liberado de la persecución política, ya que su progenitor falleció el año pasado. Pese a ello, se le dictó sobreseimiento definitivo post morten.
“El régimen Hernández creaba las pruebas, en el caso de mi familia, allanaron la casa de mi papá y le plantaron dos granadas de fragmentación sobre la cama y en la habitación de mi hermano colocaron municiones prohibidas. Nos hicieron dos allanamientos continuos en días distintos, en el primero no encontraron cosas de origen ilícito, pero en el segundo implantaron pruebas que nos obligaron al exilio”, expuso Rafael Sarmiento.
Sarmiento señaló que “lo que sucedió es una muestra de que la Amnistía Política es para unir a las familias y devolver la dignidad a tantas personas que fueron juzgadas, señaladas y estigmatizadas por el hecho de oponerse al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y rechazar la estructura golpista que implantó una dictadura bajo la bandera del Partido Nacional”.
