Tegucigalpa.- En el programa radial “Voces contra el Olvido” en su emisión del sábado 5 de febrero, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, aclaró que el decreto de Amnistía aprobado por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo, no es un pacto de impunidad como lo han señalado sectores empresariales o el propio Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Bertha Oliva dijo que “debemos aclarar, debemos solicitar a la población que lean el decreto para que puedan entender el espíritu del mismo”.
Si no entienden el espíritu del mismo lógicamente harán comentarios que lejos de tratar de aportar para avanzar, le están haciendo el juego a todo este sistema injusto que se ha venido dando en nuestro país desde el golpe militar de estado, sostuvo.
“Volvemos a repetir desde este micrófono que (el decreto de amnistía) no es un pacto de impunidad. Pero que además COFADEH ni su servidora, van a poner en juego 40 años de trabajo sobre el tema”, enfatizó.
Oliva explicó que el único acervo que COFADEH posee durante estos largos años se afinca en la confianza y la credibilidad que el pueblo ha depositado en el comité.
Nos debemos especialmente a las víctimas y nosotras no hemos acumulado experiencia para vender experiencia. Nosotras hemos estado durante todos estos años porque creemos en la lucha y en el trabajo de la exigencia de verdad y justicia, recalcó.
“Yo les voy a decir algo. El pacto de impunidad que se marcó en 1993, cuando se dio la última amnistía en el país, ese sí fue pacto de impunidad. En esa época trabajamos y se hizo toda una incidencia con los tomadores del poder (partidos políticos, iglesia Católica, Fuerzas Armadas, inclusive con los grupos fácticos, y ellos dieron el beneplácito”, explicó.
Añadió que cuando se aprobó ese decreto de amnistía en esa época, casi nos partieron el alma cuando dijeron que se aprobaba, pero con la mano derecha se amnistió a los perpetradores y con la mano izquierda a las víctimas.
“Esos sí son decretos de impunidad, lo que se dio en aquel momento. Esto no. Deben de entender los que están en contra de esta actividad, que es una nueva forma de construir e implementar el nuevo gobierno. Doña Xiomara Castro, la presidenta, dijo desde un principio que lo iba a hacer y que iba a gobernar con el pueblo”, sostuvo.
(Ella) recogió el clamor del pueblo hondureño y la demanda de la población, porque la única que tiene iniciativa de ley en el Congreso es la presidenta. Por eso es que ese decreto toma de sorpresa a toda esa gente que ha estado acostumbrada a planificar torturas, detenciones arbitrarias, a implementar asesinatos políticos; y ellos mismos, perdonan a unos y dicen darle la libertad a otros.
La Coordinadora General del COFADEH añadió que “este decreto (Número 4-2022) que ya es ley de la República, ciertamente tiene anticuerpos. Los que llevaron a cabo el golpe se han visto sorprendidos porque no se les había pedido permiso y no hubo tiempo para negociar en base a ese decreto asuntos, incluso hasta puestos y cargos, a que han estado acostumbrados a negociar para decir que avanzamos en democracia, pero bajo la mesa, negociar.
Aclaró que el decreto habla de aquellas personas perseguidas políticamente por la dictadura y que desde la mirada de los derechos humanos, hemos tenido sendos informes desde las instancias internacionales donde se condenó y se instó al estado de Honduras a respetar y garantizar la vida y la libertad de las personas.
Oliva colocó como ejemplo sobre cómo se utilizó al sistema de justicia para criminalizar la protesta social y a aquellas personas que se pronunciaron en contra del golpe de Estado.
La reconocida defensora de derechos humanos también se refirió al despido de jueces y de magistrados que se opusieron al golpe de estado de 2009 o que no estaban dispuestos a aprobar leyes ilegales promovidas por la dictadura de Juan Orlando Hernández.
Otro aspecto que resaltó Oliva, fue el hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda del rompimiento del orden constitucional perpetrado mediante un golpe de estado en 2009, contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales.
En la segunda parte del programa de radio, participó el politólogo Martin Wolpod Bosien, quien durante años se desempeñó como director para Centroamérica de FIAN/Internacional, una organización con sede en Alemania que defiende el derecho a la alimentación de los pueblos en el mundo.
La organización FIAN/Internacional trabaja para erradicar las causas que están detrás del hambre y la malnutrición. Lucha contra la violación de los derechos humanos, incide en las políticas públicas de los gobiernos para cambiar leyes injustas y enfrenta los abusos de las corporaciones.
Wolpod Bosien dijo que la experiencia que ha tenido en Honduras data desde 1994, principalmente en temas relacionados a conflictos por la tierra, la lucha por los territorios y los derechos a la alimentación, así como los derechos económicos, sociales y culturales.
El polítólogo destacó que “la criminalización de la lucha campesina existía fuertemente, incluso antes del golpe de estado. La impunidad también. Pero se ha fortalecido, se ha perfeccionado”.
Wolpod Bosien dijo que la represión en contra del campesinado se manifestó fuertemente en el Bajo Aguán. Y como parte de organismos internacionales de derechos humanos, documentamos este caso y lo llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y fue bien visible toda la persecución.
Se estima que más de 3 mil campesinas y campesinos han sido criminalizados por su lucha en defensa de un pedazo de tierra en Honduras.
“Lo que hemos visto es que hay una impunidad total de esta represión, de las torturas, de los asesinatos y eso tiene que acabar. Los retos más grandes de este gobierno es superar esa impunidad, pero también al mismos tiempo, desarrollar políticas diferentes, de soberanía alimentaria y de reforma agraria que respeten los derechos de los campesinos, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI. Todas las comunidades que han luchado y sufrido muchísimo en estos 12 años”, apuntó.
Después de 12 años hay que felicitar a todas las organizaciones de derechos humanos, a todas las organizaciones por recobrar la democracia, hay que celebrarlo. Y lo que me ha impresionado mucho es la capacidad de la juventud. La capacidad de análisis político. La capacidad de luchar, de organizarse, es una cosa que me da mucha esperanza, sostuvo.
El defensor de derechos humanos señaló que los poderes fácticos no han desaparecido en Honduras, y éstos tienen que reconocer que la victoria electoral fue la de Xiomara Castro, y que no tienen ninguna legitimidad para bloquear las nuevas políticas que buscan reconstruir la democracia y transformar el país.
En la parte final del programa radial, Bertha Oliva expresó que todo lo que hasta ahora se ha generado en el país, para poner en jaque al gobierno constitucional, es porque se trata de una mujer la que conduce las riendas del estado.
En el tema central del programa, Oliva señaló que el decreto de amnistía es para evidenciar la forma cómo el sistema de justicia se ha venido utilizando hasta ahora, convirtiendo a las víctimas de derechos humanos, en victimarios. Y que esa ha sido la modalidad en 12 años de dictadura. Por lo tanto el COFADEH buscará que rindan cuentas aquellos funcionarios que desde el estado, cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
El Congreso Nacional que preside Luis Redondo aprobó la noche del miércoles 2 de febrero, la Ley de Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009 y por las personas perseguidas por protestar en el marco de la crisis política de 2017 que fueron criminalizadas.
El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) y vicepresidente Del Congreso Nacional, Rassel Tomé explicó que el beneficio aprobado abarca dos momentos, primero a los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, desde el 2006 al 2009, fecha en que ocurrió el Golpe de Estado; y el segundo lo tiene que ver con las personas perseguidas por protestar en el marco de la crisis política debido a la desobediencia civil y que fueron criminalizadas.
En cuanto a los cuestionamientos esgrimidos por algunos sectores que han calificado la ley de amnistía como un nuevo pacto de impunidad, el congresista indicó que no es así, “la Constitución de la República dice a quienes se aplica este derecho, estamos hablando de los delitos que tienen connotación política, siempre tiene que haber una calificación para que estos casos sean motivados políticamente”.
Tomé añadió que también se busca restablecer los derechos de quienes defendiendo la soberanía, el territorio nacional, el medio ambiente, tal es el caso de Guapinol, donde el mundo entero ha exigido su liberación, pero que eso no ha ocurrido y permanecen privados de libertad desde hace más de dos años.
