Tegucigalpa.- La presión que ejerce actualmente el régimen de Juan Orlando Hernández para validar y legitimar el nuevo código penal publicado en La Gaceta el 10 de mayo de este año, representa una propuesta lesiva para los intereses del pueblo, expresó a www.defensoresenlinea.com la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.
Ninguna dictadura se instala sin planificación, y el código penal que se pretende poner en vigencia en noviembre próximo, fue ideado por Juan Orlando Hernández desde que éste fungió como presidente del Congreso Nacional (CN). “Las raíces de ese código están contaminadas y por lo tanto jamás darán buenos frutos para la nación hondureña”, sostuvo en las últimas horas, la defensora de derechos humanos,
Oliva que también integra la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC), ha plateado sus críticas frente a dicha legislación en diferentes espacios y a través de medios de comunicación nacionales y extranjeros.
La coordinadora del COFADEH expresó que Juan Orlando Hernández, que ocupa la presidencia de la nación ilegalmente, fraguó dicho estamento jurídico, después del golpe de estado de 2009.
Hernández que se desempeñó como Presidente del Congreso Nacional (2010-2014) maniobró para destituir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acción que se produjo en el mes de abril de 2014, en medio de denuncias de la manipulación del voto electrónico y de un informe que no fue aprobado por el pleno de diputados y diputadas, presentado en menos de 24 horas por parte de una comisión investigadora.
Por otra parte el jefe del actual régimen, escogió de acuerdo con sus intereses al Fiscal General Oscar Chinchilla y colocó a un diplomático como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Todo este accionar obedeció a una trama muy bien planificada, hasta contratar a un experto español que trastocó los contenidos normativos del código penal que ahora pretenden poner en vigencia a toda costa, señaló Oliva.
Añadió que más tarde, Hernández burló una vez más a la sociedad civil independiente de este país, (que no está comprometida con el actual régimen) y la entretuvo por largo tiempo para que formulara sus críticas y propuestas, que al final no fueron tomadas en consideración, afirmó Oliva.
Si bien, dijo la Coordinadora General del COFADEH, algunos expertos han rescatado aspectos positivos del código, éstos no fueron discutidos ampliamente en procesos altamente participativos, por lo tanto, todos los sectores de la sociedad hondureña, “no podemos validar ese código penal y demandamos su abrogación”, (lo cual implica
suspender o dejar sin vigor dicha ley).
En el editorial del COFADEH, del 3 de agosto de este año, titulado: Mensaje a los Reyes Midas del Código Penal” y divulgado en el programa radial “Voces Contra el Olvido” se señala que: “… La lista de involución jurídica, particularmente dentro del ámbito del derecho penal, es interminable durante el decenio del golpismo que empezó en junio de 2009 y sigue hasta nuestros días. Es un paquete habilitante del delito, del “dejar hacer – dejar pasar” sin más reglas que la fuerza bruta…”.
Y más adelante apunta que: “…La solución hay que buscarla ahora y después. Un equipo de juristas independientes, no tecnócratas, que no transpiren la lejía gubernamental ni expertos de la ONU o de la OEA que resoplan como activistas de gobierno, hablamos de académicos de respeto que construyan el consenso social sobre el derecho penal actual, y que haya efectivamente una discusión parlamentaria de una nueva iniciativa que represente integralmente a la sociedad…”
Es por todo esto y más, que Bertha Oliva demanda la abrogación de dicho ordenamiento jurídico, “porque lo que necesitamos es un código que sea dialogado, que sea socializado, que sea digerido por la mayoría de la ciudadanía”.
Además debemos de entender en qué momento se ha aprobado y se está discutiendo ese código penal, y debemos ver la mezquindad con la que el régimen trabajó para hacer esa propuesta.
Oliva puntualizó que incluso se aglutinó el espacio denominado Articulación 611 para analizarlo, “pero nunca tuvimos en nuestras manos el texto del código penal que se discutió y aprobó”.
