Tegucigalpa.- La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, analizó en el programa radial “Voces contra el Olvido”, los últimos acontecimientos que llevaron al Congreso Nacional a retirar los decretos de reestructuración de las carteras de Salud y Educación, la violencia permanente desatada por fuerzas policiales en contra de manifestaciones pacíficas en la zona sur y las amenazas que se ciernen para las poblaciones del Golfo de Fonseca con las pretensiones de instalar una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El COFADEH llegó en el año 2007, para verificar y acompañar la lucha de las comunidades de Zacate Grande por sus tierras, acaparadas por familias ricas y poderosas ligadas al poder económico y político del país.
“Llegamos desde antes de existir la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y por eso nuestro reconocimiento público, privado y en cualquier esfera a Pedro Canales, que ha llevado su palabra y esa disposición liberadora para su comunidad, el hacía todo un trabajo en la península, y su liderazgo salió de las comunidades de base de la iglesia católica”, expresó Oliva.
Oliva también señaló que no debe pasar desapercibido lo que están viviendo los sacerdotes de El Triunfo, Choluteca, como es el caso de Florentino Hernández, quien hace unos días, fue suspendido de su labor pastoral, por parte del obispo Charbonneau de la Diócesis de Choluteca.
Mientras que el presbítero Eulogio Alvarez habría recibido la orden de ocupar el cargo de Vicario en la Parroquia de Orocuina. Todo indica que el obispo de Choluteca habría tomado la decisión de remover a los sacerdotes, desde el mes de diciembre de 2018, por presiones de la cúpula de la iglesia Católica y el poder económico; en vista de la decisión de ambos presbíteros de acompañar la lucha del pueblo de El Triunfo, por declarar a su municipio, libre de las extracciones mineras.
“Ahí se trata de dejar huérfano un proceso liberador que se ha desarrollado en la zona sur, específicamente en la comunidad de El Triunfo y ahí estamos, hemos tratado de interactuar con ese problema desde ya ratos, justo con el obispo de la Diócesis de Choluteca, hemos enviado varias notas y tenemos toda una documentación e información; donde nos indica que realmente ahí, se está satisfaciendo al poder económico en el sur del país, quitando arbitrariamente a los padres; porque dejar huérfana a una comunidad que cree en su pastor, es terrible lo que se genera”, advirtió la reconocida defensora de derechos humanos.
Oliva también se refirió al caso del periodista Gabriel Hernández, director y presentador del programa “El Pueblo Habla”, asesinado en Nacaome el 17 de marzo de este año y se preguntó sobre el por qué no se investiga con prontitud, recabando la información desde el Ministerio Público (MP), así como el caso de la agresión que sufrió en la capital, el periodista Denis Andino del canal HCH.
El sur es una bomba de tiempo por varios factores, y ahí está clarísimo que se pretende instalar la primera Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE), y nosotras estamos viendo y documentando las graves y terribles consecuencias para las comunidades, por los efectos de una serie de proyectos extractivos y de energía fotovoltáica que no brindan beneficios a los pobladores, sostuvo la Coordinadora General del COFADEH.
En una llamada telefónica desde la zona en discusión, el defensor de los territorios de la Península de Zacate Grande, Pedro Canales, dijo que al parecer la Isla Exposición, sería el territorio hondureño destinado a la instalación de una ZEDE, lo que implica la expulsión de varias familias que han preservado durante décadas los recursos naturales de la isla.
En agosto de 2017, y sin dar mayores detalles los tribunales de Amapala le comunicaron a 18 familias que abandonaran la Isla Exposición, y que el desalojo estaba previsto para el 1 de enero de 2018.
Bertha Oliva denunció que proyectos como los fotovoltáicos, se han instalado sin consultar a las comunidades, como es el caso de Los Prados en Namasigue, Choluteca, donde se pretende instalar un parque solar. En esta comunidad, líderes comunitarios han sido criminalizados por defender las fuentes de agua y el medio ambiente.
Frente a la voracidad de grupos económicos respaldados por el actual régimen y que buscan la apropiación de todos los recursos naturales del Golfo de Fonseca, en detrimento de las comunidades pobres, no se descarta que Honduras sea blanco de “un litigio estratégico”, ante tribunales internacionales de derechos humanos, advirtió Oliva.
Estamos frente a un modelo privatizador que traerá despojo, desaliento, desarraigo y muerte entre las comunidades que habitan en la Península de Zacate Grande, y municipios más pobres de la zona sur, expresó.
Oliva condenó la brutal represión desatada por el régimen a través de las fuerzas policiales y militares y que en forma sistemáticamente se ejerce contra las movilizaciones pacíficas que se desarrollan miércoles y sábados en Choluteca y Valle, cuyas demandas son casi las mismas que las que se exponen en otros puntos del país.
Por otro lado, la Coordinadora General del COFADEH, apuntó que pese a que las protestas realizadas antes del 1 de mayo en varios puntos del país, lograron que el Congreso, dominado por el Partido Nacional, desistiera de la ratificación de los decretos de reestructuración en los sectores de Salud y Educación, se debe profundizar para desmontar el problema estructural que existe en Honduras.
“La tarea es gigantesca por parte del pueblo hondureño, hay que continuar y no hay que llenarse de triunfalismo, porque podría ser hasta una maniobra estratégica de los poderes, porque qué es lo que se observa por los momentos, que la Secretaría de Educación está pensando en sancionar a los maestros y a todos los sectores que se manifestaron en las calles, señaló Bertha Oliva.
Las poblaciones más pobres de los departamentos de Choluteca y Valle, localizadas en el sur de Honduras, son blanco del despojo de los territorios, la explotación irracional de los recursos, el acaparamiento de tierras y la mayor explotación de energía renovable llevada a cabo a niveles inimaginables, a costa de la salud y la supervivencia de las comunidades y de los recursos naturales del sector.
