Tegucigalpa.- Para abordar el sistema de aplicación de justicia en el país, la condición de vulnerabilidad que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos y otros temas, comparecieron al programa de radio “Voces contra el Olvido”, el líder sindical Carlos H. Reyes y la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, ambos integrantes de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC).
Recientemente funcionarios de la ex administración del dictador Juan Orlando Hernández, acusados de supuestos actos de corrupción, fueron favorecidos por los tribunales de justicia. El hecho se produjo en diciembre de 2022.
Los ex funcionarios Gabriel Rubí, Mirna Luz Romero y Nery Cerrato, recibieron sobreseimiento definitivo en el caso de la compra directa de una sala de aislamiento móvil para la atención de pacientes con covid19 en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. La compra representó para el estado la erogación de más de 5 millones de lempiras.
Al respecto Bertha Oliva dijo que el tema de la falta de aplicación de justicia se agudizó en los últimos 12 años.
“Siempre hemos dicho que en Honduras hemos perdido el estado de derecho, aunque nunca lo hemos tenido para disfrutar y estar protegidas por el sistema de justicia”, sostuvo.
La Coordinadora General del COFADEH señaló que los entes encargados de aplicar justicia están de alguna manera coludidas con las acciones que han puesto en precario la credibilidad del país.
Oliva aseguró que esta situación coloca en altos niveles de vulnerabilidad a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Si no se cambia la Corte Suprema de Justicia, los que manejan los actuales tribunales y el Ministerio Público (MP) así como una profunda transformación de la Secretaría de Seguridad, no se habrá logrado avances sustanciosos orientados a proteger el bien común y el bien privado, advirtió.
La tarea es recuperar el estado deshecho y eso pasa por recuperar toda la institucionalidad. Si no hay justicia en nuestro país lógicamente cada vez más el derecho que tenemos como pueblo a conocer la verdad y la aplicación de justicia en temas de derechos humanos, no se podrá lograr, y eso incluye a quiénes se les ha negado desde hace cuarenta años, como son los familiares de los detenidos desaparecidos por razones políticas, acotó.
Este año varios defensores de derechos humanos han sido víctimas de amenazas y ataques. Todos los casos han sido denunciados por el COFADEH. Entre éstos se encuentran Marlon Calles y Ermín López de La Paz, Oscar Henríquez de Lempira y Pedro Pinto de Ocotepeque.
Aunado a esto se registró a inicios de este año la muerte violenta de 2 defensores de los ríos San Pedro y Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Los ambientalistas asesinados fueron identificados como Alí Domínguez y Jairo Bonilla, ambos residentes en la comunidad de Guapinol.
Al respecto Bertha Oliva dijo que también en los departamentos de Olancho y Santa Bárbara se han registrado serias amenazas y situaciones de vulnerabilidad dirigidas hacia defensores y defensoras de tierras y territorios.
Oliva subrayó el hecho de que el país se encuentra en un gobierno de transición y que en este aspecto, aquellos que diseñaron una política de exterminio y criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra opositores a la dictadura, que componen una estructura que operó estos 13 años, aún no ha sido desmontada.
“La situación sigue siendo bastante vulnerable y sigue siendo incierta, por eso hablamos de grandes desafíos donde hay que tener ojo de águila para saber cómo se están dando los hechos, quiénes y cómo están generando estos niveles de ataques”, apuntó.
Sobre el asesinato de los defensores ambientalistas de Guapinol, Bertha Oliva expresó que “desde que supimos de la noticia, condenamos el hecho y además exigimos que se investigue, y queremos confiar en ese proceso de investigación para que se refleje qué es lo que está detrás y quiénes fueron los autores materiales”.
La defensora de derechos humanos demandó la protección del gobierno de Xiomara Castro para los defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en alto riesgo.
Lo que opera en el país es una “justicia selectiva”, porque mientras libera a algunos que roban del erario público con el actual código penal, por otro lado a los que tienen una misión de proteger los derechos humanos y de acompañar los procesos de liberación, son criminalizados, recalcó.
“Creo que desmontar el actual sistema de justicia es nuestra mayor apuesta para que podamos sentirnos todos y todas seguras”, dijo la coordinadora general del COFADEH.
Sobre este tema Carlos H. Reyes expresó que el hecho que los defensores no encuentren seguridad sino más bien acusaciones en los tribunales de justicia, obedece a que “todavía no se ha desmontado el sistema dictatorial que se impuso en Honduras a partir del golpe de estado de 2009”.
Y por otro lado estamos viviendo en estos últimos días una “diarrea judicial”, en la cual se está protegiendo a toda una serie de personajes corruptos y que al mismo tiempo tienen en los tribunales de justicia acusaciones, para salvarlos y dejar la situación del país en una indefensión frente a toda esa gente.
Entonces no se atienden las denuncias de los defensores y defensoras de derechos humanos ante la institucionalidad porque ésta nunca la hemos podido recuperar, aseguró el líder sindical.
En mayo de 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción catalogó al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta y al Fiscal General, Oscar Chinchilla como “el dúo de la impunidad”.
El señalamiento directo se produjo durante el “Foro Internacional Estructuras Criminales detrás de la captura del Estado”.
En aquella oportunidad la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos dijo también que ambos funcionarios habían servido como “tapaderas de la corrupción y el narcotráfico”.
En otro apartado de su intervención y relacionada a la administración del ex dictador Juan Orlando Hernández, la directora del CNA subrayó que “no se trata solo de un ex presidente que llegó dos veces al máximo poder y desde ahí operó su red criminal, ese padre de la corrupción y también del narcotráfico, partió en un vuelo sin retorno dejando en Honduras un par de funcionarios ligados a la red criminal, hoy presentada, quienes han encabezado los dos órganos encargados de investigar, perseguir y condenar el delito”.
Finalmente en torno a la opinión editorial del COFADEH, titulada: “El diálogo estratégico que propone Estados Unidos”, y que tiene que ver con una reciente reunión entre la presidenta Xiomara Castro con funcionarios de alto nivel de diferentes agencias estadounidenses relacionadas al narcotráfico, cooperación, lucha anticorrupción, cooperación y defensa, Carlos H. Reyes señaló que se observa una política distinta de Estados Unidos respecto a Honduras.
Reyes recalcó sobre lo que llamó “un tono distinto” mostrado en el diálogo estratégico por la nación del norte, muy distinto del registrado el año pasado por parte de la embajadora Laura Dogu, y que fue catalogado por el gobierno de Xiomara Castro como “injerencista”.
El líder sindical dijo que lo prometido por Estados Unidos en ese diálogo no sacara al país del subdesarrollo, de la pobreza, del atraso impuesto por un sistema capitalista y de la dependencia de Honduras de la nación del norte.
Reyes subrayó en el hecho de que a Honduras se le ha impedido establecer relaciones con China, “porque históricamente ha sido el gendarme de los gringos en el área centroamericana y por la hegemonía que ha tenido Estados unidos sobre nuestro país”.
Por su parte Bertha Oliva comentó que el tema de la memoria histórica sobre las desapariciones forzadas, no se ve reflejada en el diálogo sostenido recientemente entre Honduras y Estados Unidos.
“La memoria educa. La memoria sirve para tratar de no permitir que se repitan los mismos hechos y eso lo ven con muy poca importancia”, acotó.
Oliva resaltó también que el lenguaje sostenido en el diálogo fue totalmente diferente. “Se ve que tienen toda la intención de hacer sentir que están viendo de forma diferente a la actual presidenta y su gobierno”.
Pero nosotras debemos decir que no debemos confiar en el lenguaje. Debemos ser más auditoras y monitorear las actuaciones que se implementen desde ahora, sostuvo finalmente Bertha Oliva.
