Por Marpa
Tegucigalpa.- “Tenemos clarísimo que nos faltan muchos esfuerzos y por eso estamos acá, porque Honduras en su totalidad está siendo violentada y en todas las dimensiones. El derecho a la manifestación en todo el país ha sido violentado”, dijo la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia temática realizada el miércoles 25 de septiembre en Washington, Estados Unidos, titulada: “Violencias en las Protestas Sociales” en Honduras.
Ha quedado plasmado en esta audiencia el uso excesivo de la fuerza que ejerce el régimen de Juan Orlando Hernández en contra de las manifestaciones pacíficas en Honduras, así como el uso excesivo de la aplicación del derecho, resaltó la destacada defensora de derechos humanos.
Oliva comentó que tanto los defensores de la tierra y el agua de Guapinol así como el joven docente, Rommel Herrera fueron enviados inicialmente por orden de un juez a la Penitenciaría Nacional, pero que luego fueron secuestrados.
“Sus familiares, sus amigos y sus parientes en ambos casos, hasta después de 24 horas nos dimos cuenta de a dónde habían sido trasladados; o sea, esa es la forma de la militarización que nos preguntaban, la forma abusiva y desproporcional con que se ventilan estos casos por parte del estado”, apuntó Oliva.
Tenemos clarísimo que nos faltan muchos esfuerzos y por eso estamos acá, porque que Honduras en su totalidad está siendo violentada y en todas las dimensiones, el derecho a la manifestación en todo el país ha sido violentado, dijo.
En cuanto a la situación de los menores de edad, Bertha Oliva comentó que tenemos menores torturados, tenemos menores criminalizados; tenemos jóvenes criminalizados por manifestaciones, y ese es el uso abusivo y excesivo del sistema judicial. Tenemos jóvenes asesinados en estos últimos tiempos, entonces esa es la propuesta que nosotros colocamos en esta mesa que el tema de derechos humanos, si bien es cierto, se debe tratar con toda la legalidad, pero también se debe tratar con toda la celeridad que Honduras amerita.
“Nosotras aquí colocamos nuestras alertas, nuestras preocupaciones porque todos y todas las defensoras de derechos humanos, los que defendemos territorio, los que defendemos recursos naturales, los que luchan por un pedazo de tierra, están siendo severamente criminalizados”, advirtió ante la CIDH.
Oliva también colocó el caso del joven docente Rommel Baldemar Herrera, que está privado de su libertad en la cárcel de máxima tortura conocida como la Tolva y del cual expresó que es un “preso político” del régimen, víctima de un falso positivo.
En la audiencia la Coordinadora General del COFADEH reiteró su posición de que Honduras no es un estado democrático, no es un estado de derecho, sino un “estado deshecho”, destruido por una narcodictadura.
Por su parte la abogada Marta Dubón expuso su preocupación en torno a la implementación del nuevo Código Penal que entraría en vigencia en noviembre de este año, pero que ha tenido diversos cuestionamientos de la sociedad civil, el sector empresarial, partidos políticos y del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La preocupación es sobre los tipos penales establecidos, y en el marco del contexto de esta audiencia, hay 3 tipos penales que nos preocupan, uno es el de manifestaciones ilícitas en su artículo 553, también está la asociación para delinquir en el artículo 554 y la asociación terrorista en el 587”, señaló la profesional del derecho.
Dubón dijo que estos son tipos penales que no están claramente definidos, tienen unos conceptos muy subjetivos que no se definen claramente, además, contravienen lo establecido en el artículo 79 de la Constitución de la República de Honduras; donde nos establece ese derecho a manifestación pacífica.
Al respecto, Juana Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), citó el caso de los defensores del agua y la vida de la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, de los cuales 7 compatriotas que luchan contra la minería, han sido criminalizados y guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad, conocida como La Tolva, al oriente del país.
Esquivel apuntó que este es un caso en el cual el estado de Honduras, a través del Ministerio Público (MP) ha hecho “un uso fraudulento contra los defensores acusándolos de asociación ilícita y juzgándolos en un tribunal de jurisdicción nacional, mismos que han sido creados para tratar crímenes de alto impacto y acciones del crimen organizado, y otros tipos de delitos que no tienen nada que ver con el ejercicio de defensoría de los defensores de Guapinol”.
Estuvieron presentes en la audiencia, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Tritiño, Joel Hernández, primer Vicepresidente (Relator de la CIDH para Honduras), Flavia Piovesan (Relatora sobre varios temas) y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Por parte del estado de Honduras, asistieron: Nelson Medina, Estela Cardona, Sagrario Prudot y Marcela Castañeda.
Y por la sociedad civil de Honduras, tuvo participación la Coalición contra la Impunidad (CCI), a través de la abogada Marta Dubón, Bertha Oliva y Mery Agurcia del COFADEH, Celeste Espinoza del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Eleana Borjas por Radio Progreso y por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Juana Esquivel del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa y la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Karla Paz de Caritas, Karina Sánchez por Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y una representante de Amnistía Internacional.
