Tegucigalpa.- La Corte de Apelaciones de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juez de Letras de esa ciudad, en la cual decretó auto de prisión por el delito de asesinato en su grado de complicidad a José Isaí Melgar Cortez, modificando la Corte ésta resolución, resolviendo decretar un auto de prisión por el delito de asesinato en su grado de autoría.
Esto en el caso del líder indígena y comunicador social Pablo Hernández, asesinado el 9 de enero de 2022 en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Santos Marcos de Caiquin, departamento de Lempira.
José Isaí Melgar Cortez fue capturado el 9 de junio durante una serie de allanamientos que agentes de tribunales del Ministerio Público, con el acompañamiento de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Nacional Preventiva, ejecutaron en la aldea Tierra Colorada.
Ante esta resolución, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, señaló que para nosotros el tema de acompañar a los familiares de las víctimas y a las víctimas, es en procura de justicia, lo esencial es la aplicación de justicia y con eso la búsqueda de la verdad, sin verdad no hay justicia y es lo que nos ha ocupado en el caso de Pablo Hernández.
La Coordinadora General del COFADEH, organización que acompaña legal y psicológicamente a la familia de Pablo Hernández, añadió que, en este caso, se ve con mucha precisión y claridad las denuncias y el testimonio que dio, siempre lo focalizó en la persona de la autoridad local de su comunidad.
“Es una persona con mucha autoridad y con mucho poder, es la autoridad local, eso fue la razón, porque nosotros acompañamos a Pablo a colocar denuncia a ante las autoridades correspondientes, mejor dicho, ante el Ministerio Público, solicitando se investigara lo allí denunciado, para evitar cualquier atentado.
A renglón seguido señaló que “lejos estábamos de imaginar que podían ser capaz de asesinarlo, a Pablo Hernández, porque un defensor de derechos humanos, una persona de fe, de lucha, de capacidad comunicacional, capacidad organizativa, y de búsqueda de mejora de su comunidad y su gente, pues uno piensa que jamás alguien puede estar preparando un asesinato”.
Añadió que el tema aquí es que en el caso que estamos hablando, el Ministerio Público no hizo ninguna investigación antes del asesinato como lo solicitó la víctima.
Después del asesinato del líder indígena, no habido ningún proceso serio que nos indique que sirvió de base lo denunciado por Pablo Hernández, más aún, sabiendo que no tenía ningún enemigo en la comunidad, que lo que tenía eran aliados, no se inició proceso de investigación, si no que se abrió juicio y se detuvo a uno de los gatilleros” añadió la defensora de los derechos humanos.
Asimismo dijo que está claramente establecido en el caso que fue él que acompañó y que era parte del equipo que se había buscado para asesinar a Pablo.
“Por supuesto que eso si, nos preocupa, yo no estoy en ningún momento diciendo que ha habido un gran logro, más bien hay un logro oficial de impunidad, porque como no se ha investigado lo que Pablo señaló, a intelectuales de su vulnerabilidad que tenía, y al final esos niveles de vulnerabilidad que él denunció, se cumplieron en la ejecución y asesinato”.
Agregó que “a mí me queda claro en esto que el sistema sigue operando a favor de los que tiene poder económico, poder político y que están vinculados con el crimen organizado”.
Berta Oliva es del criterio que hay una estrategia dentro del sistema de justicia en el país de proteger a los que tiene poder y a la gente que tiene poder económico, y especialmente a las fuerzas militares.
“Nosotros estamos clarísimas en eso y uno esto no es que lo percibe, que lo ve, porque nosotros no estamos hablando de dicen que me dijeron, estamos hablando de acompañamiento de casos, cuando se trata de proteger y dejar fuera de responsabilidad a personas que tiene algún poder, que tienen rango y posición económica, si hay protección absoluta”.
En este caso de Pablo la lógica nos indica que son gatilleros de la zona, pues son gatilleros, el gatillero no tiene quizás va a estar asegurado que le van a poner abogados y que dentro de poco va a salir, pero la denuncia de Pablo quedó en el aire.
Nuestra pretensión es que se continúe avanzando y que se haga requerimiento en contra de las personas que planificaron, o sea los autores intelectuales que Pablo denuncio y que ellos iban a ser los que iban a provocar cualquier atentado contra él, agregó Oliva.
Expresó que “si uno lleva a un militar ya de Comisionado para a arriba, sub o un policía o militar, es asunto perdido, aunque uno sepa que allí están las pruebas, se la cambian y tipifican el delito, que son muertes imprudenciales, que son vejámenes para que les caiga la minoría de años posibles, que puedan hacer su defensa en libertad, cuando no pueden ocultar la participación de estos por eso es que el sistema de justicia es vital que se revise e iniciando desde el Ministerio Público.
La coordinadora de COFADEH finalizó diciendo que es importante que se revise toda esa poca ejemplar, actuación que han tenido desde hace mucho tiempo, porque aún los casos siguen la misma tónica que cuando estaban en plena dictadura.
“Porque los fiscales son los mismos, porque los que tiene el control de la prueba es el Ministerio Público y no han cambiado, y van a tratar de proteger a los responsables políticos, económicos y militares, porque la estructura que gobernó por más de doce años en el país está intacta, falta solo la cabeza.
Pablo era un reconocido líder indígena lenca, así como dirigente político de la oposición desde el golpe de Estado del 2009, por lo que fue un constante objetivo de persecución y amenazas por parte de las autoridades locales que querían que el comunicador dejara de denunciar todos los atropellos que eran cometidos en contra de la comunidad y que él jamás cayó. Además, defendía y promovía los derechos de su pueblo desde diversas plataformas.
Era director de la Radio Comunitaria Tenán, alcalde Mayor de la Auxiliadora de la Vara de Alta de Caiquín, presidente de la Red de Agro ecólogos de la Biósfera Cacique Lempira, miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del departamento de Lempira y además promovía la creación de la Universidad Indígena Lencas y de los Pueblos.
El COFADEH, en este caso, espera que se logre una verdadera justicia, no solo juzgando a los hechores materiales, sino también a los intelectuales del crimen que conmocionó todo un pueblo.
