Tegucigalpa.- Honduras se ha convertido en un país peligroso para los defensores de derechos humanos, ya que actualmente se encuentra gobernado ilegalmente por un régimen dictatorial, que constantemente está violentando los derechos humanos de los hondureños, criminalizando y encarcelando a quienes los defienden.
Un claro ejemplo de criminalización a defensores lo vimos en el 2017, donde a raíz del fraude electoral del 26 de noviembre de ese mismo año, dejó varias personas presas políticas y criminalizadas por estar en contra del fraude electoral y defender sus derechos y los del pueblo.
Los defensores de derechos humanos con los que más se ha ensañado el régimen es con los de Las Vegas, Santa Bárbara, que fueron recluidos en una cárcel de máxima tortura, disfrazada de cárcel de máxima seguridad.
Esto como represalias hacia ellos para contrarrestar las violaciones a los derechos humanos por parte de las personas que están en el poder.
Un grupo de pobladores del municipio de Las Vegas se unió para defender y velar por los derechos humanos de la población que se encontraba desamparada, pero ni ellos se han salvado por ser defensores de derechos humanos, también fueron criminalizados y enviados a cárceles de máxima tortura por meses.
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, expresó que “yo creo que es de vital importancia hablar sobre esta situación desde los defensores de Santa Bárbara y de algunos más que otros de ese departamento, no solo es preocupante, también es alarmante la situación y lo que alarma más es la indiferencia de los pueblos”.
Oliva continuó diciendo que la cárcel de máxima tortura conocida como El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, les genera mucha inseguridad a los defensores de la zona, por eso los defensores tiene tanto riesgo y a demás no es un riesgo inventado a manera de prever, es un riesgo grandísimo a tal grado que allí hay un joven desaparecido en la comunidad de Las Vegas, y esa comunidad es una de las que está siendo seriamente amenazados, pese a que en algunos de los casos hemos empezado a tener control desde COFADEH”.
Asimismo dijo que se ha estado usando el sistema de justicia para intimidar y desacreditar a los defensores para evitar hacer defensa de la población, se ve que hay una intencionalidad de inhabilitar a los defensores de derechos humanos de Santa Bárbara y han estado haciendo uso del sistema de justica con algunos de ellos y los están amenazando también.
“Hasta ahorita no se puede decir que es puramente por inseguridad, si no que su actividad de defensor de derechos humanos se las han criminalizado; ellos están sintiendo niveles de riesgo, lo peor que cuando hay una demanda y un sistema de justicia implacable con los defensores, haciendo requerimientos fiscales sin antes hacer un levantamiento de que la gente conozca el accionar de ellos”.
Finalizó diciendo que Santa Bárbara toda esta en riesgo, pero específicamente el municipio de Las Vegas, está amenazado, por que las personas conocen sus derechos y por ende exigen que se les respeten.
Los defensores de Las Vegas, Faustino y Ovidio Enamorado Guillen, junto a otras 29 más, fueron acusados de la quema de la Alcaldía, hecho ocurrido el 18 de julio de 2018, y se dictó orden de captura, pese a no tener ninguna prueba de su participación en el hecho.
A pesar que se comprobó que los hermanos Enamorado Guillen son defensores de derechos humanos fueron encarcelados por varios meses en la cárcel de máxima tortura conocida como El Pozo.
Cabe señalar que las primeras capturas se dieron el jueves 30 de agosto de 2018, donde 12 personas fueron detenidas, de las que tres de ellas (mujeres) se les dio medidas distintas a la prisión, es decir que se pueden defender en libertad. Los nueve restantes (hombres) fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, donde permanecieron alrededor de cuatro meses y ahora tiene las mismas medidas que las tres mujeres.
Aunque estas personas están en libertad, aún pesa sobre ellos un proceso judicial en su contra, por lo que pasan a la lista de criminalizados y de presos políticos durante la crisis post electoral del 26 de noviembre de 2017.
