Tegucigalpa, Honduras.- Han pasado cuatro décadas de un silencio cómplice con la impunidad, entre cambios de gobiernos y partidos políticos, pero los mismos actores que implementaron la Doctrina de Seguridad Nacional, en la década de 1980, que causó la desaparición forzada de más de 184 personas en el país.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde 1982 mantiene el tema en la palestra pública, pese a los ataques constantes para acallar las voces de madres, esposas, hijos, amistades y compañeros de las víctimas de lesa humanidad.
El 8 de mayo el tema será presentado nuevamente en el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el objetivo de que cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU rindan un examen sobre la situación de los derechos humanos en el país, para evaluar la situación de derechos humanos de los 193 países miembros.
Previo al EPU, La Coalición Contra la Impunidad, presentó hoy, en el Foro “Honduras frente al Examen Periódico Universal (EPU) 2020, los “Hallazgos y recomendaciones desde la sociedad civil”, el primer panel, Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, expuso sobre el informe de las recomendaciones priorizadas del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
Expresó que, el Estado en un momento reconoció 184 personas desaparecidas, pero no son 184, la cantidad es mayor. Sin embargo, El Estado las reconoció, no porque había una ´política de Estado, sino porque un atrevido Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Leo Valladares), de esa época (1994).
La historia de la desaparición forzada aún no se cuenta, aún no se audita, reiteró Oliva, porque tenemos miedo y tienen miedo los represores a descubrir la verdad. Esta es una deuda histórica a la que deberíamos asumir cada ciudadano, que somos coherentes con la verdad y con la exigencia de justicia.
Durante su ponencia, agregó que, “Estoy pidiendo que tengamos memoria histórica y que lo que estamos viviendo hoy es porque el pasado no se ha resuelto en temas de desapariciones forzadas”.
Trabajemos con la memoria para evitar y colocar en debates públicos el pensamiento libre de los que hoy no están con nosotras. Berta Oliva
Asimismo, hizo un llamado a trabajar por el tema de las desapariciones forzadas en un país donde está seriamente atemorizado, y hoy sigue siendo atemorizado porque lo que se pretende es borrar la historia y la memoria para la continuidad de los delitos.
Lógicamente eso va impregnado de lo que es toda una estrategia de impunidad.
Oliva afirmó que, meter miedo colectivo es el trabajo de los opresores, pero si levantáramos nuestras voces en colectivo para traer el pasado al presente y así construir futuro, el tema de la desaparición forzada debería ser materia obligatoria, no de las familias, no de los familiares, sino de todos los que creemos realmente en un mundo con justicia es posible. Y eso no lo hemos logrado, siguen los casos totalmente en la impunidad, pero desde la instancia que impulsamos nos sentimos derrotados, al contrario.
La defensora de derechos humanos y sobreviviente a la Doctrina de Seguridad Nacional, compartió que, “Hemos hecho camino y escuela en el tema de los derechos humanos, porque no le hemos puesto el manto del olvido y no nos hemos acomodados a lo que quieren que nos acomodemos”.
“Estamos libres. Estamos Pensando y además construyendo, acompañando, edificando con dignidad”, expuso Oliva.
De cara al EPU, yo pediría que miren a Honduras, que el problema de la impunidad, de los muertos, de los asesinados, el de los exiliados políticos, los torturados de hoy, es porque aquí se ha dejado que la impunidad se consolide.
COFADEH ha tenido en los últimos tiempos, casos que ha podido llevar ante el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Muestra que la impunidad continúa porque el Estado facilita cualquiera de las recomendaciones que sean de tipo material “pero lo que nosotros deseamos que conozca el pueblo para que no se repita, como es verdad y justicia, eso está en pañales y le tenemos miedo todavía”, continuó Oliva.
Denunció que, a las esposas de los desaparecidos y a las madres, pero ella hoy como esposa de un detenido desaparecido (Tomas Nativí-1981), no las consideran como víctimas, “y somos mujeres que amamos, luchamos, criamos, construimos, que sobrevivimos, pese a que ese concepto está reconocido universalmente”.
De conocimiento en el EPU: Impunidad en casos de desaparición forzada
La desaparición forzada de personas en Honduras, en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (1980-1994) tuvo el carácter de una práctica sistemática y generalizada llegando a configurar un crimen de lesa humanidad. A pesar de la magnitud que alcanzó esta práctica, el Estado de Honduras no ha logrado dar respuesta de manera integral a esta problemática, existiendo algunos avances -aunque insuficientes-, en materia de investigación y recuperación de restos óseos de cementerios clandestinos.
En el Año 2012 se modificó el Código Penal de Honduras para incorporar el delito de desaparición forzada, cuya redacción no se ajusta a los estándares internacionales. El 10 de mayo de 2019, fue publicado el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en mayo de 2020, contiene un capítulo que busca adecuar la legislación penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para sancionar los crímenes internacionales, entre ellos la desaparición forzada, cuando son cometidos como delitos contra la humanidad.
La Desaparición Forzada de Personas está contenida en los artículos 140, 141 y 142. La definición contemplada no es concurrente con los estándares interamericanos y los universales del delito de desaparición forzada. Las circunstancias agravantes y atenuantes no se ajustan a los estándares internacionales. Y las penas son bajas en relación con el delito.
A 37 años de iniciado el fenómeno 1980-2019, la mayoría de los familiares de las víctimas de desapariciones aún no han obtenido respuestas ni conocen el paradero final de sus seres queridos. Los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público entre el año 1995 y 2002 han sido insuficientes para dar respuesta a ésta problemática, solo cinco casos fueron judicializados. Y en la actualidad este proceso se encuentra inactivo.
