Tomado de www.coolt.com
En 1981, en un clima de represión institucional en Honduras, Tomás Nativí, un profesor de 34 años, fue detenido en su casa de Tegucigalpa junto a un amigo por unos encapuchados. Su esposa, Berta Oliva, por entonces embarazada, no volvió a saber de él. Al año siguiente, junto a otras personas que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias similares, fundó el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh). Desde entonces, ha trabajado al frente de este organismo para obtener justicia y promover la salvaguarda de los derechos humanos en el país.
A su paso por Buenos Aires para recibir el premio de la Fundación Mignone, Oliva (Caserío de Toro, 1956) se da un tiempo para hablar con COOLT de la actual situación política de Honduras. Pausada, tranquila y muy clara al hablar, la coordinadora general del Cofadeh explica cuáles son los desafíos del Gobierno que preside Xiomara Castro, y señala cómo la actual Administración hondureña se ha tenido que enfrentar al narcotráfico y los escuadrones de la muerte que funcionaron desde los años ochenta hasta el golpe de Estado de 2009 y durante los mandatos de Juan Orlando Hernández (2014-2018).
– ¿Cuáles son los principales desafíos de Xiomara Castro como presidenta de Honduras?
– Los retos y desafíos son enormes porque hay una sociedad hondureña demandante e involucrada en el proceso de la obtención del poder. Después de 13 años de permanente dictadura, el país se encuentra en un estado altamente deprimido en todas sus áreas. Por ello, este es un Gobierno de transición, que puede traer fuertes desencantos. Sin embargo, creemos que debemos apoyar en lo que se pueda a fortalecer el Estado de derecho y a defender los derechos humanos. Hasta ahora, la presidenta no ha propuesto una política de Estado en derechos humanos, pues tiene fuertes limitantes, como por ejemplo, que durante 2022 el poder judicial ha operado al servicio de la dictadura y ha hecho un linchamiento de los demandantes de justicia las últimas décadas. En este sentido, pensamos que es el momento de hacer propuestas que cambien las estructuras que les puedan servir a las próximas generaciones. Debemos tener leyes que realmente favorezcan los derechos humanos, ya que si estos no se respetan no hay posibilidades de construir una democracia. Cuando hablamos de que este es un Gobierno de transición es porque lo vemos débil, pues las estructuras criminales, que están en todas las instituciones, no se han podido desmontar y siguen operando con escuadrones de la muerte.
El otro gran desafío es cómo llegar a acuerdos políticos con los otros poderes políticos del Estado. Observamos con preocupación lo que acabamos de vivir en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hubo una estrategia mediática para demostrar que desde los poderes legislativo y ejecutivo no había interés en generar cambios en el poder judicial, y en realidad es todo lo contrario, los que no quieren hacerlo son los mismos que aún lo controlan. Además, los opositores al Gobierno querían usar el sistema de justicia para que el partido en el poder, Libre, quedara desafiliado. Esto demuestra que va a costar mucho desmontar las prácticas nefastas que tenemos en países como el nuestro.
– Hace un momento habló de los escuadrones de la muerte que operan en Honduras. ¿Cree que son los mismos que estaban presentes en los años ochenta y que intervinieron en el golpe de Estado de 2009?
– Cuando se dio el golpe militar en 2009, advertimos que Honduras se estaba usando como laboratorio para que se continuaran este tipo de hechos en otros países. Al acompañar a los familiares de las víctimas de la represión en ese momento, vimos que atrás del golpe estaban operando las mismas estructuras que lo hicieron en los ochenta. No habían cambiado la metodología, lo que había cambiado eran algunos rostros, pero no todos. Ahí se vio claramente la participación de agentes reconocidos del Batallón de Inteligencia 3-16 de los años ochenta dirigiendo acciones muy graves en contra de la resistencia social que se lanzó a las calles. Eso nos hizo confirmar que las estructuras están intactas y que lo que se dio en 2009 es producto de lo que vivimos en los ochenta. Como hay una deuda pendiente, como ninguno de los Gobiernos anteriores ha demostrado voluntad política para resolver lo que pasó en décadas anteriores, lo que vivimos en los ochenta sigue siendo caldo de cultivo para la continuidad de la impunidad.
Mientras el pasado no se revise y la Justicia no alcance a los perpetuadores de graves violaciones a los derechos humanos como la práctica de la desaparición forzada por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, estos hechos se van a repetir. Toda esta gesta del crimen organizado y la estructura criminal que opera y que no ha sido desmantelada ha convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y del medioambiente. Eso puede desestabilizar la estrategia de respeto a los derechos humanos que tiene el Gobierno actual.
– Decía hace un momento que Honduras en 2009 fue usado como el laboratorio para dar otros golpes de Estado en la región, pero no es la primera vez que padece de esta situación. En 1954, sucedió con el putch a Jacobo Árbenz en Guatemala, y en los años ochenta se albergó y entrenó a la Contra nicaragüense.
– Como sobrevivientes y familiares de víctimas hemos entendido que nunca hemos estado solas. Nuestro accionar se ha articulado con diferentes organizaciones del continente y de otras latitudes. De igual manera, la mirada de los grupos de poder económico y los intereses del imperio norteamericano cuando decidieron echar a andar el Plan Cóndor en el Cono Sur, de la mano de las dictaduras de esa región, era que este llegara hasta Centroamérica, y no lo hicieron solos, sino que se apoyaron en sus aliados de América Central. En los años ochenta, Honduras puso su tierra a disposición del imperio norteamericano, que instaló la base militar de Palmerola. En nuestro territorio se entrenaron la Contrarrevolución nicaragüense; una parte del Batallón Atlácatl, de El Salvador; y los Kaibiles, de Guatemala. Además, estuvieron los asesores militares argentinos —en el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en la ciudad de Trujillo—, para entrenar a los ejércitos irregulares de la región y combatir a las guerrillas centroamericanas. Sin embargo, los focos no estaban dirigidos a Honduras, sino a lo que pasaba en Nicaragua, pues los estadounidenses y sus aliados querían destruir el proceso revolucionario nicaragüense y luego el salvadoreño y el guatemalteco.
En 2009, lo que se vio claramente con el golpe, es que querían imponer e instalar mediáticamente una sucesión presidencial para quitar del poder a Manuel Zelaya porque supuestamente era un presidente comunista, que no estaba haciendo nada, pero el pueblo hondureño se resistió durante meses en la calle condenando y exigiendo el retorno del orden constitucional.
– En 2021, Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– El golpe de Estado en 2009 instaló un cartel en todo el país. Juan Orlando Hernández había tomado el control del Gobierno. A su hermano lo había colocado como congresista en el momento en el que lo detienen en Estados Unidos, y los norteamericanos se llevaron a Juan Orlando 15 días después de haber entregado el poder para que rindiera cuentas sobre los negocios de narcotráfico en los que también estaba involucrado. Tanto el expresidente como su hermano se han enfrentado a juicios ante los tribunales estadunidenses y por ende se encuentran en cárceles de ese país. Esto es una muestra de lo que nos ha tocado vivir como pueblo, por eso debemos buscar la verdad que se nos ha ocultado desde hace muchos años, especialmente desde los años ochenta, con la práctica de la desaparición de forzada.
– Hábleme de la fundación y los orígenes del Cofadeh.
– Los orígenes del Cofadeh surgen por la negación de justicia, las violaciones graves a los derechos humanos y la puesta en práctica de la desaparición forzada. Las fundadoras somos 12 familias a las que nos habían afectado al secuestrar a nuestros seres queridos. Nosotras entendimos que había que crear un espacio en conjunto para alzar la voz. En mi caso, soy sobreviviente y familiar de un detenido desaparecido: mi esposo, Tomás Nativi, fue secuestrado, junto a un amigo, Fidel Martínez, en nuestra casa, y yo fui testigo. A Cofadeh le costó tener la personalidad jurídica porque las autoridades negaban la existencia de la desaparición forzada. Nos tildaban de viejas locas y mujeres sin quehacer. Hemos sufrido serias persecuciones y muchas agresiones. Hemos resistido campañas de odio y de desprestigio. Pero, nunca nos ha interesado cómo nos miran los enemigos. Nos ha interesado saber y conocer el paradero de nuestros seres queridos, por eso hemos resistido más de 40 años. Nuestro objetivo ha sido claro desde el principio: luchar contra la impunidad.
– ¿Qué posibilidades hay de que se abran los archivos históricos y militares en Honduras para saber lo que realmente pasó con los desaparecidos?
– Esa es la lucha. Debemos hacer ese esfuerzo. Argentina ha firmado un convenio con el Gobierno de Honduras para fortalecer el proceso de memoria histórica. No puedo decir que de repente estamos a las puertas de la apertura de los archivos, pero hay que luchar, demandar y exigir en colectivo y organizadamente para aprovechar esta apertura que hay desde el Gobierno de Xiomara Castro, quien ha manifestado que su prioridad son los derechos humanos. Si esa es su prioridad, debemos trabajar para tener leyes que nos permitan demandar conforme a los estándares nacionales e internacionales la desclasificación de documentos y, de esa manera, poder conocer la verdad que nosotros sabemos que está ahí.
– En ese sentido, ¿qué papel juega el Ejército hondureño en el actual Gobierno?
– Soy una antimilitarista y nunca me confío porque ellos, ejerciendo o no, están coordinados. No puedo decir que estamos ante nuevos militares porque no han sido juzgados. Esa impunidad les ha servido para fortalecerse en todas las líneas. Pero debemos tratar de buscar que alguno de los que cometieron todos estos delitos del pasado nos ayuden a encontrar lo que exigimos desde hace tanto tiempo.
– ¿Cree que hay posibilidades de juzgar a los militares del pasado y del presente?
– No creo que suceda durante el Gobierno de Xiomara Castro, pero se pueden sentar las bases para hacerlo más adelante. En Argentina y otros países ha costado mucho enjuiciarlos. Por eso, nosotros tenemos la esperanza que un día pueda hacerse. De esta manera quedaría demostrado cómo operaban, y la sociedad podrá apreciar que nunca hemos estado equivocadas con los señalamientos que hemos hecho de la participación militar en crímenes de lesa humanidad
