Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
El gobierno de Juan Orlando Hernández le dice no a la solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA) de enviar un delegado especial para verificar las muertes en protestas, las condiciones de los detenidos por las mismas y otras violaciones a los derechos humanos.
Según la respuesta enviada por la Cancillería hondureña al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no se permite el ingreso de nuevos observadores ya que ese ente continental ya cuenta con una representación en el país.
En un inciso de la carta que la Cancillería le hizo llegar al Secretario de la OEA dice “es de conocimiento general que la sociedad hondureña está abocada en la actualidad a un proceso de diálogo influyente y participativo, a fin de definir como hondureños los objetivos como nación, el proceso de reformas políticas, económicas y sociales y la contribución que cada sector de la sociedad hará para el logro exitoso de los mismos”.
Ante la negativa del actual gobierno de no permitir la entrada de organismos internacionales que verifiquen la situación post electoral del país en materia de derechos humanos, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, expresa que “era de esperar la actitud del gobierno, a nosotros no nos extraña porque conocemos como ha manejado el tema y la situación actual en materia de derechos humanos mediáticamente, ellos tienen una estrategia de no dar y que no se sepa ningún tipo de información sobre lo que se vive en Honduras”.
Asimismo señaló que “esa es la negación que ellos han difundido, es la que no sé cuánto tiempo les va a durar esa mentira colocada como verdad a nivel nacional y a nivel internacional, porque los familiares de las víctimas y el pueblo hondureño no se va a quedar quieto ni quietas, la gente está diciéndolo, peor que pueden hacer es negarlo porque se vuelven entonces en autoridades más cínicas de lo que ya tenemos”.
Además la coordinadora del COFADEH agregó que “eso va a llamar la atención al mundo porque deben de saber que aunque les autoricen o no entrar al país, están monitoreando, están teniendo contacto con las víctimas directamente y además somos muchas organizaciones de derechos humanos y muchos defensores de derechos humanos que hay en Honduras, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que está pasando , es mas de su propio partido, del partido en el poder hay gente que no está de acuerdo”.
Finalmente indicó que deben de aprender a no ser cobardes, «es como decir matan al tigre y después le tienen miedo al cuero o se esconde la mano», ya que aquí hay un problema real y es un problema de vulnerabilidad y de violaciones reiteradas a los derechos humanos les guste o no les guste a las autoridades.
Honduras se encuentra sumida en una crisis post electoral después de las elecciones del 26 de noviembre, proceso que según la OEA fue altamente vulnerable.
El conteo parcial se anunció el 27 de noviembre, poco después de las 2:00 am de ese lunes y tras horas de tensa espera, luego de que el Tribunal Supremo Electoral, que había prometido resultados el mismo domingo, dijera no contar con datos suficientes para dar una buena idea de los resultados, dando el resultado final tres semanas después de los comicios electorales.
Los resultados a pesar de ser «irreversibles» según el magistrado suplente Marco Ramiro Lobo, tres días después le daban el gane a Hernández.
Ese cambio de tendencia provocó el malestar y la falta de credibilidad en el TSE por parte de la población, la que manifestó su descontento en protestas callejeras a nivel nacional, provocando graves violaciones a los derechos humanos y dejando más de 29 víctimas mortales que salieron a defender la democracia en protestas pacíficas, siendo víctimas de los cuerpos represores del estado.
