Por Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en un hotel capitalino su segundo informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, dicho documento es la continuidad del texto anterior presentado en 2016.
El informe resume las actividades realizadas por la OACNUDH en Honduras, en cumplimiento de su mandato de observar la situación de los derechos humanos, informar y brindar asistencia técnica a instituciones del estado y a la sociedad civil, analizar avances y desafíos y relacionados con la justicia, la seguridad, la situación de los y las defensoras de derechos humanos.
Ante la presentación de dicho informe la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, Berta Oliva, es del criterio que el tema de Honduras en materia de derechos humanos, los informes le van a reflejar lo mismo, quizá algunos con estadísticas más claras que otras, con lenguajes mas diplomáticos pero el resultado y la preocupación es la misma.
Oliva expresó que “lo que sí está claro es que al Estado de Honduras, las que dicen ser autoridades, las que se impusieron a través de la fuerza, de la corrupción y de las armas, no tiene el menor interés por cambiar la situación de los y las defensoras de derechos humanos, pero más aún no tienen ningún interés por cambiar la situación de la población en general que está en absoluta indefensión, si el pueblo lo está, entonces que podemos esperar a los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Asimismo añadió que “aquí va a venir cualquier delegación y van a seguir dando informes tras informes, como este, pero a mi si me llama la atención y me levanta preocupación que es lo que vamos hacer y quien es lo que debemos hacer cuando hay un informe del Alto Comisionado donde ratifica lo que se ha venido diciendo y lo que se ha estado viviendo en las calles”.
La coordinadora del COFADEH expresó que en el informe especial sobre la crisis post electoral del Alto Comisionado se registran al menos 22 personas que fueron asesinadas en el marco del proceso electoral, a lo que ella llama segundo golpe que se dio en Honduras.
“Estoy preocupada porque cuando hay estado de derecho uno concurre y acude, cuando hay una población, una familia y un ciudadano está en peligro, concurre ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares para esa comunidad, para esa persona o para esas familias, las cuales son otorgadas, pero en los últimos tiempos entre mas medidas cautelares tiene una persona, pues no solo es que la agreden y torturan, si no que la privan de libertad y de la vida”.
También dijo a defensoresenlínea.com que en Honduras no le garantizan la seguridad a las personas que gozan de medidas cautelares de la CIDH y esa es la pérdida de respeto a los tratados y convenios internacionales y eso es lo que refleja que no hay un estado de derecho, que no hay una secuencia lógica de lo que es estado de derecho y lo que es convenios y tratados internacionales.
Le voy a citar dos nombres, tenemos a Edwin Espinal con medidas cautelares vigentes, está en una cárcel de máxima seguridad sometido a torturas, privado de libertad arbitrariamente, llevado a juicio donde no se le ha respetado el debido proceso y Berta Cáceres, asesinada política con medidas cautelares vigentes, finalizó Oliva.
Según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacan las siguientes violaciones: Militarización de la seguridad pública, violencia en contra de la mujer, la creciente participación de los infantes en delitos de «alto impacto», la situación de privados de libertad, la dificultad del acceso a la justicia en especial para la población de las zonas rurales, las mujeres, los pueblos indígenas y afro hondureños, ataques y discriminación contra la comunidad LGBTI y la impunidad en el caso de Bertha Cáceres.
La representante adjunta de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Silvia Lavagnoli, expresó que en su mayoría las recomendaciones plasmadas en el informe, siguen siendo las mismas del año 2016.
