Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
El próximo 2 de marzo se cumple un año del vil asesinato de la defensora de los bienes comunes del pueblo lenca, Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su determinación para defender los territorios ancestrales lencas en Honduras, la han convertido en un ícono inspirador de la lucha de los pueblos indígenas del mundo.
Su férrea oposición a los proyectos extractivos desarrollados por empresas transnacionales e inversionistas nacionales, la convirtió en un gran obstáculo para una clase política y empresarial ávida de sacar el mayor provecho posible, de los recursos naturales existentes en la zona occidental del país.
El 2 de marzo de 2016, en el marco del lanzamiento de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”, que impulsan 29 organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y defensoras de derechos humanos, la señora Austraberta Flores madre de la dirigenta indígena lenca Berta Isabel Cáceres Flores, presentó una petición a los parlamentarios Yuri Sabas y Yadira Bendaña, para que el Congreso Nacional discutiera y aprobara la cancelación del permiso de operaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por las implicaciones que tuvieron empleados de dicha compañía en la muerte de la reconocida ambientalista.
A casi un año de este evento, la petición no ha tenido respuesta alguna por parte los parlamentarios y parlamentarias.
En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo en aquella oportunidad que los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que declarar una ofensiva a favor de la vida y a favor de las libertades y de los bienes comunes.
“Es necesario entrar con propuestas donde se toman las decisiones, porque nosotras necesitamos que se legisle para el cierre definitivo de DESA, que se declare como proyecto de muerte, eso necesitamos; no necesitamos la suspensión temporal, sino el cierre de dicha empresa; y necesitamos que se llegue al final y que se investigue a los autores intelectuales, y lo demandamos con fuerza y sin miedo”, sostuvo Oliva.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas
La campaña “Defensoras de la Tierra” demanda la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de desarrollar una consulta previa, libre e informada a las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos y de generación de energía renovable.
El acaparamiento de grandes extensiones de tierras destinadas para dichos proyectos, está afectando los medios de vida de las mujeres, porque los territorios, son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas; y está comprobado que éstos proyectos, no generan desarrollo social, por el contrario, están provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres de las comunidades garífunas.
La instalación de mega-proyectos de explotación y extracción en territorios de pueblos originarios y otros que tienen siglos de poseer las tierras en Honduras, afectan la economía de miles de familias, afectan la diversidad cultural y el medio ambiente y la paz social en las comunidades.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas, estén enfrentando procesos judiciales. En Honduras también se criminaliza a las mujeres por defender la tierra y sus territorios.
Actualmente hay 537 licencias concedidas a empresas extranjeras, nacionales y transnacionales para la explotación minera y 252 para la generación de energía a través de represas hidroeléctricas. Muchos de estos proyectos se encuentran en territorios de pueblos originarios como los lencas, así como en territorios de comunidades campesinas y garífunas.
En una serie de entrevistas concedidas en 2013 por parte de Berta Isabel Cáceres Flores al periódico digital www.defensoresenlinea.com y al programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familires de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la ambientalista afirmó que la persecución no solamente era contra ella y la dirigencia del COPINH, sino contra todo el pueblo lenca en resistencia contra los proyectos hidroeléctricos.
“Queremos denunciar la situación grave y preocupante de Río Blanco, cuando la empresa DESA y la policía han puesto un grupo de empleados de la empresa DESA a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en una supuesta toma que más bien es, como una acción digo yo; de un estado de sitio, hecho con prácticas paramilitares y con colaboración de la policía, donde por un lado se le restringe la libertad de movilización a las comunidades lencas y por otro lado se ha detenido a delegaciones internacionales que van con todo el tema de la observación de derechos humanos”, comentaba la dirigenta del COPINH.
En otra entrevista, brindada ese mismo año, Berta Isabel aseguraba que su lucha había generado una actitud agresiva por parte de los que ella llamó: “los grupos de poder”, donde el Gobierno y las distintas secretarías de estado y el poder legislativo, están confabulados y son parte, el Congreso Nacional al dar esa concesión y por supuesto el Ejecutivo; al ordenar la agresión de los derechos del pueblo lenca”.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se ubica a unos 9 kilómetros al sureste de la comunidad de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
El 30 de septiembre de 2016, el expediente de Berta Isabel Cáceres Flores fue robado en un caso insólito para el poder judicial hondureño. En un hecho sin precedentes y vergonzoso para el Poder Judicial, un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en que se conducía la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos, quien portaba en el baúl de su automotor el expediente de la ambientalista.
Los individuos le robaron el vehículo a la togada en las inmediaciones de la colonia Humuya, donde fue interceptada.
La magistrada Ramos habría dicho a los medios de comunicación, que cuatro hombres le atravesaron el vehículo en el que se conducía y que posteriormente le apuntaron con armas de fuego para despojarla de su automóvil. Ahora los tribunales solo cuentan con las copias del expediente robado y las investigaciones han sido declaradas en secretividad.
En octubre de 2016, doña AustraBerta Flores, madre de Berta Isabel, en una carta pública distribuida a nivel mundial y dirigida a F.M.O (Banco De Desarrollo Holandés) BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) FIND FUUND (Fondo de Inversión Finlandés) VOITH HYDRO (Empresa Alemana Suministradora) y otros organismos que han financiado a la empresa de Desarrollos Energéticos SA (DESA), les manifiesta que han estado financiando en Honduras proyectos de muerte.
“Ustedes han financiado un proyecto de muerte “El proyecto Agua Zarca” impuesto por DESA a costa de desalojo, sangre, dolor y luto de mi familia y del pueblo Lenca, por lo tanto, deben responder por su apoyo financiero y logístico a esas empresas llamadas de muerte y corrupción”, subrayó la madre de la ambientalista asesinada.
En otro apartado de la carta, doña AustraBerta afirma que el proyecto ha estado siendo apoyado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través del Primer Batallón de Ingenieros.
“Por si eso fuera poco, el presidente de esa empresa de muerte en la actualidad es un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Señor Roberto David Castillo, quien siempre profirió amenazas, intentos de soborno y hasta acoso sexual contra mi hija, y que constan en una de las 40 denuncias que Berta Isabel interpuso ante el Ministerio Público”, sostuvo doña AustraBerta Flores.
Por su parte y durante el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres vive”, desarrollado en abril de 2016 en esta capital, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, cariñosamente conocido como “Padre Melo” expuso el perfil y la lucha de Berta Cáceres como elemento inspirador de los pueblos.
En aquella oportunidad, el padre Melo consultado en torno a los aspectos que conllevan a señalar a Berta Cáceres como una figura emblemática para los pueblos, señaló que esto se encierra en lo que él llamó el trinomio Bertiano, que consiste en un pensamiento anticapitalista, antipatriarcal y antirracista.
“Este fue un pensamiento que apasionó a Berta Cáceres y en segundo lugar fue su método, porque Berta Cáceres estuvo inserta en la realidad del pueblo lenca, en el COPINH. Así que Berta tuvo metodológicamente, por esa manera de sacar al COPINH y su trabajo para articularse con diversos sectores nacionales, con sectores mesoamericanos, con sectores continentales y planetarios, es decir es un método que partiendo de lo local; se vuelve planetario. Ese método de Berta unido con su pensamiento trinómico la llevó a que se convirtiera sin duda alguna, en la mujer con el liderazgo de mayor reconocimiento y con trascendencia mundial”, explicó el padre Melo.
Ese reconocimiento mundial manifestado hacia Berta Cáceres la condujo en 2012 a recibir el premio Shalom otorgado en Alemania, en 2014 fue finalista del premio Front Line Defenders de Irlanda y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el premio denominado el «Nobel Verde» que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente
La noche del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, ubicada en La Esperanza, Intibucá, preparándose para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En la misma vivienda se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro, invitado especial del COPINH para disertar sobre el tema.
Los asesinos forzaron las puertas de su vivienda en La Esperanza para cometer el crimen, posteriormente Castro escuchó cuando Berta preguntó: ¿Quién está ahí?, y un sicario le disparó y la mató e hirió a Gustavo Castro.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo, el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez,el capitán en situación de retiro Edison Atilo Duarte, así como su hermano Emerson Eusebio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana, el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez, y el ex militar Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México . Con ellos ya son 8 los procesados judicialmente en este caso.
“Mi hija tenía razón cuando denunció e intentó revertir esta situación, por eso el 2 de marzo con su muerte física, Honduras volvió a verse a través de un espejo durante esa noche interminable, el país dejó su constante anonimato y se desnudó ante nosotros y ante el mundo entero, apuntó la ex alcaldesa de La Esperanza, Intibucá y madre de la ambientalista, AustraBerta Flores.
