París-Ginebra-Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2016
Cuatro años después del asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo, nuestras organizaciones denuncian que su crimen permanece en la impunidad. Antonio Trejo fue asesinado, el 22 de septiembre de 2012, un mes después de ser acusado de manifestación ilícita y daños en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras junto con otros 25 defensores de derechos humanos y campesinos del Bajo Aguán. Este juicio se terminó en junio de 2016 con el reconocimiento de la inocencia de los defensores y campesinos.
Nuestras organizaciones publican hoy el informe “Criminalización en el Bajo Aguán: Justicia a medias”, que analiza este juicio y que también denuncia la ausencia de justicia en el caso de Antonio Trejo.
“La situación de impunidad en el Bajo Aguán es alarmante. Desde hace cuatro años la investigación por el asesinato de Antonio Trejo no ha avanzado. Si no avanza en este caso que conmovió al mundo en su momento, que podemos esperar de los numerosos casos de defensores de derechos humanos asesinados en Honduras recientemente? Nos preguntamos si el Estado de Honduras quiere y puede investigar estos graves crímenes y sancionar debidamente a sus autores” señaló Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH.
El informe detalla las numerosas vulneraciones a los derechos humanos presentadas en el proceso, desde la detención de los 25 defensores y campesinos el 21 de agosto de 2012, hasta su absolución el 14 de junio de 2016 y que dan cuenta además del contexto de riesgo y estigmatización contra ellos, que por un lado han incrementado las tensiones sociales existentes y que al tiempo, continúan generando una crisis de legitimidad del sistema judicial hondureño, que es percibido como un actor generador de nuevos conflictos y no como un instrumento de defensa de derechos.
“La criminalización de estas 25 personas no debió haber ocurrido. Han perdido más de 3 años de sus recursos y energía para defenderse y durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su libertad individual. Además del grave y perjudicial mensaje intimidatorio que se envía a los defensores y aquellos que se valen del derecho a la protesta pacífica para reivindicar sus derechos” señaló Bertha Oliva, Coordinadora General de COFADEH.
En el Informe se concluye que los derechos humanos de estas personas han sido vulnerados por las autoridades, que la protesta social en Honduras es gravemente reprimida y que su sistema penal demuestra graves deficiencias. Esta situación impacta gravemente en el trabajo de defensa de derechos humanos y vulnera específicamente los derechos al debido proceso y las garantías judiciales.
“En el marco de la actual discusión y aprobación del Código Penal, solicitamos a las autoridades hondureñas incluir las observaciones de la sociedad civil, así como atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de derogar el artículo 331 del Código Penal de Honduras, que criminaliza el derecho legítimo de la protesta pacífica”, concluyó Gerald Staberock Secretario General de la OMCT.
Antecedentes:
Antonio Trejo representaba a campesinos en causas judiciales por reivindicaciones de las empresas de propiedad de los empresarios privados Miguel Facussé y René Morales, logrando que los jueces reconocieran la propiedad de las cooperativas campesinas sobre las tierras de los empresarios en 2010, 2011 y 2012. Desde el 2011 el abogado denunció las numerosas amenazas recibidas en razón de su trabajo en donde responsabilizó a empresarios de la zona y pidió que se investigara la participación de miembros del Ejército (Batallón Nº 15) y de la Policía de Tocoa, Colón. El Estado no adoptó ninguna medida de protección. Ello a pesar de que el peligro que corría Antonio Trejo era de público conocimiento. Su asesinato envió un mensaje de advertencia muy fuerte a los campesinos y a quien se atreviera a asumir su defensa. 5 meses después su hermano, José Trejo fue igualmente asesinado.
En 2012, en el Bajo Aguán, varias familias campesinas fueron desalojadas violentamente por policías y militares, tras haberse revertido ilegalmente las sentencias que les otorgaba la titularidad y tenencia de sus tierras, pues fue durante la vacancia judicial y contra las sentencias de los campesinos que estaban en firme, pues no cabía ningún recurso contra ellas. Ante esta situación, Antonio Trejo había solicitado una audiencia ante la Corte Suprema en Tegucigalpa. A pesar de haber sido concedida la audiencia para el 21 de agosto de 2012, la misma no se realizó por negativa del Presidente de la Corte, posteriormente a haberse reunido con los abogados de los empresarios. Ante esta situación, los campesinos iniciaron una manifestación pacífica, por la que Antonio Trejo y otros campesinos fueron detenidos siendo acusados de manifestación ilícita y daños en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Si bien fueron liberados con medidas provisionales el 22 de agosto el juicio continuó hasta Junio de 2016.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Informe completo Criminalisation Obs Honduras ES sept 2016 #5
