Tegucigalpa.- Hoy se cumplen 23 meses del crimen de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez, asesinada bajo custodia policial, este hecho ocurrió la madrugada del 7 de febrero de 2021 en la jefatura departamental de La Esperanza, Intibucá.
Hace más de dos meses que culminó el proceso penal que se le instruye al agente de policía Jarol Rolando Perdomo, por suponerlo responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de la joven estudiante, pero todavía no se sabe cuál será el veredicto por parte del Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, que está esperando que se resuelvan dos amparos presentados por la parte acusadora, en este caso el Ministerio Público y el COFADEH, solicitando que se mantenga la medida decretada en audiencia inicial que es femicidio agravado.
“El día 17 de octubre del año 2022 se dieron por las partes en el proceso, las conclusiones en el en las cuales el COFADEH, quien se constituyó como acusador privado, solicitó al Tribunal de Sentencias que se emitiera una sentencia condenatoria contra el agente Jarol Perdomo, y así mismo que instara al Ministerio Público a abrir un proceso de investigación, el cual culminará en un proceso penal contra los agentes policiales que se encontraban en turno, quienes no únicamente faltaron a sus deberes de los funcionarios públicos, en vista que no procedieron a detener al agente Perdomo, quien se encontraba infraganti, sino que también ayudaron a éste a modificar la escena del crimen”, señaló la abogada Karol Cárdenas, quien es parte del área de acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Es Importante mencionar que la defensa del imputado presentó recurso de apelación, misma que la Corte de Apelaciones de Comayagua declaró con lugar, y modificó el delito, recalificándolo como homicidio simple.
Y debido a esa modificación, la parte acusadora presentó esos dos amparos solicitando que se mantenga el delito de femicidio agravado, que le fue decretada en audiencia inicial.
“En ese momento quedó pendiente la resolución del tribunal, quienes manifestaron no emitir sentencia bajo la argumentación que esperarían que la Sala de lo Constitucional resolviera los amparos interpuestos, tanto por la acusación pública como la privada, los cuales a la fecha solo uno de ellos ha sido resuelto, que es el presentado por el Ministerio Público y declarado sin lugar”, añadió la abogada Cárdenas.
A pesar de que uno de los amparos fue declarado sin lugar, aún falta que se resuelva el recurso presentado por el COFADEH, por lo que la abogada del comité señaló que “estamos en espera de que el Poder Judicial pueda ya pronunciarse sobre ese caso y emitir una sentencia condenatoria que sería lo justo en el presente caso”
Keyla Martínez fue detenida por agentes de la Unidad Departamental de Policía #10 (UNDEP #10) de La Esperanza, Intibucá, junto al médico Edgar José Velásquez, en el marco de la suspensión de garantías constitucionales por Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, supuestamente para evitar la propagación del Covid-19, dejando al pueblo totalmente militarizado.
La noche del 6 de febrero de 2021, los profesionales de la salud fueron llevados a las celdas de la UDEP #10, Edgar fue liberado horas después, según declaración de la policía, pero Keyla fue ejecutada bajo custodia policial la madrugada del domingo 7 de febrero.
