Tegucigalpa, Honduras.- Los ataques contra la población indígena hondureña es la respuesta a causa de su organización y resistencia por defender el territorio. Sus acciones hacen que los inversionistas pierdan gran cantidad de su capital.
En la industria del extractivismo también se involucran líderes locales, autoridades gubernamentales y políticas que otorgan permisos y licencias de operación para que avancen las concesiones en comunidades de territorios ancestrales.
“Un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), del Foro Social para la Deuda Externa y de Oxfam, decía que el extractivismo tiene amenazado el suelo de 156 de los 298 municipios en el país con 540 concesiones mineras”, expresa la opinión editorial “UNA NOCHE DE HOMENAJES” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), de este 15 de mayo.
En este contexto por la defensa territorial, continúan los crímenes, judicializaciones y destrucción de las zonas indígenas como ocurrió el pasado lunes 10 de mayo, en San Francisco Locomapa, una comunidad indígena Tolupán en el departamento de Yoro.
El pueblo Tolupán mantiene una constante lucha por la defensa del bosque. A sus tierras llegan madereros que talan los arboles de pino. Más de una docena de indígenas han sido asesinados en la región y otros están criminalizados, como forma del sistema corrupto que desestabiliza su lucha.
Pese a que el Instituto de Conservación Forestal es la entidad inmediata para el control de planes de manejo, el problema que enfrenta la Tribu San Francisco Locomapa y las demás 31 tribus tolupanes, es que son arrasadas por los madereros.
Entonces –declaró- el abogado Víctor Fernández, en el programa radial “Voces contra el olvido” del COFADEH- las comunidades indígenas tolupanes que logran identificar el problema que les causa atraso y empobrecimiento, inician los procesos de resistencia que, a su vez, tiene en consecuencia el asesinato selectivo de muchos de sus liderazgos y pasan como cualquier circunstancia aparente.
Los pueblos requieren hacer mínimos o grandes procesos de resistencia. En el caso de San Francisco, desde el año 2008 tiene presencia el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), al cual pertenece el abogado Fernández, donde ejecuta un proceso de educación y crecimiento organizativo.
“Estamos teniendo presencia más institucionalizada en el terreno porque hay una sede, también se está construyendo una radio [comunitaria] y eso se ha convertido en la amenaza más grande que advierten los madereros, los funcionarios corruptos de la zona, incluyendo un grupo de pobladores de la comunidad beneficiarios ‘de migajas’ de la corrupción que los han vuelto en contra de la gente”.
Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Art. 2 C-196 OIT
Pese al sostenido ciclo de asesinatos y criminalización en la última década contra los compañeros y compañeras de San Francisco Locomapa, han sabido avanzar y consolidar el proceso de resistencia.
Desde los tiempos de la colonización en el s. XVI el pueblo Tolupán luchó contra los invasores en su territorio para evitar ser privados de su libertad. Fue el cacique Cicumba, quien opuso resistencia a las fuerzas españolas dirigidas por Pedro de Alvarado en 1536 en la zona del río Ulúa y el valle de Sula, pero tras ser derrotados y aprisionados se les dejó morir por hambre. Las demás tribus continuaron habitando sus poblados originarios hasta la actualidad siendo unas 20 mil personas.
En el s. XXI continúan confrontado a la autoridad local, a quien le exigen su derecho a la alimentación y acceso a la salud, por eso es que las estructuras de poder destruyeron la semana pasada lo que va de la construcción de la radio “Tolupana”, que también es la sede del MADJ e incendiaron la casa de uno de los líderes más importantes de la zona. “Pero el pueblo está ya en un proceso de recomposición y enaltecimiento para continuar la etapa de reconstrucción de soberanía en base a la dignidad en el territorio”.
Por lo tanto, lo que vive el pueblo Tolupán es consecuencia por defender el territorio. Y, es el retrato de todo lo que ha estado pasando en los pueblos indígenas de Honduras que han asumido procesos de resistencia.
“Los pueblos indígenas, que existen aquí hace miles de años, muchos años antes que los Atala, los Facussé y todas esas etnias operarias del poder actual, sufren el despojo de sus territorios ancestrales. Las diez nacionalidades miskitas, tawahkas, tolupanes, nahuales, lencas, mayas, chortís, garífunas y Pech, son verdaderamente valientes al resistir el saqueo y la estupidez de delincuentes con dinero, policías y chafas”, editorial COFADEH.
Está en marcha un proceso de liberación y muchos esfuerzos de resistencia que entienden la lucha por la soberanía, ejercer control y poder en el territorio; eso implica desplazar a ese factor de “poder autogenerado” como ser la injusticia y violencia que viven nuestros pueblos.
Y pese a ser un camino doloroso, está en marcha el proceso de construcción y alternativa sobre la dignidad de la gente históricamente marginalizada, el ambiente, la vida y de sus territorios, expresó Víctor Fernández, haciendo mención del editorial.
Criminalizar a los defensores indígenas o asesinarlos como ha sucedido en Yoro, La Paz o Intibucá, es un patrón sistemático reiterativo que utiliza el modelo del sistema extractivista capitalista para deslegitimizar su lucha.
Los grupos de poder están llevando este tipo de acciones fundamentalmente en las comunidades rurales e indígenas y exhibirlos como “el mal ejemplo para la sociedad”, añadió el defensor.
Atacan mediante campañas de desprestigio a las organizaciones o directamente a sus liderazgos. El movimiento obrero y otros gremios que tuvieron su auge y su fuerza en algún tiempo en el país, ahora ya no están en su mejor momento haciendo la disputa anti-sistémica, y no están dando la lucha desde el territorio, pero esto evidencia la práctica voraz e inhumana de las empresas inversionistas.
“Parece que fuera imposible derrotarlos, pero usted puede ir de territorio en territorio y verá que muchas de las empresas que tenían asegurados miles de millones [dinero] de ganancia, lo están perdiendo; y no porque grandes dirigentes de este país están desarrollando una política de resistencia. Es la gente sencilla, humilde y comprometida que vive en los territorios” quien los está enfrentando, dijo Fernández.
El empoderamiento de los pueblos indígenas refleja la construcción de una nueva sociedad que golpea al Estado, obligatoriamente golpea al sistema y plantea una alternativa en la responsabilidad que puede tener algunas personas, organizaciones y espacios.
Para Fernández, saber interpretar estas alternativas contribuye a que la rebeldía se vuelva más seria y educada. El proceso de rebeldía que está impulsando los pueblos y los territorios es la ruta que ya día nos vienen demostrando y por eso son atacados.
Patrones de persecución contra pueblos indígenas
Los patrones de ataques contra liderazgos indígenas son herramientas bastante claras del Sistema. Aplican maneras de controlar las rebeldías y los procesos de la gente que se opone a los mecanismos de corrupción en los que han sucumbido algunas estructuras organizativas, opinó Víctor Fernández.
Por ejemplo -agregó- los empresarios buscan una manera de comprar espacios y donde encuentran oposición ejercen sometimiento con control sobre esta práctica de corrupción. Usan los mismos procesos: violencia y asesinatos cuyas víctimas son personas y liderazgos el país como primera ruta.
Los líderes indígenas asesinados en los últimos meses son el dirigente indígena Lenca y ambientalista, Juan Carlos Cerros Escalante, ejecutado el pasado 21 de marzo en Cortés, coordinaba las Comunidades Unidas de Chinda y fue miembro del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS); Félix Vásquez, de pueblo Lenca, Secretario General de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) en La Paz, atacado en su casa la noche del 26 de diciembre de 2020.
Al inicio del año pasado el MADJ informó los crímenes contra los líderes indígenas don Vicente Saavedra (Tolupán), Celebrador de la Palabra de Dios de la Iglesia Católica, en el departamento de Yoro, cuando fue encontrado su cuerpo en estado de descomposición y con impactos de arma de fuego el 9 de enero; Santos Escobar (Pech) de 34 años, desaparecido el 29 de diciembre de 2019 y encontrado el 3 de enero en Olancho de 2020.
Mientras que Efraín Martínez (Tolupán), originario de la montaña de La Flor, Francisco Morazán, fue hallado semienterrado el 29 de diciembre de 2019, pero había desaparecido una semana antes; este patrón ya se había denunciado tres meses antes, el 28 de septiembre, con el hallazgo del cuerpo del luchador social indígena Milgen Soto Ávila (29), de la tribu Tolupán de San Francisco Locomapa, había desaparecido el 23 de septiembre de 2019; y el 24 de febrero en esa misma tribu los compañeros indígenas Salomón Matute y Juan Samael Matute, padre e hijo beneficiarios de la Medida Cautelar MC-416/13 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron atacados a muerte.
Otro patrón de ataque es la persecución y criminalización judicial, ya que el Sistema Penal en particular es el «instrumento» destinado para perseguir a los adversarios, a los que no tienen poder y a quienes confrontan el poder. “En Honduras nos pone en riesgo el poder corrupto”, continuó el abogado.
Entonces la criminalización es una consecuencia de un modelo corrupto. A lo largo y ancho del país hay personas sometidas a procesos penales, judicialización, criminalización todos estos conceptos que se han venido acuñando en el último proceso.
En el caso de la defensa de la tierra y el territorio, más de siete mil personas han sido judicializados y al menos 150 personas han sido asesinadas, en el país más peligroso del planeta para defender el ambiente, como lo califica la organización Global Witness.
Actualmente está privado de libertad Luís Mejía, líder Tolupán presidente de la Tribu La Candelaria, que desde hace años denunciaba persecución en su contra por lo que fue beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección, pero desde febrero junto a su hijo José Mejía, fueron acusados por el crimen de un miembro de la tribu asesinado en la finca que cuidaba a finales de diciembre.
El Ministerio Público acusó a Luis Mejía, luchador social que ha liderado la liberación y la recuperación del territorio indígena, trabajo ha dado como resultado la recuperación de más de 300 manzanas de tierra trabajadas por las y los tolupanes.
Mientras que en La Paz, está privado de libertad el Víctor Vásquez, miembro de la coordinación general de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPAH), junto a Santos Vigil, socio de la base campesina “Nueva Esperanza”, en diciembre fueron acusados por el delito de “desplazamiento forzado”.
Víctor Vásquez es el presidente del Consejo Indígena de Simpinula en Santa María, La Paz, daba acompañamiento a la base campesina “Nueva Esperanza” en los procesos de defensa de los bienes comunes. El 13 de enero de 2017, durante un desalojo violebnto por parte de los militares, el defensor asistía a un hombre herido, cuando una bala le impactó en la rodilla derecha, dejándolo inmovilizado.
“Hay policías, militares, fiscales y jueces que son instrumentos del Poder y no son representación de la gente”, Víctor Fernández.
La importancia del acompañamiento
El acompañamiento de parte de organizaciones y defensores de derechos humanos es lo más importante, porque a la gente no hay que dejarla indefensa, recalcó Fernández, ya que desde distintas áreas profesionales se desarrolla conciencia, aún más cuando se tiene el compromiso de hacer el trabajo de representación y defensa legal.
Hay que tomar en cuenta que el Sistema jugar en su cancha, non lleva a pelear con su juzgado, con sus Tribunales, con sus jueces y sus policías.
Por lo tanto, la cancha más importante de la gente es el proceso organizativo, la construcción, el pensamiento de la alternativa, es decir “como confrontar, como defender el territorio, cómo defender los derechos”, pero además, cómo ir pensando ese modelo de justicia con perspectiva popular y de las ciencias con respecto a la forma en la funciona la administración de justicia, porque no se necesita ser adivino, erudito ni tener tanto conocimiento para saber “cómo falla y cómo funciona este sistema”.
Los compañeros y compañeras que están siendo sometidos estos procesos están haciendo su aporte, afirmó el defensor. Aguantar, resistir y nunca negociar mientras continuaba la organización, formación y el proceso de la construcción de alternativa unitaria que le hace falta el pueblo Hondureño.
Lamentablemente siempre se están buscado los mismos referentes que tienen las mismas prácticas y terminan negociando cuotas de poder, mientras la gente en los territorios está dando el todo por el todo.
Hay que volver a esa parte, defender a la población que está siendo criminalizada y judicializada pero hay que volver al proceso organizativo y el proceso de formación y construcción de la alternativa popular, concluyó el abogado Víctor Fernández.
