Tegucigalpa.- Trascendió en las redes sociales, el asesinato hoy miércoles 28 de agosto, de Roberto Antonio Argueta residente en la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa. Argueta formaba parte de los 32 criminalizados de la lucha ambientalista emprendida en la comunidad de Guapinol por la preservación del parque Nacional Montaña Botaderos, amenazada por la industria extractiva.
En la información se detalla que Roberto Antonio Argueta, murió de varios impactos de bala que le infirieron desconocidos en cercanías del Hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa, municipio de Colón, en la costa norte de Honduras.
El periódico www.defensoresenlinea.com estableció comunicación con una fuente que por razones obvias, prefirió guardar el anonimato, quien confirmó la noticia.
La fuente dijo: “sí, es uno de los 32, desconozco lo que pudo haber pasado ahí, Ceibita ha sido la zona de control de la empresa minera. El estaba inclinado a la lucha que estábamos llevando nosotros y era un pequeño empresario del transporte”.
“Me parece que dado el momento de que los compañeros están en la cárcel y alistándonos para la audiencia (en San Pedro Sula) el contexto se da para pensar que hay como un plan para generar terror en la zona y evitar la movilización de la gente en defensa de los compañeros”, expresó la fuente consultada.
Horas antes de conocerse el asesinato de Argueta, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y la Coalición contra la Impunidad (CCI), emitieron un comunicado en el que demandaron del régimen de Juan Orlando Hernández, que se garantice el debido proceso en torno al juicio que enfrentan los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la explotación minera que ejerce la Empresa Los Pinares en la zona.
Las organizaciones aglutinadas en la CCI y el Comité Municipal mostraron su temor respecto al desplazamiento que debe producirse de los 7 ambientalistas que guardan prisión en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, Francisco Morazán y que serán trasladados al Juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, donde se desarrollará una audiencia el jueves 29 de agosto.
Se cree que el régimen trasladó la audiencia a San Pedro Sula, con el fin de desmovilizar la protesta que varias organizaciones del movimiento social hondureño tenían programada realizar a través de una movilización que se concentraría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El comunicado exige la inmediata liberación de los detenidos y el sobreseimiento de todos los cargos que se les imputa, tal y como sucedió con los 12 defensores del ambiente en febrero de 2019.
Asimismo, los demandantes exigieron al régimen, a que revise en forma exhaustiva la concesión de territorios localizados en áreas protegidas y que fueron cedidas a la Empresa Inversiones Los Pinares. Dichos territorios se localizan en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos y constituyen una importante reserva biológica para el municipio de Tocoa.
El comunicado apuntó que entre las nueve personas acusadas injusta e ilegalmente por la Fiscalía de Tocoa se encuentra Antonio Martínez Ramos, fallecido tres años antes de los hechos supuestamente delictivos.
La muerte de Martínez Ramos que se produjo el 4 de abril de 2015, “demuestra la falta de diligencia del Ministerio Público, quien criminaliza injustamente a las comunidades que defienden el área protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos, impidiendo su derecho legítimo a la defensa del agua y del territorio”.
Los otros ambientalistas que enfrentan proceso judicial son: Jeremías Martínez Díaz (preso en La Ceiba por el mismo caso desde diciembre de 2018), Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, acusados junto con el fallecido, por hechos sucedidos en agosto y septiembre de 2018.
“Estos últimos siete defensores se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Támara desde el lunes 26 de agosto, tras presentarse voluntariamente por tercera vez ante el juez con el único objetivo de demostrar su inocencia y la importancia de la defensa de los ríos”, reza el comunicado.
Los procesados que están recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara, Distrito Central, están acusados por los supuestos delitos de robo, incendio agravado, privación injusta de la libertad, detentación de un espacio público, usurpación y asociación ilícita.
La Empresa Los Pinares que realiza extracciones mineras en detrimento de los ríos San Pedro y Guapinol en Tocoa, es propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, ligados a la familia Facussé. Aunque se afirma que hay otros socios que conforman la directiva de dicha empresa.
En los últimos días se ha instalado un campamento frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP) con el fin de exigir a las autoridades, que no siga criminalizando la lucha ambiental en Honduras.
