Tegucigalpa.- Por enésima vez fue suspendido el juicio en la cusa que se le sigue a seis policías acusados del delito de vejámenes en perjuicio de 24 personas que fueron detenidas ilegalmente el 12 de agosto de 2009 durante una manifestación contra el golpe de estado.
Los encausados son José Ventura Flores, Estela Esperanza Ramos, Juana María Alvarado, Suyapa Marina Elvir y Carlos Isaías Polaco quien era miembro de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Para este miércoles 28 de noviembre estaba programada la audiencia preliminar contra los seis acusados, pero la misma no se realizó debido a que el apoderado legal de Juana María Alvarado, el abogado Edwin Flores, no se presentó.
En la constancia extendida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa señala que la audiencia se traslada para el día martes 4 de diciembre a las 11:00 de la mañana y que de no presentarse el apoderado legal de la policía acusada, se declarará abandonado, y se nombrará a un defensor público.
En este caso ya van en varias ocasiones que las audiencias han sido suspendidas, muchas veces por ausencia del Fiscal, otras veces por la no presencia de los apoderados legales de los acusados y hasta por ausencia de los jueces.
“El proceso ha sido muy lento, hay demasiada deficiencias en el caso, como para ganar ventajas y para agotarnos, para que desistamos y abandonemos el caso, pero eso no va a suceder”, señaló Nelson Gustavo Rivera.
Asimismo fue enfático al manifestar que “seguiremos en el proceso hasta agotar todas las instancias internas, sean estas positivas o negativas, pero no estamos dispuesto a abandonar el proceso”.
Agregó que si les toca ir a la instancia internacional “lo vamos a hacer, pero por ahora estamos agotando las instancias nacionales”.
Nelson Gustavo Rivera el día 12 de agosto de 2009 se manifestaba en el centro de Tegucigalpa contra el golpe de Estado cuando fueron reprimidos por las fuerzas represoras de Roberto Micheletti.
Narró que él fue detenido y llevado a los bajos del Congreso Nacional donde fue objeto de tortura en los testículos y el estómago.
“Nos mantuvieron boca abajo con los pies sobre la espalda, tipo garrobo. Y luego nos llevaron a las celdas del Escuadro Cobras y por la presión de los defensores de los derechos humanos nos llevaron al Hospital Escuelas y después al Core 7”, señaló Rivera.
Indicó que esta situación les perjudicó mucho en su vida, ya que perdieron el trabajo y debido a la acción penal que le hicieron, perdió su trabajo sin volverse a incorporar a las labores porque están con esa mancha judicial.
Para Alba Ochoa, otra de las víctimas del 12 de agosto de 2009, señaló que “el proceso ha sido lento, la dilatación la hacen con el objetivo de que no haya justicia; varias veces hemos venido al juzgados y si no son la ausencia de los abogados, o los fiscales, es la juez que suspende las audiencia”.
Añadió que espera que el caso se eleve a juicio oral y público para que se juzgue a los violadores de nuestros derechos que fueron violentados por solo por manifestarnos en contra del golpe de estado.
Lamentó que en estos casi diez años a los policías que les violaron sus derechos humanos solo se le haya imputado por un delito, como es el de vejámenes, que es el menos grave.
