La lucha de los pueblos en favor de los derechos humanos permanece vigente setenta años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el mundo entero se evidencia claramente la incongruencia entre el compromiso de los Estados de adherir a las normas internacionales de derechos humanos y la implementación de ellas en sus propios territorios. A pesar de algunos avances en determinados Estados occidentales, las graves violaciones a los derechos humanos constituyen un fenómeno cotidiano en la vida de los habitantes de nuestro planeta.
El mundo celebra el desarrollo que han alcanzado la construcción y la economía, además de los enormes avances de la ciencia, la medicina y la tecnología para el bienestar de la población. De hecho, la vida de la mayoría de los habitantes del planeta tierra no ha logrado que dichos desarrollo e innovaciones mejoren su seguridad y dignidad. La dignidad de todos los seres humanos más allá de su etnia, género, fe o filiación política e ideológica es todavía un grito lejano.
El panorama global de la desaparición forzada demuestra que muchos Estados no se comprometen a proteger a sus propios ciudadanos de este “crimen contra la humanidad”. El último informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (WGEID) muestra un grave panorama. El mismo Grupo, desde su inicio, ha manejado 57.149 casos universales de desaparición forzada, con 45.499 casos de 92 Estados aún no resueltos al 2 de mayo de 2018. De hecho, la cantidad real de desapariciones forzadas es mucho mayor que esta cifra. Entre los casos recibidos por el WGEID: 5.590 pertenecen a Estados africanos; 26.840 a Estados de Asia y el Pacífico; 819 a los Estados de Europa oriental; 108 provienen de Europa Occidental y otros grupos; 12.138 desapariciones provienen del grupo de países de América Latina y El Caribe (GRULAC); y 4 casos pertenecen a los Observadores.
Tan enorme cantidad de casos de 92 Estados merece una sincera respuesta con el compromiso de tratar los aspectos relacionados con las desapariciones. Desde que hace 12 años entró en vigencia la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (ICPPED), 59 Estados han ratificado o accedido al tratado. Entre los Estados Partes, 17 de África, 4 de Asia y el Pacífico, 9 de Europa Oriental, 15 del GRULAC y 11 de Europa Occidental.
Estos Estados Partes han hecho reserva del Artículo 31 de la Convención, lo cual impide a las víctimas buscar la intervención del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED). Es decir, al no reconocer la competencia del CED los Estados Partes se impiden a sí mismos y a sus ciudadanos recibir los beneficios de la experiencia de expertos independientes de las Naciones Unidas. En consecuencia, lo único que logran la ratificación o el acceso de los Estados es el ver sus nombres en una lista de acceso o de ratificación. Esta realidad nos enseña, una vez más, que la ratificación universal es más necesaria ahora que nunca.
La continuidad de las desapariciones forzadas o la ausencia de justicia respecto de las familias de los desaparecidos muestran que las instituciones de la justicia penal son disfuncionales en dichos Estados. Hay que aceptar esta verdad, en principio, para avanzar hacia los graves problemas centrados en el crimen de la desaparición forzada. Todos los Estados en que se ha perpetrado o se sigue cometiendo la desaparición forzada necesitan comprender que están destruyendo su propia construcción social al cometer este crimen y privar de justicia a las familias. Sólo instalando justicia y asegurando dignidad a los ciudadanos como seres humanos se pueden conseguir un desarrollo y una real prosperidad.
En el Día Universal de los Derechos Humanos cada Estado puede empezar a mejorar la competencia de sus mecanismos de justicia penal, de modo que la vida de los ciudadanos se vuelva segura, pacífica y próspera en su propia jurisdicción. La historia que lleva detrás el Día de los Derechos Humanos debe inspirar a los Estados, a sus líderes políticos e institucionales, a que eviten el populismo, el autoritarismo y los sistemas coercitivos de gobierno.
Por ICAED
Mary Aileen D. Bacalso
Focal Person
c/o Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD)
Rooms 310-311, Philippine Social Science Center Bldg.
Commonwealth Ave., Diliman, Quezon City, Philippines, Phone number: 00-63-2-4566434
Email: fpicaed@gmail.com
Website: www.icaed.org
