Tegucigalpa, San Pedro Sula y San José, 02 de octubre de 2020.- El día de hoy, en el marco del 177 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones nacionales y regionales, junto a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH Honduras), y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) expusieron la situación que enfrentan las personas privadas de libertad ante la crisis sanitaria por COVID-19 en Honduras.
Durante la audiencia, Cáritas Diócesis de San Pedro Sula, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y Familiares (CPTRP), el Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Pastoral Penitenciaria, como organizaciones peticionarias del espacio, reconocieron que Honduras sostiene la tasa de letalidad por COVID-19 más alta del continente, con un 9.3%, y que en este contexto, las condiciones de hacinamiento, falta de acceso a salud, entre otras, ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sus sentencias por los casos Alfredo López Álvarez y Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, emitidas en 2006 y 2012 respectivamente, había ordenado al Estado hondureño una serie de medidas para mejorar sustancialmente las condiciones físicas y sanitarias en centros penitenciarios; evitar la sobrepoblación y hacinamiento; y garantizar atención médica y acceso a la alimentación, las organizaciones sostuvieron que estas medidas continúan pendientes y que este incumplimiento, aunado a la militarización del sistema penitenciario a través del Decreto Ejecutivo PCM-068-2019 han profundizado la crisis en los centros penales.
Por su parte, representantes del Estado hondureño alegaron haber implementado una serie de medidas para dar respuesta a la pandemia, entre ellos la emisión de Lineamientos para la Prevención y Manejo de COVID-19 en población privada de libertad; la compra de insumos de bioseguridad; la restricción de visitas a los centros penales, las solicitudes de preliberación, entre otros.
Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que estas medidas se han tomado de manera poco transparente y sin participación de sociedad civil, y aseguraron que estas han sido insuficientes para garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad.
Las últimas cifras oficiales reportadas por el Estado dan cuenta de ello: al 17 de septiembre del 2020, se reportaban 2.465 personas presas contagiadas en total, manteniendo 308 casos activos de COVID-19 en 25 cárceles del país. A estas cifras se suman las del personal médico, de seguridad y administrativo de los centros penitenciarios que han resultado positivos al virus.
Asimismo, las organizaciones denunciaron que la restricción de visitas a los centros penitenciarios impacta los derechos de la población privada de libertad y limita la posibilidad de monitoreo de la sociedad civil.
Por su parte, Isabel Albaladejo, representante de la OACNUDH expresó preocupación por la situación de salud de personas privadas de libertad y la falta de atención médica en los centros; la suspensión de las visitas y la limitada información brindada tanto a familiares, como representantes legales y organizaciones; la militarización del sistema penitenciario; y la violencia a lo interno de las cárceles. En particular aseguró que su oficina ha documentado casos de tortura y tratos cueles en contra de las personas privadas de libertad y denunció que, desde el inicio de la pandemia, 14 personas, entre ellas 7 mujeres, han fallecido en hechos violentos dentro de los centros. Al respecto, llamó a la implementación de protocolos de investigación y al acceso a la justicia para todas las personas víctimas y sus familiares.
En su intervención Glenda Ayala, representante de CONAPREV, hizo hincapié en la ineficacia de las medidas para garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad y la falta de una atención diferenciada para las poblaciones en mayor situación de riesgo.
Finalmente, las organizaciones solicitaron a la CIDH: 1) Establecer una estrategia clara y urgente para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias; 2) Adoptar las medidas judiciales, legislativas y administrativas requeridas para responder a las inhumanas condiciones que enfrenta la población carcelaria; 3) Garantizar los DDHH de las personas privadas de libertad en cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte IDH.
Ante la información expuesta, la CIDH solicitó expresamente al Estado de Honduras brindar información por escrito para abordar las consultas planteadas por las comisionadas y comisionados sobre la situación en los centros penitenciarios. Esta información deberá ser brindada a la brevedad y ser accesible para las organizaciones que defienden los derechos de la población privada de libertad.
Para finalizar, las organizaciones solicitantes denunciaron la situación de violencia sostenida en Honduras y el contexto adverso para el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Nombraron el reciente asesinato del defensor ambientalista Antonio Teruel, así como la situación de los líderes del Triunfo de la Cruz en Tela, de quienes se desconoce su estado y paradero a 76 días de su desaparición, para exigir justicia y medidas de no repetición ante tales hechos que, según sostienen, «abren una herida contra el movimiento por los derechos humanos en Honduras».
