El Comité Nacional Por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras, una vez más insiste ante la comunidad nacional e internacional sobre la urgencia de exigir la liberación de las personas detenidas en cárceles de máxima seguridad, por expresar sus opiniones políticas y manifestarse en contra del fraude electoral de 2017.
El Comité valora y celebra que 17 personas hayan recobrado su libertad bajo la modificación de la medida de sustitución de la prisión preventiva. Pero condena que 9 personas más, hayan sido criminalizadas y remitidas al Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo, el pasado 30 de agosto, día en que la Convergencia contra el Continuismo se movilizaba masivamente contra la dictadura.
Estas nueve personas están siendo sometidas a un régimen inhumano de detención sin acceso a visitas, artículos de higiene personal, agua potable y ropa de cama y de uso personal. Asimismo están incomunicados, igual que los otros cuatro que desde diciembre y enero, permanecen privados de libertad, sometidos a torturas físicas y psicológicas, enfrentando juicios viciados como represalias por defender sus ideas.
Desde este Comité alzamos nuestras voces y las voces que resisten desde los calabozos de El Pozo, La Tolva y el Centro Penal de El Progreso, por la denuncia permanente de la situación de los presos políticos, por las faltas al debido proceso y por las condiciones infrahumanas de detención, en que se encuentran.
Nos pronunciamos contra la dictadura, que utiliza sus Juzgados de Jurisdicción Nacional y su policía militar, para detener, investigar y custodiar a los disidentes políticos, restringiéndoles los más elementales derechos como el de alimentarse, leer, comunicarse con sus abogados y recibir visitas .
La comunidad Internacional debe exigir el respeto a los derechos de los prisioneros políticos, Libertad y el cierre de los expedientes abiertos sin carga probatoria.
Exigimos se respeten el derecho a la integridad, a la libertad, el cese al retardo malicioso de los procesos penales, la falta al debido proceso y la judicialización de la política.
Este tipo de represiones como la judicialización de la oposición política, no es un hecho aislado, es parte de una política de Estado y de una sistemática violación a los derechos humanos de los disidentes políticos, ordenadas desde los niveles más altos del régimen dictatorial que controla el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Exigimos la libertad de la totalidad de los Presos Políticos y el cierre definitivo de los expedientes judiciales e investigativos
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Amnistía Ya…! Comité Nacional Por la Liberación de Presos Políticos.
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de septiembre de 2018.
