Amnistía Política favorecerá a defensores de Zacate Grande

Texto y Fotos Sandra Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el año 2010, cuando se fundó la Radio Comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, también dio inicio a la persecución contra la libertad de expresión, sumando a los procesos legales que existían contra defensores de la tierra, territorio y playas de la península de Zacate Grande, en Amapala, municipio de Valle.

Mas de 74 personas han sido criminalizadas en la esta región sureña, en su mayoría los acusan por el delito de usurpación en perjuicio de terratenientes que han llegado a la zona, específicamente en las ultimas cuatro décadas, donde, desde hace 200 años habitan las familias nativas.

Acudiendo al espíritu de LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840 del 4 de febrero de 2022, el reconocido defensor de derechos humanos y fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales, solicitó que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), emita acreditación en su favor y otros compañeros que tienen procesos judiciales en los últimos 12 años.

Han sido 12 años difíciles para los defensores de derechos humanos y para el pueblo. En la península hemos vivido situaciones muy difíciles, pero no nos arrepentimos porque siempre se llega el momento en que los pueblos debemos iniciar a triunfar y es este el momento que hemos esperado, declaró Canales, mientras visitaba la oficina del COFADEH.

Según datos del defensor, sólo el diputado del Partido Nacional Tomás Zambrano ha procesado a 74 personas de Zacate Grande, acusándolos por los delitos de usurpación de tierras en perjuicio de los ricos y famosos que han despojado a los habitantes de la península.

Pedro Canales no se libró de está persecución, como líder de la comunidad fue requerido judicialmente en tres ocasiones, por lo que los casos pueden ser más. Uno de los casos es por usurpación del predio donde está la radio comunitaria, junto a dos compañeros.

En cuanto a la vinculación del diputado Zambrano, se debe a que por muchos años fue apoderado legal de la familia Facussé (el terrateniente Miguel Facussé, falleció en 2015), y uno de los abogados más drásticos y salvajes con la gente humilde, declaró Pedro, al tiempo que recordó que al ser privado en la posta policial de la comunidad, fue víctima de tortura y maltratos, sobrevivió porque el pueblo lo liberó el 12 de enero de 2009, previo al golpe de Estado, cuando ya se avizoraba un ambiente hostil, por eso duele que personas de esa calidad sean los gobernantes del pueblo.

Entre las víctimas de persecución y judicialización que data desde 2003, el caos más cruel fue el de Narda Rivas y Germán Cruz, estuvieron un mes privados de libertad; Narda, una mujer muy conocida y querida en la Península estuvo un mes encarcelada con personas ligadas a grupos delictivos, como una forma de hostigarla. Ellos fueron criminalizados por vivir en la playa Las Gaviotas, la más linda de la zona, con mucho esfuerzo salieron bajo fianza, al ser despojado, ahora la playa está en posesión de Freddy Nássar, yerno de Miguel Facussé. Pese a que años después la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la familia, pero la Jueza de Amapala no acató la orden.

Otro de los efectos de la persecución judicial en la península se vio reflejada en el éxodo de nuestros jóvenes, agregó Canales. Solo entre enero y marzo de 2020, previo al aislamiento por la pandemia del Covid-19, se registró que 244 jóvenes de las 12 comunidades de Zacate Grande, se fueron huyendo del hostigamiento, persecución y pobreza; se fueron familias completas. Muchas personas intentaron irse, otras no lo intentan por el riesgo del camino y porque la edad no lo permite.

La militarización es otra forma de hostigamiento para los habitantes y defensores de Zacate Grande, en una comunidad tan pequeña hay un destacamento militar a 30 metros de la Radio La Voz de Zacate Grande, en Puerto Grande, y a 100 metros está la posta policial. En la comunidad de Coyolito hay un destacamento militar y el patrullaje por cielo, mar y tierra es permanente, denunció el defensor y líder de los Delegado de la Palabra de Dios.

En la región hay personas que conocen todos los movimientos de la Fuerza Naval cuando protegían al que está privado de libertad en el Comando COBRA, porque Juan Orlando Hernández aterrizaba en el helipuerto de Miguel Molina y de allí se trasladaba a la propiedad que antes era de Rafael Leonardo Callejas (ex presidente, falleció en EEUU en 2020, acusado por actos de corrupción) y ahora es de la familia Hernández, todo mundo en la península lo sabe.

Desde que fue capturado el impuesto presidente Hernández (15 de febrero de 2022) ya no aterriza más el helicóptero, ni las “pirañas” que lo rodeaban, declaró Canales, quien nació en la península cuando ya vivía ahí sus antepasados.

Sobreviviendo al bloqueo que han hecho familias adineradas, las familias de Zacate Grande mantienen el cultivo para consumo diario y la pesca artesanal, afectada por el cultivo de línea, palangres y anzuelo. Antes solo era con red, pero con la llegada de granjas marinas exterminando miles de especies por la sobreexplotación del producto del mar.

Sin embargo, se mantiene la costumbre ancestral de recibir con un pescado fresco y frito a quien los visite, aunque sea un pescado de tercera clase y se deba extender la trayectoria en el mar.

Defender el mar que es su banco de alimentos, defender la playa para generar algún ingreso en tiempos de turismo, oponerse a la expropiación de la tierra y el territorio, es lo que ha llevado a más de 70 defensores y pobladores de Zacate Grande a enfrentar los Tribunales de Justicia en este tiempo de dictadura post golpe de Estado de 2009, donde el Ministerio Público se confabula en favor del empresario y terrateniente, a expensas del despojo territorial.

El decreto 004/2022 sobre la AMNISTÍA PARA LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y LOS PRESOS DE CONCIENCIA, es una oportunidad que nos hace justicia. Es un paso favorable del nuevo gobierno de Xiomara Castro; pero lo vemos mejor que sea el COFADEH quien nos dé la acreditación, por su reconocimiento en la defensa de los derechos humanos y trabajo en favor de nosotros los pobres, afirmó Canales.