Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
Honduras y Guatemala se han convertido en los países más peligrosos del mundo para quienes protegen los bienes comunes (recursos naturales), según un informe de Amnistía Internacional publicado seis meses después del asesinato de la dirigenta indígena lenca, Berta Cáceres Flores.
El Informe señala que existe una insidiosa oleada de amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios contra líderes, lideresas y activistas ambientalistas.
El Informe denominado “Defendemos la tierra con nuestra Sangre” explora el aumento de la estigmatización, las amenazas, los ataques y los homicidios, así como la falta de justicia, a los que se enfrentan las personas y comunidades que luchan por proteger el medio ambiente frente a los proyectos en gran escala de minería, extracción de madera y producción de energía eléctrica.
Estadísticas en poder de Global Witness dan cuenta que de los 185 asesinatos cometidos en el mundo en 2015, contra defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio o el medio ambiente, un total de 122 se perpetraron en América Latina.
De ese total, 8 asesinatos se cometieron en Honduras y 10 en Guatemala, lo que convierte a estos países en las naciones con la tasa de homicidios per cápita más alta de la región.
En el caso de Honduras, Aministía internacional apuntó que los ataques, las amenazas y el acoso contra los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de su organización hermana, el Movimiento Indígena Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), que trabajan para proteger el territorio del pueblo indígena lenca, se intensificaron tras el asesinato de Berta Cáceres Flores. Los miembros de la comunidad afirman que desconocidos los han estado acosando cerca de sus casas y de la emisora de la radio comunitaria.
La directora para las Américas de Aministía Internacional, Erika Guevara-Rosas expuso que la situación en el continente está atravesando por una grave regresión en materia de derechos humanos.
Encontramos que en cada uno de nuestros países estamos enfrentando una grave situación que pone en riesgo la defensa y la promoción de los derechos humanos más fundamentales, y son las defensoras y los defensores de derechos humanos que día a día, poniendo en riesgo sus propias vidas, las de sus familias y sus comunidades; defienden con dignidad e integridad los derechos humanos, subrayó Guevara-Rosas.
“El ejercicio de la defensa de derechos humanos en el continente de las Américas se ha convertido en el oficio más peligroso, precisamente porque esa defensa no solo atenta contra los intereses políticos de una minoría, sino contra los grandes intereses económicos de una minoría que tomando ventaja de las grandes mayorías; terminan abusando y violentando los derechos humanos de todas y todos”, recalcó la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Solo en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, hay 40 concesiones mineras y 23 licencias para proyectos hidroeléctricos.
Desde Guatemala asistió Adaluz García de ascendencia maya y del departamento de Huehuetenango, Guatemala, para denunciar que las comunidades viven una situación similar a la que se experimenta en Honduras.
“Porque es la misma estrategia que están utilizando los estados neoliberales para invadirnos, para despojarnos y para aprovecharse de nuestros recursos naturales. Porque en 1996 se firmaron los acuerdos de paz, terminó la guerra, sin embargo a 20 años de la firma, todavía estamos en guerra; pero la guerra es principalmente contra los pueblos indígenas”, explicó García.
Este año, uno de los principales periódicos nacionales de Guatemala, Prensa Libre, publicó un anuncio de página completa en el que un importante representante de una empresa minera de este país, acusaba de “terrorismo” a organizaciones de derechos humanos, y contribuía así al patrón de estigmatización.
La lideresa maya sostuvo que hay unas 800 personas criminalizadas en Guatemala, algunas de los cuales todavía guardan prisión y que son considerados por las comunidades, como presos políticos.
García dijo que hay conflictos en nuestros territorios originarios donde se pretende instalar mega-proyectos. En el noroccidente de Guatemala hay una criminalización lesiva para la población con alrededor de 40 órdenes de captura vigentes, 7 autoridades ancestrales enfrentan juicio por el delito de defender los recursos naturales y la madre tierra.
“En Huehuetenango hay 40 concesiones mineras y 23 licencias hidroeléctricas y todas éstas no se nos han consultado. En el año 2006 se iniciaron las consultas comunitarias en el territorio, y en todas las consultas; la población manifestó su negativa a los mega-proyectos, y a pesar de esto siguen autorizando las concesiones”, denunció Adaluz García.
Recientes asesinatos y atentados perpetrados en Honduras
El 15 de marzo de 2016, Nelson García, líder del COPINH, fue asesinado a tiros en la calle cuando regresaba en motocicleta a su casa, tras haberse reunido con la comunidad para organizar una protesta que se celebraría ese mismo día. Las autoridades han abierto una investigación que aún no ha arrojado resultados.
El 6 de julio, el cuerpo sin vida de la activista Lesbia Urquía, fue hallado en un vertedero de la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz, cerca de la frontera con El Salvador.
Una semana más tarde, Martín Gómez Vásquez, otro líder de MILPAH, fue apedreado cuando salía de la comunidad de Azacualpa, en la zona occidental de Honduras. El líder ambientalista dijo que los atacantes eran miembros de una familia que se atribuye la propiedad de una porción de las tierras ancestrales de la comunidad lenca. Las autoridades aún no han iniciado las investigaciones.
El 13 de julio, la oficina de Víctor Fernández, defensor de los derechos humanos y abogado de la familia de Berta Cáceres Flores, fue asaltada. Los ladrones se llevaron información relacionada al caso de Berta. La policía dijo que está investigando lo sucedido, pero hasta el momento no ha habido resultados.
El 2 de mayo, un desconocido disparó en cuatro ocasiones contra el periodista Félix Molina cuando viajaba en un taxi a la altura del boulevard Juan Pablo Segundo, una vía de intenso tráfico vehicular. Afortunadamente los disparos impactaron en ambas piernas del comunicador sin tocar arterias o huesos. Molina había publicado un artículo sobre el caso de Berta Cáceres Flores. La policía no ha abierto una investigación efectiva sobre este atentado.
