Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Con las historias de los presos políticos Raúl Álvarez, Edwin Rovelo y Jhony Salgado, inicia el informe publicado este martes por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), además estima como una vergüenza que el Estado de Honduras se apresure a criminalizar a quienes ejercen el derecho a la protesta, y el uso excesivo de la fuerza para contrarrestar las manifestaciones, durante la crisis electoral que mediante fraude tiene en el poder a Juan Orlando Hernández.
“Raúl y Edwin fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018 y están acusados de participar en los daños contra el Hotel Marriot en Tegucigalpa, que tuvieron lugar el 12 de enero de 2018 durante una manifestación. El juez decidió que estarían en prisión preventiva mientras avance el proceso; desde entonces permanecen en la cárcel. Jhony está acusado de delitos supuestamente cometidos durante una manifestación el 21 de diciembre de 2017 en El Progreso, en el norte de Honduras. Jhony recobró su libertad el 25 de abril de 2018, después de más de cuatro meses en detención preventiva, pero el proceso penal en su contra sigue abierto”, detalla el informe “Prohibido Protestar: uso de la fuerza y detenciones como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras”.
Basado en testimonios contados desde las víctimas, documentos e informes de otras organizaciones, se corroboró los métodos usados por las autoridades para reprimir y castigar a manifestantes y a supuestos responsables de disturbios, los cuales son una violación de las normas internacionales de derechos humanos, mismas que requieren que el uso de la fuerza se limite a lo estrictamente necesario y proporcional, estas podrían calificarse como tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y detenciones arbitrarias en ciertos casos.
El COFADEH ha registrado 34 asesinatos políticos desde el 26 de noviembre, fecha que se dieron las fraudulentas elecciones, de estas, 22 son responsabilidad de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Las abogadas de Edwin y Raúl han enfrentado distintos obstáculos para ejercer la defensa adecuada de los acusados, agrega el informe.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), acompaña a Edwin Robelo Espinal, víctima de persecución política desde el 2009 cuando se dio el golpe de Estado. La situación llegó al extremo que es uno de los tres presos políticos que permanecen en prisión, negándosele las peticiones para que se defienda en libertad.
El Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos que surge de la Convergencia Contra el Continuismo, documentó 22 casos de presos políticos en cárceles de máxima seguridad en La Tolva, El Pozo, El Progreso y Tela. Además del caso contra Eduardo Urbina, preso en Costa Rica, a quien dicho Estado le otorgó refugio político en abril reciente.
En la actualidad siguen en prisión Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez, en La Tolva, Morocelí, El Paraíso; Gustavo Adolfo Cáceres Ayala y José Gabriel Godínez Avelar, en El Progreso, Yoro; y Edy Gonzalo Valle, en El Pozo, Ilama, Santa Bárbara.
Según registra el informe, las autoridades del Ministerio Público aseguraron a Amnistía Internacional que se respeta el debido proceso en Honduras. Pero se documentó una serie de irregularidades documentadas en los casos de Edwin, Jhony y Raúl como en otros relacionados con el período post electoral que hemos conocido indican lo contrario.
Como “una vergüenza”, determinó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el hecho que, el Estado hondureño se apresure a criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta, pero no a investigar las muertes de personas que “hacen oír sus voces con valentía en las manifestaciones”.
Es así como se denuncia el uso indebido del sistema de justicia penal hacia quienes son presentados como delincuentes peligrosos, sin las garantías del debido proceso, parece ser otra cara de la estrategia desplegada por las autoridades para disuadir a la población de ejercer su derecho a expresarse y manifestarse pacíficamente durante el período post electoral, mediante un castigo público ejemplar, determinó AI.
Exhortaciones al Estado de Honduras, hechas por Amnistía Internacional
- Adoptar medidas para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica, y que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se apegue a los estándares internacionales en la materia, en particular en relación con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.
- Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva todos los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza en el contexto de la crisis post electoral, incluyendo las muertes, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Velar porque las personas procesadas a raíz de supuestos delitos, cometidos en el marco de las protestas, gocen de todas las garantías del debido proceso legal; y más concretamente, revisar en cada uno de los casos los procedimientos realizados desde el arresto y remediar cualquier violación del debido proceso.
- Garantizar que cualquier detención preventiva esté genuinamente justificada a la luz de los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, debiéndose revisar periódicamente las circunstancias que motivaron la aplicación de esta medida y, en su caso, ordenar medidas sustitutivas a la misma.
- Velar porque las condiciones de detención en los centros penales sean compatibles con la dignidad humana, garantizando entre otros el suministro de agua potable, alimentación y acceso a tratamiento médico cuando sea necesario.
- Llevar a cabo una reforma del Reglamento de visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional con el fin de garantizar el acceso regular de las personas detenidas a su familia y abogados de su elección.
