Los niveles de inseguridad en Honduras siguen siendo «altos» y la «impunidad generalizada» continúa debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia, según el informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018.
«Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente», añade el estudio de AI.
Cita que el Gobierno hondureño anunció la creación de un Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, que debía estar operativo en 2018, como en efecto ya está en marcha.
Sobre las protestas masivas derivadas del presunto «fraude» en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, según la Alianza de Oposición contra la Dictadura, AI señala que «fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad», incluso con «armas letales».
Además, centenares de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días.
Durante las protestas hubo al menos 31 muertos y se denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o golpeadas por las fuerzas de seguridad, destaca el informe.
Agrega que los defensores de los derechos humanos, especialmente quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo peligro de sufrir abusos.
Según el estudio, la gran mayoría de los ataques registrados contra defensores de los derechos humanos «seguían impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los juicios».
Sobre la investigación del asesinato de la medioambientalista Berta Cáceres en marzo de 2016, «apenas se avanzó», ni hay información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de planificar su asesinato, según AI.
El organismo señala que aunque hubo algunos avances en la protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar su protección integral.
Destaca además que seguía la vulneración de varios pueblos indígenas y persistían los conflictos por tierras para campesinos en el Valle del Aguán, en el noreste del país.
También denuncia que las mujeres, las niñas y las personas LGBTI (Lésbicas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales) seguían afrontando altos niveles de violencia de género, y que entre enero y octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes violentas de féminas.
Sobre la violencia en Honduras, resalta que sigue siendo un factor clave de emigración forzada y que, según la Oficina de las Naciones Unidas para Refugiados, 14.735 hondureños habían solicitado asilo entre enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos, desde donde miles también son deportados. EFE
