La FIDH manifiesta su grave preocupación por un conjunto de medidas que podrían absolver de toda responsabilidad a quienes cometieron delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, así como a cualquier persona que haya encubierto, sido cómplice o haya participado en el conflicto armado interno. Al dar una amnistía total a los culpables de delitos de lesa humanidad durante dicho conflicto, se pondría en jaque los pilares de la justicia en Guatemala, y el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado en el país.
Estas medidas son un drástico retroceso frente a los avances que permitieron la condena de personas genocidas, a su vez, que son una forma de desnaturalizar los cimientos de los Acuerdos de Paz de 1996. De aprobarse, colocaría al país en una situación de impunidad donde víctimas y sobrevivientes no tendrían acceso a la justicia y serían revictimizadas.
Por un lado, el debate sobre las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional impulsadas mediante la iniciativa de ley identificada con el número 5377 del Congreso de la República sigue vigente y pretende dar una amnistía total a los culpables de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, y que ahora se encuentra en manos del Tribunal Constitucional para que resuelva en definitiva el recurso que evita una amnistía.
En 2019, la FIDH ya se había pronunciado manifestando que dichas reformas son especialmente preocupantes en tanto que tienen un efecto retroactivo y porque permitirían decretar la libertad en 24 horas a favor de todas las personas procesadas o condenadas por dichos delitos. Es necesario resaltar que estas proposiciones van en contra de las obligaciones en materia de derecho internacional que consideran que las graves violaciones de los derechos humanos no son amnisitiables y generan aún más impunidad.
Sumado a esto, la firma del Acuerdo Gubernativo 100-2020 que formaliza el cierre de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos humanos (COPREDEH) y que crea la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), es una forma de desmantelar los alcances de los Acuerdos de Paz de 1996. La decisión presidencial, en vez de fortalecer la institucionalidad ya existente, crea una nueva comisión que deroga estas tres instituciones públicas, yendo en contravía y negando las problemáticas y diálogos sociales que surgieron de dichos acuerdos de 1996.
Frente a lo expuesto, la FIDH invita al Estado de Guatemala a preservar el armazón de los Acuerdos de Paz de 1996. A su vez, la FIDH considera que es un momento crucial para que la Corte de Constitucionalidad del país, resuelva el recurso de amparo apegándose al derecho y cumpliendo con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, acuerdos y tratados internacionales con el fin de garantizar la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo, el derecho a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado.
