Tegucigalpa.- El defensor de derechos humanos y del medio ambiente, Pedro Landa, solicitó a la presidenta Xiomara Castro que se adhiera y ratifique el Acuerdo de Escazú para frenar la violencia generada por empresas extractivas en contra de ambientalistas en Honduras.
Landa fue el invitado especial del programa “Voces contra el Olvido”, que se transmite los sábados a las 7:00 pm por radio Globo, para analizar la actual situación que enfrentan los defensores y defensoras de los territorios y el medio ambiente en el país.
Como se sabe se han registrado ataques en contra de los defensores de la tierra, los territorios y del medio ambiente. El miércoles 25 de enero de este año, Abelino Sánchez, defensor de la Red Nacional de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio (RENADETT), y secretario regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) regional Cortés, fue víctima de un atentado en su casa de habitación en la comunidad de El Aguacate, municipio de Villanueva, Cortés.
Abelino Sánchez se encontraba en el interior de su casa, cuando sujetos desconocidos llegaron y le dispararon en dos ocasiones, causándole graves heridas en el brazo y en el pecho, por lo que de inmediato se buscó auxilio trasladando al defensor gravemente herido, hasta las instalaciones de la posta de Villanueva, Cortes, pero debido a la gravedad de sus heridas, fue llevado por el cuerpo de bomberos de ese sector al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde su estado es delicado.
Cabe resaltar que este ataque al defensor Abelino Sánchez es producto de su accionar en la zona, no solo como defensor de derechos humanos, sino de ser considerado como un incansable defensor de la tierra y el territorio, que ha acompañado a muchos grupos campesinos, defendiendo los bienes comunes de la naturaleza.
Al respecto Pedro Landa señaló que este es un desafío pendiente que tiene la presidenta Xiomara Castro que es la de derogar las reformas al Código Penal que se hicieron en octubre de 2020, que iban orientadas a criminalizar todas estas acciones de defensa del territorio y de soberanía que hacen sectores campesinos y de los pueblos indígenas.
El ambientalista apuntó que las empresas extractivas cuentan con el respaldo del aparato militar-policial y actúan con impunidad, criminalizando a los defensores y defensoras.
“Ha faltado una mayor determinación para revertir esas reformas que se hicieron al Código Penal y también las organizaciones ambientalistas le han pedido al gobierno que se adhiera al Acuerdo de Escazú”, manifestó.
Honduras y El Salvador son los dos únicos países de América Latina y el Caribe, que no han firmado el Tratado Regional de Escazú promovido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el seno de las Naciones Unidas.
Según el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en declaraciones brindadas en 2020, el “ tratado es un instrumento poderoso para prevenir conflictos ambientales, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva, y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza, en beneficio de las generaciones actuales y venideras”.
“Se trata de un acuerdo visionario que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región, para el uso sostenible de las riquezas naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres”, agregó el secretario general de Naciones Unidas.
El tratado se acordó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y permite el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Algo muy importante en este Tratado es que incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, ellos y ellas se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones, intimidaciones y asesinatos.
“Este acuerdo genera la obligación del estado para brindar una protección especial a los defensores y defensoras del medio ambiente y para generar todas las garantías para que podamos hacer nuestro trabajo con toda seguridad, sin ningún temor y libre de amenazas y riesgos”, sostuvo Pedro Landa.
El año 2022 cerró con al menos 224 personas defensoras de derechos humanos que fueron víctimas de agresiones, incluidos 2 asesinatos. Y en enero de 2023 continúan registrándose agresiones y amenazas, que incluyeron las muertes violentas de 3 líderes ambientales.
Al respecto Pedro Landa expresó que “si nosotros revisamos los informes de Global Witness y de Amnistía Internacional de los últimos 7 años, Honduras está entre los primeros 10 países más violentos del mundo para la defensa los bienes comunes, el medio ambiente y territorios”.
Landa informó que a nivel latinoamericano, Honduras está entre los primeros 5 países que registran altos niveles de violencia en contra de los defensores y defensoras del medio ambiente.
Mientras tanto el pasado 7 de enero de 2023, se produjo el asesinato de los líderes de la comunidad de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla. Aly era hermano de Reynaldo Domínguez, una de las 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras, por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras, para evitar la instalación de proyectos mineros en la zona.
Reynaldo Domínguez, hermano de Aly Domínguez, declaró el pasado 18 de enero en conferencia de prensa desarrollada en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que “nuestro posicionamiento ha venido siendo y va a seguir siendo el cierre de estos proyectos, porque en tan solo cuatro años de operar, este proyecto minero ha generado no solo estas dos muertes, hemos sacado nuestra voz por los demás, porque van alrededor de 14 los muertos en este conflicto en tan solo cuatro años”.
El gobierno tiene la oportunidad de rectificar y asumir con gallardía una política de desaceleración del extractivismo y de brindar una mayor atención hacia los defensores y defensoras de los bienes naturales y comunes que al día de hoy no sienten esa diferencia en cuanto a los niveles de persecución y de violencia que existe de parte de grupos económicos, advirtió Landa.
Sabemos que no es fácil para el gobierno de Xiomara Castro desarticular toda esa estructura de poder fáctico, poder económico, que se vincula con el poder político, que es una de las cosas que estamos viendo precisamente en la zona del Aguán, comentó.
Hay vinculación entre líderes políticos que defienden a la minera “Inversiones Los Pinares”, lo que está generando las muertes y la violencia en Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, sostuvo el ambientalista.
En cuanto al primer año de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, Pedro Landa opinó que le ha tocado enfrentar una serie de crisis y que no es fácil entender que se está desarticulando una narco-dictadura con un sistema de corrupción.
Terminar con las acciones de los poderes fácticos que han estado acostumbrados a decidir aquí a sus anchas, no se logra de la noche a la mañana, porque los mismos grupos de poder político que provocaron el golpe de estado (en 2009), están utilizando las mismas tácticas, apuntó el ambientalista.
Por otro lado, Landa destacó que “este enorme proceso, este enorme esfuerzo ciudadano que se ha hecho para la elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha tenido un amplio respaldo de la ciudadanía, pero que en este momento, se ve opacado por negociaciones en el Congreso”.
El defensor de derechos humanos también criticó a medios de comunicación tradicionales a los que señaló de que no sólo maquillan las noticias, sino que las tergiversan, las esconden y las manipulan, “cuando eso son estrategias de manipulación mediática para generar una opinión muy distinta de lo que realmente está aconteciendo”.
