Tegucigalpa.- “Recordarle Al Estado de Honduras su obligación internacional de garantizar la vida e integridad de Aleyda Xiomara Huete. Derechos que debe preservar aún en condiciones de emergencia y suspensión de garantías. Obligación particularmente reforzada por las vulnerabilidades de la víctima que es defensora de derechos humanos”.
Este párrafo forma parte del conjunto de peticiones que ha formulado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), mediante una carta enviada a Ginebra, Suiza, el 20 de marzo y que va dirigida a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En la misiva, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva expuso a Michelle Bachelet, una serie de hechos que colocan en riesgo la vida e integridad de Aleyda Xiomara Huete, quien está siendo víctima de criminalización, vigilancia, hostigamiento y amenazas a muerte, acciones que están poniendo en riesgo su integridad física y psicológica, además de obstaculizar sus derechos a la participación política, a la reunión, libre asociación, y a la integración familiar.
Aleyda Xiomara Huete, es lideresa comunitaria de Choluteca e Integrante del Movimiento Social conocido como “Bastión del Sur”, un movimiento social que surgió para condenar el fraude electoral de 2017, que facilitó el continuismo en el poder, de Juan Orlando Hernández.
Choluteca ha sido históricamente una ciudad de filiación política al Partido Nacional, de esta ciudad también es originario del presidente actual del Congreso Nacional y candidato nacionalista a la presidencia en las próximas elecciones, Mauricio Oliva.
La población de Choluteca a través del Bastión del Sur, se declaró en protesta permanente, y se mantuvieron en movilizaciones dos veces por semana hasta diciembre de 2019.
Durante estos dos años, los pobladores en protesta, han enfrentado amenazas a muerte, asesinato de uno de sus miembros, presuntamente por agentes de la Policía Nacional Preventiva, también han sufrido discapacidades permanentes como consecuencia de la represión estatal mediante el uso desproporcionado de la fuerza.
Además han enfrentado persecución, criminalización, inhalación de gas lacrimógeno, allanamientos a sus residencias, acusaciones por daños, robo, narcotráfico, acusaciones por sedición; que incluyen a menores de edad, así como con el despliegue de una campaña de odio, promovida por medios locales y redes sociales, en contra de varios de sus miembros, entre la que sobresale Aleyda Xiomara Huete.
En medio de la crisis por la propagación de la pandemia del Corona Virus y la ordenanza municipal de toque de queda absoluto, fue capturada Aleyda Xiomara Huete, el 17 de marzo de 2020. El juez impuso las medidas de firmar el libro del juzgado todos los martes de cada semana, no salir del país y no concurrir a manifestaciones tanto en Choluteca como en ninguna parte del territorio nacional y la constitución a favor del estado de una caución de Lps. 30,000.00 (treinta mil lempiras).
Después de regresar a su casa, el día 17 de marzo, al finalizar la Audiencia Judicial, se vio en la obligación de salir de su vivienda en un vehículo, acompañada de una de sus abogadas para abastecerse de agua para el consumo doméstico. Al movilizarse, observaron que eran seguidas por un carro blanco con placas, que no lograron anotar y en el vidrio de atrás tenía una insignia de la policía.
Ya en su residencia, tanto ella como sus familiares, observaron un vehículo de color gris estacionado frente a la casa, el vehículo era el mismo que participó en su detención. Cuando los sujetos del automóvil observaron que los residentes de la vivienda trataban de documentar fotográficamente su presencia con sus teléfonos celulares, arrancaron y se fueron.
El día 19 de marzo de 2020, Huete observó que estaba siendo sujeta de vigilancia por presuntos agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI). Los sujetos se transportaban en tres vehículos, doble cabina, vidrios polarizados, marca Toyota Hilux, uno de color rojo, un segundo de color gris y el tercero de color blanco, que rondaron su casa por cuatro ocasiones seguidas. Estos hechos ocurrieron desde las siete de la mañana hasta las 11:00 a.m.
Sus vecinos la han alertado que agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) han estado a inmediaciones de su residencia. De igual forma ha recibido información confidencial relacionada a que las pretensiones del régimen, al que el bastión del Sur, ha criticado fuertemente, estaría fraguando desaparecerla o mantenerla en prisión.
Desde mayo de 2019, Aleyda es víctima de una campaña de estigmatización, las autoridades policiales le acusan públicamente de una serie de hechos, presuntamente la Policía ha fabricado un informe donde la responsabiliza en su condición de integrante del Bastión del Sur, de haber llevado a cabo daños contra un hospital, contra unas patrullas policiales, edificaciones públicas y privadas en Choluteca.
Huete ha expresado, que la persecución, la criminalización y las campañas de odio en su contra, obedecen a motivaciones políticas y que tales motivaciones pueden constituir una amenaza para su integridad física y psicológica.
Existe una situación de indefensión en la que se encuentra Aleyda Huete, sometida a un proceso judicial y vigilancia permanente, en el marco de la suspensión de garantías constitucionales y restricciones relacionadas con la libertad personal, la libertad de asociación y de reunión, el derecho de circulación, la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada.
Cabe señalar que su compañero de hogar, Felipe Esquivel, fue capturado mediante un allanamiento que fuerzas policiales ejecutaron en diciembre de 2019, en la casa de habitación de la pareja, cita en el barrio San Pedro Sur de Choluteca. Esquivel fue acusado por la posesión de material explosivo de uso comercial, del que se usa en ferias y festividades.
El encausado guarda prisión en el centro penitenciario de la ciudad de Choluteca, y curiosamente es el mismo delito del que se acusa a Aleyda, y sin embargo, permanece privado de su libertad.
El COFADEH pidió también a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michell Bachelet que solicite información al Estado de Honduras sobre la vigilancia arbitraria en contra de Aleyda Xiomara Huete, que manifieste su preocupación al respecto y que le recuerde al régimen que es su obligación, de acuerdo con el estándar internacional, que garantice la vida e integridad de Aleyda Xiomara Huete.
Derechos que debe preservar aún en condiciones de emergencia y suspensión de garantías. Obligación particularmente reforzada por las vulnerabilidades de la víctima que es defensora de derechos humanos.
