Ante un posible desalojo violento, en perjuicio de los y las estudiantes que se mantienen en protesta social en la Universidad Nacional Autinoma de Honduras (UNAH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), alerta a la comunidad nacional e internacional para velar por el respeto a los derechos humanos de los defensores de la educación pública, gratuita y de calidad.
Desde hace dos meses, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), inició una serie de protestas sociales como parte del derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación y el debido proceso en cuanto a la criminalización que se ejecuta contra a universitarios judicializados.
Entre las protestas han realizado movilizaciones internas y externas, tomas de edificios socializadas en asambleas estudiantiles, jornadas culturales y desde hace 31 días una huelga de hambre.
Los y las manifestantes deben cubrirse el rostro por temor a represalias, y las autoridades rectoradas por Julieta Castellanos, los llaman de forma despectiva “encapuchados” y en otras ocasiones “vándalos” o “delincuentes”, dudando incluso que sean alumnos de la UNAH.
Cabe señalar que hay 30 jóvenes con medidas sustitutivas a la prisión, tres de ellos ahora egresados, Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, condenados por el delito de usurpación el pasado 04 de junio, ante una acusación de liderar tomas en julio del 2015. El próximo lunes se les dará la individualización de la pena, pese a que declararon andar en esa ocasión, realizando labor de observación de derechos humanos.
También el periodista Rinnie Huete, está judicializado, pese a que cubría la toma de la noche del 24 de mayo, y en la madrugada del 25 fue capturado junto a 19 estudiantes, ahora ese grupo está expulsado por cinco años de la UNAH.
Existe un constante temor entre la comunidad estudiantil, ya que el hostigamiento es constante, desde la seguridad interna y externa que coordina el militar retirado Róger Aguilar, quién además sirvió de testigo en el juicio contra Cáceres, Padilla y Ulloa, manifestando que vio a los universitarios en la toma de hace dos años.
Al amedrantamiento suma los ataques de policías y militares, quienes han entrado a los predios universitarios para disuadir las manifestaciones, lanzando gases tóxicos que afectan a la población universitaria, docentes, personal administrativo, usuario de servicios (muchos son menores de edad), acompañantes, periodistas, camarógrafos, defensores y defensoras de derechos humanos en diferentes campus a nivel nacional.
En el desalojo violento del 16 de junio, en Tegucigalpa, un comando Cobra, se tomó el edificio de la facultad de Química y Farmacia, dejando dentro a seis estudiantes (cinco alumnas y un alumno), a quienes para llevarlos capturados, lanzaron bombas lacrimógenas contra unas 500 personas que exigían su liberación.
El lunes 16 de julio, un grupo de supuestos guardias de seguridad privada de la Spartan Security Agency, allanaron la UNAH, eran unos 40 hombres con cadenas y tubos que atacaron a estudiantes que están en protesta social. Los guardias declararon tener orden de recuperar los edificios para retornar a clases.
Y este martes 25 se tenía programada una movilización interna, la cuál fue boicoteada por contingentes policiales quienes una vez más atacaron a la comunidad estudiantil lanzando gases tóxicos, que puso en peligro además a cinco jóvenes que permanecen en la huelga de hambre.
Durante las noches, los estudiantes reportan ruidos, vehículos extraños de dónde les toman fotografías, intimidación de parte de guardias de seguridad y ña constante amenaza de desalojo.
La lucha estudiantil data desde hace varios años, tomando auge desde el 2011, con la puesta en marcha de la IV reforma universitaria encaminada a privatizar la educación superior y la aplicación medidas excluyentes.
Los estudiantes exigen la salida de las actuales autoridades y han presentando en el Congreso Nacional, un proyecto para la instalación de una Asamblea Constitucional Universitaria, temporal, mientras se elige nuevo rector o rectora.
Ante este panorama, el COFADEH reitera que la problemática universitaria no sólo es del MEU, sino de toda la población. La UNAH es una institución pública y sostiene con el seis por ciento del presupuesto general de la República.
Ante cualquier ataque, permanecemos alerta y atentas a la defensa de los derechos humanos, la denuncia y acompañamiento debido y requerido por el estudiantado y familiares.
De los hechos y los hechores, ni olvido ni perdón.
Honduras, 28 de julio del 2017
