El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denuncia y condena el accionar de agentes de la Policía Nacional, que no actúa en favor de la población cuyo derechos humanos son violentados, tal es el caso la comunidad Puerto Sierra, en la Península de Zacate Grande, Amapala, departamento de Valle.
Pobladores y defensores de la tierra y el territorio, denunciaron ante el COFADEH que el terrateniente Jorge Luís Cassis Leiva, supuesto dueño de la tierra en litigio, mandó a construir un cerco de piedras y alambre de púas, con lo que cerró en único camino de paso comunitario para unas 50 familias que desde siempre han pasado por ahí, además es un plantel que sirve de carga y descarga vehicular.
Por lo que la población de Puerto Sierra, comunidad vecina de Playa Blanca, fueron a romper el cerco, para poder salir de la comunidad, ubicada a la orilla del golfo de Fonseca, en la zona sur de Honduras.
El terrateniente se hace acompañar de hombres armados que se enfrenta a la población dedicada a la agricultura y la pesca, y que, cuando es amenazada, aun frente a agentes policiales, estos como autoridad pública no hacen nada para mediar en la discordia, que se teme conlleve consecuencias mayores, denunció el líder campesino e integrante de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Otro temor impuesto, fueron las amenazas emitidas por el terrateniente -según le informaron a Canales- quien se hizo acompañar de dos patrullas vehiculares y dos motorizadas, pero que estaba a la espera de más patrullas para que capturaran a los y las pobladoras que se resisten a estar encerrados o despojados de sus tierras.
El COFADEH se comunicó con agentes de las postas policiales de las ciudades de Nacaome y San Lorenzo, para poner la denuncia de lo que sucede en Puerto Sierra, informándole que las patrullas estaba en faenas de rutina.
Por su parte el integrante de ADEPZA, Darwin Aguilar, denunció a través de su cuenta en la red social Facebook, el hostigamiento por parte de la policía y guardias del terrateniente Jorge Luís Cassis. Así como las amenazas de muerte contra compañeras defensoras del territorio por parte de los guardias de seguridad privada.
La gente indignada en Puerto Sierra y Playa Blanca, ya no sólo es Abel Pérez, María Hernández y Santos Hernández, procesados judicialmente por oponerse a la privatización de la tierra, afirmó Canales, sino que es toda la población que se enfrenta a hombres que tienen el poder y las armas.
Por lo que el COFADEH, alerta a la comunidad nacional e internacional ante la grave situación que desde hace una década vive la población y defensores de la tierra, territorio y playas de la península de Zacate Grande, pero que en las últimas semanas se ha centrado en Playa Blanca y Puerto Sierra, con la criminalización, amenazas, vigilancia, hostigamiento y encarcelamiento de quienes defienden su derecho a la tierra.
Si bien, la Asamblea general de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 2018, la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales. El Estado de Honduras arrecia la criminalización contra miles de campesinos y campesinas que solo necesitan la tierra para cultivar sus alimentos.
