Tegucigalpa, Honduras.- El próximo lunes 10 de enero podria ejecutrase un desalojo que afectará a 52 familias de la empresa campesina “Horizontes del Ayotal” en la comunidad El Carrizo, Marcovia, Choluteca, segun orden judicial apoyada por la Unidad Departamental de Policía (UDEP #6) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Según el documento firmado por el abogado José Enrique Romero Grillo, juez de letras supernumerario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, el desalojo será a las 8:00 a.m. así mismo emite una orden de captura por el delito de usurpación contra el ciudadano Herson David Vallejos Mondragón y demás ocupantes que se encuentren en el predio.
Los integrantes de la empresa campesina, en declaraciones a Defensores en Línea, el señor Vallejos no pertenece al grupo “Horizontes del Ayotal”, tampoco está en el predio en recuperación que, desde hace tres años dedican a cultivos de consumo familiar y pasto para ganadería, ya que estaba ocioso, pero se pretende beneficiar a los supuestos dueños Lizzete de Fátima Mendoza Silva, Enrique Javier Mendoza Aguilar y Alan Emilio Rodríguez Mendoza, representados por el abogado Carlos Marcel Ortíz Ordóñez.
El Tribunal de Choluteca nombró a Julia Aracely Castro Rodríguez, como jueza ejecutora. Esta situación revive el temor de lo sucedido en el desalojo de octubre del 2020, donde la policía y militares allanaron las viviendas de los campesinos y se llevaron a cinco personas primadas de libertad, entre ellas, una pareja de adultos mayores, mientras que los otros tres jóvenes permanecieron privados de libertad por varios meses, hasta que salieron con medidas sustitutivas a la prisión.
Ni el Pabellón Nacional respetó la policía, golpearon niños y ancianos, y la nueva orden de desalojo emitida con fecha 7 de diciembre de 2021, crea zozobra entre los líderes y lideresas campesinas que enfrentan amenazas y persecución por defender el acceso a la tierra.
En la empresa campesina “Horizontes del Ayotal” cuidan y cultivan 487.48 manzanas de tierra de carácter nacional, pero que desde 1942 el Estado se las dio en arrendamiento a la familia Mendoza, que ahora se nombra dueña, denunciaron los socios. +
Más de siete mil personas campesinas han sido criminalizadas en Honduras, ellas son parte de 300 mil familias campesinas sin acceso a la tierra para sus cultivos, sin que existan policías publicas definidas para solucionar este flagelo que solo castica a los pobres y favorece a los terratenientes.
La zona sur del país vive una persecución constante contra defensores y defensoras de la tierra, las playas y los bienes comunes de la naturaleza, entre ellos Pedro Canales y 64 compañeros más en Zacate Grande, Amapala; el Padre Florentino Hernández en El Triunfo, quienes son acompañados permanentemente por el Comité de Familaires de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); y el crimen contra la campesina Iris Argentina Alvarado en Monjarás, durante la suspensión de garantías constitucionales por el COVID-19.
El 17 de diciembre de 2018, se adoptó en New York, Estados Unidos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas, durante la sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta Declaración contempla el derecho de uso de los recursos naturales presentes en su comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible, así como a la conservación y protección del medio ambiente.
Además, el derecho a la organización colectiva, fundar organizaciones, sindicatos, cooperativas o cualquier otra organización o asociación de su elección para proteger sus intereses y negociar colectivamente, y a afiliarse a ellas. Esas organizaciones tendrán un carácter independiente y voluntario, y no podrán ser objeto de ningún tipo de injerencia, coerción o represión.
Afirma que “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente… y tienen derecho a las semillas “.
“A nivel mundial, los campesinos alimentan al mundo, pero el disfrute propio de sus derechos humanos se ve amenazado, incluyendo el su propio derecho a la alimentación”, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Según la declaración, los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados en la presente Declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata. Cabe señalar que Honduras fue uno de los países se abstuvo de votar cuando se adoptó esta Declaración.
Las y los miembros del grupo campesino “Horizontes del Ayotal”, hacen un llamado urgente para que se suspenda el desalojo y que se les permita legalizar la tierra que trabajan desde hace tres años.
