Siguatepeque, Comayagua.- En este momento se hace efectiva la amenaza de desalojo contra la Empresa Asociativa Campesina «11 de Marzo», ubicada en la comunidad El Porvenir, Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Un tractor y la policía han entrado a los terrenos, en una acción que repetiría el desalojo violento ejecutado por policías y militares en el año 2018.
Un guardia de seguridad privada advirtió ayer a los socios campesinos que existe una orden de desalojo en los predios que, desde hace cinco años mantiene el grupo en proceso de recuperación, dejando allí una maquinaria pesada.
El desalojo sería para favorecer al supuesto propietario, el empresario de la madera y transporte Marco Antonio Valeriano, quien acusó por los delitos de daños, amenzas y usurpación al presidente del grupo campesino don Vicente Castro, junto a Juan Mejía y José Vásquez, miembros de la asociación.
En agosto pasado, el Tribunal de Siguatepeque, determinó que los defensores de la tierra eran culpables del delito de usurpación, por lo que debían continuar con las medidas sustitutivas a la prisión y abandonar el terreno en litigio, pero eso ya lo cumplían, afirmó en su momento Castro.
La orden de desalojo debe ser emitida por el Tribunal competente, «El Código Procesal Penal, establece que una vez acreditada la propiedad del terreno, procede el desalojo», explicó Karol Cárdenas, representante legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización defensora de los criminalizados.
En este caso, el Estado debe tener un plan de reubicación para las más de 30 familias afectadas, pero no es así, por el contrario las dejaría en la calle, destruyendo casas y cultivos.
En el juicio Oral y Público celebrado en agosto pasado, el Tribunal dio por hecho que Valeriano era el dueño del predio, ante las escrituras que presentó sobre una compra a una entidad bancaria.
La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), a que está afiliada la EAC «11 de Marzo», afirmó que «los socios de esta empresa campesina tienen más de 5 años de estar en posesión de estas tierras siendo estas de naturaleza jurídica ejidal».
En Honduras más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a la tierra, tampoco exiten políticas públicas que den solución al problema. Por el contrario, el régimen de Juan Hernández ha militarizado la actividad agrícola.
El COFADEH hace un llamado a las autoridades competentes para que respeten la integridad de las familias campesinas, su trabajo y lucha.
Basta ya de criminalización y ataques contra campesinos, campesinas y defensores de la tierra y el territorio.
