Tegucigalpa, Honduras.- Pasaron 30 horas para que cinco jóvenes volvieran a reencontrase con su familia. La tarde del miércoles 10 de febrero fueron capturados por la Policía Nacional, sin delitos imputados mientras se les abría expediente. Esa noche no durmieron porque las amenazas, tratos crueles e inhumanos les invadieron la celda.
Fueron remitidos a la Jefatura Metropolitana de Policía No. 1 (UMEP #1) conocida como Core-7, de donde los trasladaron a las tres de la tarde del jueves 11 hasta el Juzgados de Letras Penal de Tegucigalpa, en el barrio La Granja, hasta que llegara el Juez de Turno para la audiencia de presentación de imputado.
Afuera estaban las familias, compañeros y defensores de derechos humanos, esperando que Alex Mauricio Laguna Banegas (19 años), Eduardo José Molina (22 años), Josué Rafael Fonseca Rojas (27 años), Joel Edgardo Rojas (29 años) y Christopher Flores (35 años) recobraran su libertad.
Hasta que se dio el momento de la audiencia se supo que los estudiantes son acusados por los delitos de: lesiones, daños, incendio agravado, atentado y asociación para delinquir, informó la abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que forma parte del equipo legal que asumió la defensa de los cinco criminalizados.
Un padre de familia afirmó que “es difícil confiar en las autoridades hondureñas, nuestros hijos andan exigiendo algo justo”, en referencia a exigir justicia por el crimen contra Keyla Ramírez.
Por temor el preocupado padre omitió su identidad, todo el día cargó con una carpeta de documentos para la defensa de su hijo. “Yo no conozco mucho de las leyes, pero creo que están haciendo una violación a la libertad de expresión de las personas”.
Y agregó que a ninguno de los muchachos los agarraron haciendo algo malo, los agarraron como “chivos expiatorios” en diferentes lugares. La policía no ha podido constatar que los muchachos están involucrados en los actos que los acusan, afirmó el demandante de justicia, haciendo referencia a que se reportó un policía herido y una motocicleta incendiada en el centro capitalino.
“Todo mundo se manifiestas, es todo un pueblo enardecido porque que la policía no cuida a la gente como es su deber. Nos han tenido en espera una hora tras hora, ponen muchas excusas, que no quieren abogados defensores de derechos humanos, sino privados, que no hay juez, que no ha venido el fiscal”.
Lamentó la notable ausencia de justicia, incluso el estigma mediático de parte de algunos periodistas y medios de comunicación que se acercaron a la estación policial y Juzgados, refiriéndose a los estudiantes como si fueran culpables; aquí no hay medios de comunicación, ellos están protegiendo a los de siempre, los periodistas dicen “por fin agarraron a esos delincuentes” y los empleados del juzgado quieren abogados privados que se vengan a vender, o alguien que sea de los mismo que trabaja para ellos.
La detención de los cinco jóvenes forma parte de una estrategia para desviar la atención de lo que está pasando “esto es un chivo espiatorio” estoy muy molesto. Padre de familia
Por su parte el abogado Alejandro Mairena, afirmó que se han enfrentado a una actitud de desprecio por parte del Sistema Judicial y Ministerio Público contra los jóvenes que se manifiestan, familiares, abogados defensores, acompañantes y defensores de derechos humanos.
Por el retraso en la celebración de la audiencia, los empleados del juzgado están faltando a sus deberes como funcionarios públicos, agregó. Aquí se violenta el principio de inocencia, siguen detenidos sin que se les esclarezca su situación, por lo que esta denuncia se eleva a los más altos niveles como es la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Carlos del Cid, representante del Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos declaró que estamos frente a un gobierno abusivo e indolente, cinco jóvenes sin dormir, sin comer bien, algunos con golpes, mientras el fiscal y juez no se presente a esas altas horas de la noche. Es una forma grosera de tratar a los estudiantes. En cambio, el trato que se le da a los policías involucrados en el crimen contra Keyla es “con guantes de seda”.
Pasadas las nueve de la noche y en el marco del toque de queda, según Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, publicado el Diario Oficial La Gaceta NUM 35,496 del domingo 24 de enero de 2021 “este sirve para reprimir a la población” dijo Del Cid, pues horas antes hubo presencia de más personas especialmente universitarios, que por temor se fueron del lugar.
según gustación de la Secretaria de Seguridad, aplicando el PCM 012-2021, que restringe la circulación de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. como medida de control para evitar más contagios del COVID-19 es que privaron de libertad a la estudiante de enfermería Keyla Martínez el pasado 6 de febrero en La Esperanza, Intibucá.
La policía pretendió hacer creer que la muerte de Keyla era un suicido, hecho que despertó una vez más la indignación popular que salió (primero) a las calles de La Esperanza a exigir justicia para la universitaria. Desde el domingo 7 en horas de la tarde se dieron las primeras protestas que continuaron el lunes 8, todo el día hubo represión de parte de un contingente especial de la Policía enviado desde Tegucigalpa, denunció el líder indígena y social Salvador Zúniga.
La ciudad permaneció llena del humo de los gases lacrimógenos y los restos de balas de goma contra la población que en ningún momento cedió, pese a que se reportaron personas golpeadas y capturas por las fuerzas represoras. El ataque duró por más de 10 horas ininterrumpidas.
Para el martes 9 de febrero, las acciones de protesta se extendieron a Tegucigalpa, donde se practicaba la autopsia judicial al cuerpo de la enfermera. Al confirmarse que la causa fue una asfixia mecánica equivalente a homicidio, se intensificaron las protestas sociales, amparadas en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Y en el marco de esas protestas es que el miércoles 10 en horas de la tarde, los cinco jóvenes estudiantes universitarios fueron capturados por la Policía Nacional, fueron remitidos a la Jefatura Metropolitana #1 (CORE-7) sin tener cargos aún.
Esa noche fueron víctimas de tortura, amenazas e intimidaciones. Los jóvenes aseguran que los pusieron a hacer cuclillas, correr dentro de la pequeña celda, no los dejaron ir al servicio sanitario y los insultaban. Mientras afuera un fuerte cerco policial-militar acordonó la zona, impidiendo el acceso a defensores de derechos humanos y representantes legales para que vieran a los jóvenes, en este caso a la abogada Dora Oliva, del COFADEH.
Por más de 30 horas, Alex Laguna, Rafael Fonseca, Eduardo Molina, Joel Rojas y Christofer Flores, permanecieron privados de libertad, hasta la madrugada del viernes 12 de febrero de 2021, que salieron bajo la guardia y custodia del COFADEH.
En caravana vehicular cerca de la una de la mañana, sus familias y demás acompañantes fueron a dejar a los estudiantes a la oficina del COFADEH, donde deben estar hasta el día de la audiencia inicial que será el 24 de febrero.
