Es decir, estamos hablando del Día Nacional del Detenido-Desaparecido, del 23 aniversario de este programa radial Voces contra el Olvido, y de la presentación de una propuesta de Ley sobre Reparación Integral a las Víctimas de Desaparición Forzada en los años ochenta.
Con esa agenda llegó el Cofadeh ayer a la Plaza de los Pañuelos Blancos en el centro histórico de Tegucigalpa, honrando su ritual de plantarse ahí cada primer viernes de mes para exigir verdad, justicia y reparación.
El texto de un comunicado divulgado en esa plaza recuerda la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido, declarado así el 30 de noviembre de 2002 por el gobierno de Ricardo Maduro, del partido nacional, corresponsable de la interminable noche de las desapariciones forzadas en Honduras.
El decreto legislativo 284-2002, firmado por el entonces diputado presidente del Congreso, Porfirio Lobo, puso en escena la responsabilidad del Estado de Honduras en más de 200 crímenes de lesa humanidad.
Después de 20 años de negación oficial por parte del Estado, este decreto de 2002 representó la tercera aceptación importante para allanar lentamente, a regañadientes, el camino de Honduras hacia la justicia. Hacia las actividades oficiales para el «nunca más».
La primera aceptación fue la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1987 para juzgar los casos de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez, y la segunda aceptación tuvo lugar en 1993 con el informe Los hechos hablan por sí mismos.
Durante el gobierno liberal de José Azcona y después del neoliberal Rafael Callejas, esos dos eventos avisaron la tímida voluntad del Estado de Honduras de aceptar su responsabilidad penal por las desapariciones forzadas, pero encubriendo lamentablemente con impunidad a sus criminales del 3-16.
Tanto las sentencias de la CIDH como el informe del brillante Comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares, hacen referencia directa a los culpables nacionales y extranjeros.
Por extranjeros se entiende a los agentes del Estado Argentino, profesores de tortura y muerte enviados por Masera, Galtieri y Videla, y se entiende igualmente a los agentes de la CIA y del embajador Negroponte enviados por Reagan, y a los agentes israelitas que metieron sus manos en Honduras como lo hicieron en otros países latinoamericanos.
Las desapariciones forzadas de mujeres y hombres comprometidos con la Patria, opuestos a la doctrina terrorista de seguridad nacional impuesta por el Pentágono en el marco de la Guerra Fría, es un crimen imprescriptible.
En consecuencia, el Cofadeh anunció ayer la presentación al Congreso Nacional de una propuesta de Ley para la Reparación Integral a las Víctimas de Desaparición Forzada de 1980 a 1992. La presentación del proyecto será el 30 de agosto próximo y se sumará a la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro a favor de las víctimas del golpismo 2009-2021.
La propuesta para los años ochenta, aún en fase final de consulta, es del conocimiento de la secretaría de derechos humanos del Poder Ejecutivo y de las víctimas, que participan en el proceso de reflexión y análisis del texto.
La versión preliminar del documento comentada durante el plantón del viernes contiene medidas para asegurar el derecho a la Verdad y la Memoria, la investigación y la judicialización de los culpables, incluyendo procedimientos de reparación individuales.
También establece las garantías de no repetición de los hechos, incluyendo medidas de control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad, además de procedimientos judiciales y militares ajustados a las garantías procesales, de equidad e imparcialidad.
La propuesta de ley comprende la creación de un Equipo Hondureño de Antropología Forense y un Equipo de Búsqueda de personas desaparecidas, así como la localización, recuperación, identificación y entrega digna de los restos encontrados.
La Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Desaparición Forzada contempla la creación de un Banco de Perfiles Genéticos de personas desaparecidas de manera forzada, que comenzará con el árbol genealógico de su entorno familiar.
Para implementar las medidas de reparación integral contenidas en numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Ley ordenará la creación de un registro único de víctimas, de un programa de reparación por vía administrativa y establecerá los principios universales de la reparación.
Las medidas específicas para sanar esta herida mortal a la Sociedad Hondureña incluyen rehabilitación física y emocional de las víctimas sobrevivientes y sus familias, atención psicosocial, restitución y satisfacción, así como medidas de indemnización compensatoria individuales, y colectivas entre familiares de la víctima directa del hecho.
Así, cuarenta años después de aquellos crímenes impunes, comienza a llegar el momento que el Estado de Honduras rinda cuentas por su responsabilidad, se investigue a sí mismo y repare los daños causados. Esta responsabilidad es también de los Estados extranjeros que impusieron la represión y el terrorismo a la sociedad hondureña.
Es evidente que el contexto en 2023 no es el mejor para soñar el cumplimiento de esta deuda, pero es muy diferente al de 1995 cuando intentamos los primeros juicios contra policías, militares y civiles participantes de la desaparición forzada, desatándose contra el Cofadeh una campaña feroz de los culpables y sus cómplices.
En aquellos días, los dos partidos de la tradición centenaria del conservatismo nacional se unieron para defender a los suyos, así como parecen unirse ahora al momento de impedir la derogación de los pactos de impunidad aprobados entre 2019 y 2021 por la corrupta dictadura narcotraficante, especialmente los diputados del coyote mayor a ser juzgado por narco en Nueva York.
Esperamos la rectificación de los diputados liberales, del psh y de los escombros del partido nacional, cuando la demanda de reparación a las víctimas del Estado llegue a sus curules.
Ese no será el momento de volver a sangrar a las víctimas repitiendo el discurso de los “dos bandos”, como le gusta profalar al saca-uñas del 3-16 despojado de su visa gringa por cuidar a los pastores delincuentes.
No será el momento de los estribillos de odio reduciendo la propuesta de ley a las medidas de reparación compensatoria y metiendo en el mismo costal a los agentes del Estado culpables de los crímenes y a las víctimas de su ferocidad. No. Ese día será el momento de asumir posición por las personas ofendidas.
Abogamos desde este espacio para que las exigencias de reparación a las víctimas de los años ochenta y a las víctimas del golpismo pasen en la asamblea con discursos de respeto, de rectificación honrosa en nombre del Estado, y con el bálsamo moral de la reconciliación.
El próximo 30 de agosto también vamos a celebrar en esta cabina el 23 aniversario de “Voces contra el Olvido”, que salió al aire en el contexto post Mitch, aquel terrible huracán que retorció la garganta al frágil gobierno de la época obligándolo a concentrar todo por miedo a la explosión de ciudadanía que recurrió el país.
Voces contra el Olvido nació en Radio América para evadir el control absoluto del cartel mediático sobre los temas de solidaridad, democracia y derechos humanos, para levantar la bandera de la libertad de expresión, que era constreñida por el aparato de represión oligopólico que se imponía en la época.
Audio Video, sin embargo, sucumbió a las pinzas del golpismo en 2009 y rompió su relación con estas Voces, que encontraron de inmediato acogida en Radio Globo, en las emisoras comunitarias y en las redes sociales de la ciudadanía libre e independiente de Honduras.
Como dijo el Cofadeh ayer en su plantón, y no podemos menos que repetir: ¡Viva el 30 de agosto, Día de las personas detenidas-desaparecidas; vivan por siempre los hombres y mujeres del mundo desaparecidas en Honduras, vivan sus eternas voces contra el olvido!
Buenas noches.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 5 de agosto de 2023
