Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- El defensor de derechos humanos Pedro Canales, denunció que continúa siendo víctima de ataques contra su integridad física de parte de empleados de terratenientes de Zacate Grande, al sur de Honduras.
El líder fundador de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), es objeto constante persecución, hostigamiento y criminalización por su ardua labor en la defensa del territorio y las playas de Amapala, municipio de Valle.
La ADEPZA denunció que entre el 16 y 17 de abril reciente, le introdujeron miel y azúcar al tanque de la gasolina del vehículo de Pedro, una situación peligrosa ya que produce recalentamiento del motor y puede provocar la explosión de este, poniendo en peligro a las personas que lo abordan.
Pedro ha fungido como presidente, coordinador y miembro de la junta directiva de la ADEPZA, a lo largo de 18 años de fundación. Por lo que es el rostro visible de la lucha en Zacate Grande “los contrarios -oponentes- dirigen las amenazas hacia su integridad física y emocional, por lo que se teme continúen acciones peores que lamentar”, expresó la Asociación en un comunicado público.
El segundo ataque, fue -como en ocasiones anteriores- contra su vehículo. El martes 09 de mayo de 2018, le provocaron un orificio en el radiador, lo que hizo que el automotor perdiera toda el agua y se recalentara.
Por estas acciones se acusa como presuntas responsables “a las personas contrarias a la lucha de ADEPZA quienes son empleados de la familia Facussé, de suerte nuestro compañero y su familia se percataron de los incidentes”, denunció la Asociación.
“Como organización condenamos estos hechos que claramente están dirigidos para dañar la integridad de nuestro compañero y su familia”, señaló un comunicado de la ADEPZA, difundido la semana anterior.
“Responsabilizamos a los empleados y personas afines a la familia Facussé por lo que le pueda pasar a nuestro compañero”, afirmó la organización el viernes 11 de mayo.
Por estos atentados contra su vida, Pedro Canales sospecha de guardias forestales afines a la familia Facussé, que rondan la zona entre las comunidades de Puerto Grande, La Flor y El Novillo, en la Península de Zacate Grande.
Esas personas pasaban cerca del vehículo que el defensor de derechos humanos estaciona un poco distante de su casa. En febrero al vehículo se le dio un mantenimiento completo y quedó como nuevo, relató Canales.
“Al ver que el vehículo no encendía, metí una varilla al tanque de gasolina y tenia miel. Después en la limpieza mecánica, se halló azúcar”.
En cuanto al daño en el radiador, al botarse toda el agua, las personas a bordo del carro se hubieran quemado porque recalentaba demasiado, dijo preocupado Canales, quien por motivos de salud no está conduciendo el vehículo, sino que iba otro miembro de la asociación.
Amenazas de despojo de playas
También denunció que existe una campaña de amedrentamiento para reocupación de la comunidad Los Hornos. “Esos mismos guardias y familia afines a Facussé implementaron una campaña por la repartición de las tierras en la comunidad de Los Hornos, les decían que cada familia agarrara un solar, nosotros les dijimos si se metían ahí, iban atenerse a las consecuencias”.
La comunidad de Los Hornos y El Mudo son las playas de mayor conflicto, porque la familia Facussé se dice dueña y quieren meter a su gente. Son unas 21 manzanas de tierra que supuestamente el agroindustrial Miguel Facussé se lo dejó a su hijo Mauricio, continuó Canales. Miguel Facussé, falleció en junio del 2015.
Por su postura de crítica y denuncia para tener un territorio y playas libres de terratenientes, Pedro Canales se vuelve el centro de ataques, y estos afectan a su familia y demás personas en el entorno, denunció la ADEPZA, que ahora dirige Allan Torres, defensor de derechos humanos y comunicador social.
Entre la población de “la isla que da vida” como expresa una de las canciones del artista Aldo y Los Alegres del Sur, hay expresiones de que “mejor yo no debería de existir”, pero aquí estoy en defensa de nuestros derechos, afirmó Canales.
La criminalización es desde hace varios años, para el caso, Pedro Canales, Danilo Osorio y Wilmer Rivera mantienen pendiente un juicio acusado de usurpación por el terreno recuperado y libre de terratenientes donde está la Radio Comunitaria “La Voz de Zacate Grande” 89.1 F.M., en la comunidad de Puerto Grande, que además está el campamento de observación internacional de derechos humanos.
Al menos 32 defensores y defensoras del territorio en Zacate Grande fueron llevados a los tribunales, en diciembre del 2016 se sobreseyó a 17 personas, no porque se tuviera la intención de hacer justicia, sino porque prescribió el término legal de siete años, sin mover el expediente.