Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denunció en el programa radial Voces contra El Olvido, que emite los sábados de 7 a 8 de la noche por radio Globo, que los jueces a nivel nacional siguen dilatando la aplicación del decreto de amnistía a defensores de la tierra y territorio, contenida en la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan.
La denuncia señala que en dos ocasiones el juez del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Ramón Francisco Videa Talavera, ha suspendido las audiencias ad-hoc solicitada por el Cofadeh en representación de los campesinos de la Cooperativa Cerro Escondidos, acusados por el Ministerio Público por Usurpación.
Las apoderadas del Cofadeh se han trasladado hasta Choluteca, lo mismo que los campesinos, y ya estando en los Tribunales se les informa que la audiencia ha sido suspendida porque el juez está en otra audiencia, con lo que dilata el proceso de aplicación de amnistía y además ocasiona gastos y tiempo al personal del Cofadeh como a los campesinos que se han movilizado para asistir a la cita judicial.
El juez Ramón Francisco Videa Talavera suspendió las audiencias los días 8 de septiembre y 17 de octubre.
Además, la jueza Melissa Ponce, de los juzgados de ejecución de la ciudad de Choluteca se negó a aplicar la amnistía a favor de los defensores de la tierra y territorio de la península de Zacate Grande, Abel Pérez y Santos Hernández.
Lo mismo pasa con la juez Jessica Salgado, del juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Catacamas, Olancho, que ya en dos ocasiones también ha suspendido la audiencia ad-hoc, para aplicar el decreto de amnistía a favor de campesinos indígenas Nahuas de Cuaca, Gualaco, a quienes se les acusa del delito de usurpación.
La juez Salgado en varias ocasiones, la cual, sin justificación, ha suspendido las audiencias, a pesar que la defensa representada por el Cofadeh, como los campesinos, se han encontrado ya en el lugar.
Y la jueza del juzgado de ejecución de la ciudad de Siguatepeque, Glenda López, se abstuvo de aplicar el decreto de amnistía solicitado a favor de los campesinos de la Empresa Campesina once de marzo, los señores Vicente Castro, Juan López y José Vásquez, acusados del delito de Usurpación.
La jueza Glenda, lo envió vía inconstitucional a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que sea esta instancia la que resuelva la solicitud.
La coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva, señaló que “es una preocupación, diferentes retrasos en la aplicación de justicia en contra de los demandantes de la misma y es clarísimo que la persecución de los defensores de la tierra y el territorio, de los defensores de derechos humanos, de los defensores de la democracia, son víctimas y sujetos de juicios injustos, no quieren para nada admitir que el Estado de Honduras a través del Ministerio Público y el Poder Judicial han abusado de su poder y por lo tanto continúan siendo víctimas y dilatando estos hechos”.
Añadió que el tema ya está más que claro, hay una estrategia y es en varios juzgados a nivel nacional que nos ha tocado comparecer en representación de los demandantes, no tiene absolutamente ningún acto de cortesía para decir con antelación que se cancela audiencia y es impresionante que alegan que el Ministerio Público no se encuentra o que el fiscal de turno o que el juez de turno no se han presentado a la audiencia, me parece absolutamente una manipulación de la aplicación de justicia .
Desde el Cofadeh se hizo además un llamado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Raquel Obando, para que ponga sus oficios para que los jueces no sigan dilatando este proceso de aplicación de amnistía, como manda la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que es de inmediata aplicación.
